Ecuador. El presidente Guillermo Lasso, en el ojo de una tormenta política
El mandatario compareció ante la Asamblea Nacional convocado por el plenario legislativo. Brindó su alegato en el juicio político del que es objeto por supuesta malversación de fondos públicos.
La Asamblea Nacional de la República de Ecuador escuchó ayer el testimonio del presidente de ese país soberano Guillermo Lasso (67), en el marco del juicio político promovido a fines de marzo último por la oposición parlamentaria liderada por el partido Unión por la Esperanza, relacionado con el exmandatario Rafael Correa (2007-2017).
El exejecutivo y uno de los principales accionistas del Banco de Guayaquil (institución crediticia que el próximo 22 de diciembre cumplirá 100 años de actividad en el mercado financiero ecuatoriano) está acusado de malversación de fondos.
Según la parte acusadora, el mandatario no intervino para impedir o denunciar una supuesta estructura de corrupción en el contrato de transporte de crudo hacia el exterior entre la empresa estatal Flota Petrolera Ecuatoriana y la compañía Amazonas Tankers, un pool de empresas privadas ligada al negocio de los combustibles con domicilio legal en las Islas Marshall, un paraíso fiscal ubicado en Oceanía.
Esta multinacional dedicada al comercio de los hidrocarburos está integrada principalmente por capitales suizos, estadounidenses y rusos y de otras nacionalidades, en menor concurrencia.
Perjuicio al Estado
Los asambleístas que aspiran a destituir al jefe de Gobierno aseguran que Lasso no se opuso al contrato ni al despido de un funcionario que había recomendado ponerle fin al acuerdo comercial, lo que habría causado un perjuicio al Estado calculado en 6,1 millones de dólares, según la Contraloría General de la Nación.
El proceso es considerado como una instancia que no sólo pone en escena el juego de fuerzas internas, sino también servirá para probar eventualmente el esquema institucional ante una situación inédita en los últimos 15 años en el país andino.
Para que prospere la “censura y destitución” del presidente ecuatoriano – quien asumió en 2021– se requiere el voto a favor de la moción de al menos 92 de los 137 parlamentarios del pleno. El año pasado el banquero logró salir airoso de una estocada similar.
De ser tachado políticamente por el Poder Legislativo, el actual presidente deberá ceder los atributos del mando al vicepresidente Alfredo Borrero y se convertiría en el segundo mandatario ecuatoriano en ser destituido a través de un impeachment.
En 1933 fue desplazado del cargo por esta vía Juan de Dios Martínez (1932-1933).
As en la manga
Al inquilino del Palacio de Carondelet (sede del Gobierno y residencia oficial del presidente) le queda una carta potente en la manga que eventualmente podría jugar y que alguna vez amagó con arriesgar sobre el paño de la partida: la opción de disolver el Congreso por única vez en los tres primeros años de su mandato y llamar a elecciones generales anticipadas para consagrar a quien –en ese caso- debería completar el actual mandato presidencial que concluye el 24 de mayo de 2026.
Esto le permitiría gobernar por decreto hasta seis meses –como plazo máximo– bajo el control de la Corte Constitucional.
Ese recurso, conocido como “muerte cruzada”, puede ser activado por Lasso mediante un decreto firmado antes de la votación en el juicio; esta instancia crucial del proceso podría ocurrir entre el viernes y el lunes próximos.
La defensa
El Gobierno asegura que no hay pruebas fehacientes de los presuntos perjuicios económicos causados y la Contraloría tampoco halló nada al respecto. Además, aún no hay denuncias penales sobre la cuestión administrativa.
En cuento a la relación de fuerzas en el Parlamento, una coalición amplia y monolítica de partidos como Unión por la Esperanza (centroizquierda), Partido Social Cristiano (derecha), la fuerza política de los indígenas Pachakutik y varios legisladores independientes conforman el bloque mayoritario.
No obstante, Simón Pachano, politólogo y catedrático de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) arriesga que los acusadores no conseguirían los votos necesarios para sacar de pista a Lasso, quien, pese a afrontar el contencioso político en posición de debilidad, se beneficiaría en el lance por el enorme desprestigio del Poder Legislativo.