Política social: la motosierra de Milei pasó por los intermediarios
Se eliminaron $ 30 mil millones que iban a las unidades de gestión que administraban las organizaciones piqueteras.
La motosierra del presidente Javier Milei evitó al padrón de beneficiarios de los planes sociales, pero cortó a cero el financiamiento para las organizaciones sociales que eran las intermediarias para la ejecución de los planes sociales. El año pasado, el anterior gobierno nacional destinó 30 mil millones de pesos para las unidades de gestión que fomentaban proyectos productivos.
En estos pocos más de 100 días de gestión libertaria, a través de la ministra Sandra Pettovello, que conduce el megaministerio de Capital Humano, en el cual está incluida el área de lo que fue el Ministerio de Desarrollo Social, el Gobierno nacional le apuntó a las organizaciones sociales, que en gran medidas eran los intermediarios de lo que hasta hace dos semanas funcionó como el Plan Potenciar Trabajo.
Las agrupaciones piqueteras administraban las unidades de gestión que eran fundamentales en la ejecución del Potenciar Trabajo.
Los 1.247.344 beneficiarios de lo que fue ese programa debían realizar alguna contraprestación para cobrar la mitad de un salario, mínimo, vital y móvil que estipulaba el programa. Hoy son 78 mil pesos, sin actualización desde hace cuatro meses.
A esas contraprestaciones las realizaban en cooperativas de trabajo que administraban, en muchos casos, las organizaciones piqueteras. Aunque también había asociaciones civiles y municipios.
El año pasado, el Ministerio de Desarrollo social destinó casi 30 mil millones de pesos para la compra de herramientas e infraestructura para que las cooperativas pudieran impulsar proyectos productivos.
La primera medida que tomó el nuevo Gobierno nacional fue sacarles a las organizaciones sociales la intermediación: eliminó la obligación de los beneficiarios del Potenciar Trabajo de realizar una contraprestación para cobrar la ayuda del Estado.
El otro paso fue el más reciente: eliminó el Potenciar Trabajo para crear dos, con los mismos beneficiarios: Volver al Trabajo y Acompañamiento
Social. El primer funciona como una especie de seguro de desempleo, destinado a personas de hasta 45 años. El segundo, se trata casi de un subsidios para personas de más de 50 años, a las cuales les será muy difícil conseguir un trabajo.
Polémica
La decisión del Gobierno nacional de sacar a los intermediarios generó un desfinanciamiento de gran parte de las organizaciones piqueteras, que ahora no pueden sostener las cooperativas de trabajo.
Pablo Montes, referente en Córdoba del Movimiento Evita, la organización social más grande del país, y la más cuestionada por la Casa Rosada por ser la que más fondos recibió del Estado, aseguró que la situación es de “gran incertidumbre”.
“Hay una gran desinformación y también incertidumbre. Se habla de miles de millones de pesos que manejaban las organizaciones sociales, pero nadie dice del trabajo de contención que realizan las cooperativas de trabajo. En el ámbito laboral hubo una transformación en los últimos años. Ya no hay fábricas o industrias que generan puestos de trabajo. Entonces, esas cooperativas cumplen un rol importante, sobre todo en los sectores más postergados”, argumentó Montes.
Estas cooperativas que administran muchas organizaciones piqueteras también trabajaban en otro programa social que se creó en el inicio del anterior Gobierno: el Fondo de Integración Socio Urbano (Fisu), destinado a mejorar barrios carecientes.
Este fondo que administró Fernando Miño, una dirigente que respondía a Juan Grabois, también recibió críticas de la gestión libertaria.
Para los piqueteros fue un modo de desacreditar este programa que se financiaba con el 9% del Impuesto a la Riqueza, y que ahora quedó reducido a la mínima expresión, con sólo el 0,3% de esa recaudación.
“Hay medidas que se tomaron por cuestiones ideológicas, pero que la gente de menores recursos las sufren en carne propia. Muchos beneficiarios jóvenes de los barrios populares tenían una responsabilidad de trabajar en las cooperativas, y ahora se quedan sin nada. Eso es muy peligroso, porque quedan a merced de los narcos”, advirtió Montes.
Por su parte, el secretario de Desarrollo Social de la Municipalidad de Córdoba, Raúl La Cava, no ocultó su preocupación por las reformas que está implementado la Nación en las políticas sociales.
“En los barrios más carecientes las cooperativas de trabajo cumplen un rol importante. Ahora muchos jóvenes se quedaron sin trabajo y vuelven a la esquina, por decir de algún modo, que es cuando los jóvenes de los barrios populares no tienen ninguna obligación y están mucho tiempo en la calle”, expresó el funcionario municipal.
La Cava brindó una propuesta para eliminar la intermediación de las organizaciones sociales, el principal objetivo de las últimas medidas que tomó la Nación, en cuanto a los programas sociales.
“Lo digo a título personal. No tengo dudas que el mejor camino hubiera sido la descentralización con los municipios. Si el nuevo Gobierno nacional no confiaba en las cooperativas que manejaban las organizaciones sociales y asociaciones civiles, una solución hubiera sido traspasar la responsabilidad de la ejecución a los municipios. De ese modo se hubieran transparentado más las políticas sociales. Ahora si el objetivo era recortar recursos, es otra cuestión. Lo que estamos viendo es que hay una gran demanda de los sectores más postergados, que desborda la capacidad de asistencia de los municipios”, concluyó el responsable del área social de la gestión del intendente Daniel Passerini.