El “pacto de mayo”, antes y después
En su discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso Nacional, el presidente Javier Milei propuso un pacto que se firmaría el 25 de mayo en la provincia de Córdoba. A pesar de las diatribas presidenciales, esta es una gran oportunidad para establecer algunos consensos básicos.
Al analizar sus 10 ítems, se observa que son una agenda incompleta e imprecisa. Aunque minimalista, es una agenda para debatir, y eso vale. Una agenda que, vale subrayarlo, es afín a una provincia como Córdoba y a una gestión como la cordobesa. Veamos el vaso medio lleno:
Inviolabilidad de la propiedad privada.
No puede haber discusiones sobre esto, a pesar de algún comunista extemporáneo. Así lo dispone la Constitución nacional. Aunque, desde la Doctrina Social de la Iglesia, se podría alegar, con razón, a favor de su “función social”.
Equilibrio fiscal. Hay un amplio acuerdo sobre la imposibilidad de sostener el déficit fiscal mediante emisión monetaria o endeudamiento externo. Recordemos que los superávits gemelos (fiscal y comercial) fueron una de las principales banderas de la gestión de Néstor Kirchner.
Reducción del gasto público.
Sin este requisito, el equilibrio fiscal es imposible. Se prevé reducirlo en torno del 25% del producto interno bruto (PIB). ¿Poco o mucho? Depende del tiempo que llevaría, los gastos por reducir y, sobre todo, cómo hacer crecer el PIB (aunque de eso no se habla).
Reforma tributaria. Desde ya, es necesario reducir la presión impositiva, simplificar la vida de los contribuyentes y promover el comercio, como bien se plantea. Luego, hay que definir cuáles serían los impuestos por eliminar o mantener, y cómo se recaudarían.
Coparticipación federal. Es un problema irresuelto desde la reforma constitucional de 1994. Hay que establecer las competencias de la Nación y las provincias y, luego, reasignar los recursos. El modelo actual es “extorsivo” para las provincias no alineadas al poder central de turno.
Explotación de los recursos naturales.
Es necesario reconocer las autonomías provinciales, definir a qué recursos naturales se refiere, la participación de las provincias y las garantías de sostenibilidad socioambiental.
Reforma laboral. La modernización del régimen laboral es clave para la promoción del trabajo formal y, por consiguiente, para la disminución de la pobreza (aunque de eso no tampoco se habla). Hay que establecer un equilibrio entre los derechos laborales y la rentabilidad empresarial.
Reforma previsional. El actual sistema previsional no es sustentable, y los jubilados pagan las consecuencias. Hay que respetar los derechos adquiridos de los aportantes. La posibilidad de un sistema privado no debería descartarse de plano, siempre y cuando sea voluntario.
Reforma política. La desalineación entre los intereses de representantes y representados es tremenda. Ninguna reforma legal lo arreglará del todo, pero sería una contribución. No se puede mantener el zafarrancho de boletas electorales ni la oscuridad del financiamiento de las campañas.
Apertura al comercio internacional.
Esto puede significar el aumento de exportaciones con valor agregado o, al contrario, vender productos primarios e importar el resto. Desde ya, cerrarnos es malo y los dogmatismos ideológicos son nefastos.
Acuerdo entre partes
Dicho eso, el “pacto de mayo” debe ser entendido como un acuerdo entre partes que privilegian sus coincidencias sobre sus diferencias. Un punto de inflexión; ni de partida ni de llegada. Falta definir el para qué y el cómo, nada menos. Las finalidades de cada ítem y los medios para alcanzarlos.
Antes, hay que aprobar la nueva “ley bases”, que gracias a la posición de gobernadores, como los de la Región Centro, es mucho mejor respecto del proyecto original. A la par, convertir el DNU 70/2023 en varias leyes que se traten por separado, anticipándose a la declaración de su inconstitucional.
Antes, el Gobierno nacional debe enviar los fondos adeudados a las provincias que no transfirieron sus cajas de jubilaciones a la Nación, como Córdoba, y pactar cómo recompensar a las provincias los subsidios quitados abruptamente al transporte y a la educación.
Mientras tanto, hay que iniciar un proceso de diálogo intersectorial que defina una “alianza público-privada para la producción y el trabajo”. Sin esa alianza, el “pacto de mayo” será insostenible desde lo político, lo social y hasta desde lo fiscal. El modelo cordobés es un buen ejemplo para seguir.