Provincia versus Nación: insólitas disputas
El Gobierno de Córdoba demandó al Estado argentino ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por incumplimiento en la cobertura del déficit del sistema previsional provincial.
Para las autoridades provinciales, por la Ley de Presupuesto, en el primer cuatrimestre de 2023 Anses debía girar a la Caja de Jubilaciones cordobesa casi $ 18 mil millones. Hasta marzo, el organismo no había efectuado ninguna transferencia, pero a mediados de ese mes giró apenas unos $ 4 mil millones. La explicación fue que el Gobierno nacional no había reglamentado la Ley de Presupuesto, de modo que sólo correspondía esa cantidad.
La diferencia es abismal. Por supuesto, la Provincia rechazó el recorte por considerarlo “injustificado e ilegal”, e intimó a la Nación para que le transfiriera lo adeudado. Esa presentación no obtuvo respuesta alguna. De allí el planteo ante la Corte, donde ya no sólo se exigen los dineros que corresponden, sino también “los intereses que se devenguen” por los atrasos y los pagos parciales.
Hace una semana, en su informe al Senado, el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, afirmó que “las transferencias mensuales de enero a abril se encuentran al día”. En esa oportunidad, la senadora Alejandra Vigo retrucó al ministro en el mismo sentido que el escrito que ahora presentó la Provincia ante la Corte.
“El mejor camino entre dos agencias del Estado es encontrar un punto de acuerdo”, aseguró Rossi, tratando de cerrar el tema. Pero si este es el principio con el que gestiona los conflictos el Poder Ejecutivo nacional, ¿por qué no respondió la demanda cordobesa en tiempo y forma? ¿Por qué no generó una instancia de diálogo para encontrar ese punto de acuerdo?
La discrepancia en los montos es demasiado amplia. ¿Alguna de las partes puede haber leído o interpretado mal la ley? De ninguno de los dos lados hay funcionarios improvisados o sin experiencia; todos llevan muchos años gestionando en el Estado.
A propósito, ¿cómo es posible que no esté reglamentada la Ley de Presupuesto para este año? Toda ley recién entra en vigencia cuando se publica su reglamentación. ¿Cómo se están ejecutando las partidas allí comprometidas?
Con todo, el problema no es nuevo. Se repite periódicamente en la política nacional. Esta vez le toca a Córdoba. No es, claro, la primera vez. Pero las provincias en su conjunto, podríamos decir, ya están acostumbradas a que tienen que litigar contra la Nación para asegurarse que les depositen los dineros que les corresponden.
En otras palabras, una vez más estamos frente a un conflicto que enfrenta a la Nación con una provincia porque arbitrariamente los funcionarios del Poder Ejecutivo nacional deciden que a esa provincia, de momento, le van a retacear fondos, como si le pudieran recortar sus derechos.
La política en su conjunto debe acordar mecanismos de respeto para eliminar los enfrentamientos entre distintos niveles del Estado. Ni entre Nación y Provincia, ni entre Provincia y municipios. Es muy claro lo que le corresponde a cada uno, sin importar el signo político del gobernante.