La política cordobesa, en un equilibrio muy dificultoso
Córdoba se volvió tierra de equilibristas. Si la tarea de convivir con el gobierno libertario de Javier Milei es complicada en extremo para toda la política argentina, lo es mucho más para la dirigencia de la provincia donde más votaron a este Presidente que desprecia a los políticos, al Estado, sus regulaciones y a sus empleados.
Más que dotes de equilibristas, por momentos lo que se observa entre los políticos cordobeses son maniobras propias de contorsionismo. Los más exigidos y expuestos son, por sus roles, el gobernador Martín Llaryora y el intendente capitalino, Daniel Passerini.
Pero sus principales adversarios, los legisladores Luis Juez y Rodrigo de Loredo, a menudo comparten el mismo desconcierto: todos integran la categoría de “casta” ante los ojos libertarios y todos acomodan el cuerpo para no contrariar a ese electorado que cree haber encontrado en Milei la clave para desterrar al kirchnerismo.
En Córdoba, la caída de la imagen presidencial es mucho más lenta de lo que todos ellos esperaban y la semana pasada quedó claro que esta provincia no solo será el epicentro de la refundación mileísta del 25 de mayo: también será la punta de lanza del armado territorial de La Libertad Avanza, encabezado por Karina Milei.
La de hoy es una jornada especialmente propensa para observar esas torsiones de la dirigencia cordobesa. Desde 1983, el 24 de marzo es el día de mayor simbología y contenido político del calendario y este año lo es mucho más: es la primera vez que la conmemoración del golpe cívico-militar de 1976 encuentra en el poder nacional a un gobierno negacionista del terrorismo de Estado y de los crímenes de lesa humanidad de la última dictadura. Además, se trata de un gobierno que está siempre dispuesto a provocar para mantener la centralidad. Hoy exhibirá un video con “su versión” de la dictadura y la semana pasada hizo trascender que proyecta mandar a su casa a los represores de más de 75 años sin condena.
Se esperan multitudinarias marchas en todo el país por Memoria, Verdad y Justicia. En Córdoba, además de la marcha se observarán hechos paradójicos. Juez se muestra muy cercano a Milei, y también a la vicepresidenta Victoria Villarruel, que es quien mejor encarna el negacionismo, además de mantener contacto frecuente con represores. Pero hoy el senador encabezará en el cementerio San Vicente el tradicional acto del Frente Cívico por el Día de la Memoria y hasta ahora rechazó la participación del Ejército en tareas de seguridad interior.
De Loredo preside un bloque de diputados que está detonado por las diferencias internas y mantiene una actitud zigzagueante respecto de Milei, pero la defensa de la democracia tal vez sea la única bandera que comparten todos los radicales. La mayoría de ellos, además, rechaza la participación del Ejército en tareas seguridad interior.
Llaryora y Passerini dedicaron especial atención a los actos conmemorativos del 24 de marzo, a la ratificación de la postura histórica del schiarettismo en el repudio a la dictadura y a revalidar la defensa de los derechos humanos. Pero en simultáneo, Llaryora defiende desde la campaña electoral la idea de que el “Ejército de la democracia” participe en el combate contra el narcotráfico, y la semana pasada se esmeró por aunar esfuerzos en ese sentido con la ministra Patricia Bullrich. Contorsiones para todos los gustos.
Gestiones sin red
Mucho más exigente que el Día de la Memoria es el equilibrio cotidiano de Passerini y Llaryora para mantener a flote sus respectivas administraciones.
El peronismo cordobés empieza a inquietarse por la desaceleración brusca de la gestión municipal, que se notó desde el día después de la elección local. La ciudad ya recibió a Passerini con algunas dificultades, que se profundizaron en los dos primeros meses de la gestión. Yuyales, baches, problemas de alumbrado y la caída de Ersa que les complicó la vida a los usuarios del transporte, mientras se sucedieron destemplados aumentos tarifarios.
Puertas adentro de la gestión municipal, la caja parece explicar la mayor parte. Passerini nunca cuestionará el gasto que lo hizo intendente, pero ahora debe pagar la cuenta: cuando asumió, no estaban los recursos para pagar la deuda de 25 millones de dólares que desde hace cuatro años se sabe que vencen esta semana, y tampoco estaba en marcha la reestructuración de ese pasivo. Terminó tomando 30 mil millones de pesos a un año, a una tasa de casi el 80%, para poder comprar los dólares y no entrar en default. Su principal acción de los primeros 100 días fue la puesta en marcha de la Guardia Urbana Municipal, un objetivo logrado que sin embargo quedó eclipsado por la inexplicada compra directa del uniforme de los vigiladores.
Los equilibrios de Llaryora son todavía más riesgosos. En la Provincia hay alarma por la parálisis productiva, temen que haya una fuerte afectación del empleo –que comenzará esta semana con cientos de despidos de contratados del Estado nacional– y advierten que el ajuste ya está ante un límite en lo que respecta a tarifas. “Lo que sigue es el cierre masivo de comercios y pymes”, reiteran desde el Panal, donde asumen que pretender mejorar la recaudación es una quimera.
A Llaryora también le aparecen límites en materia de gestión. La emisión de hasta $ 500 mil millones de deuda en el mercado interno amortiguará el pago de la deuda externa. No obstante, en el equipo económico advierten que la Provincia no tiene espaldas para asumir el costo de todo lo que deja de pagar la Nación: se triplicó el costo de los boletos sociales, se asumió el pago del incentivo docente con recursos provinciales y se cubren con recursos propios los 13 mil millones mensuales que la Anses no les envía a los jubilados provinciales.
Otro límite es el del juecismo en el Tribunal de Cuentas. Tras 100 días de dominio opositor, se acumulan los expedientes que son rechazados sobre el límite del plazo de tratamiento –de modo de generar la máxima mora posible en los procesos de compras o licitaciones– y numerosas áreas tienen proyectos paralizados. Son tantas obras públicas que no pueden arrancar, que la semana pasada la Cámara de la Construcción hizo un planteo de celeridad a los tribunos juecistas para no despedir personal.
Un límite más aparece en la relación con los estatales. Llaryora acordó la semana pasada con la UEPC, pero se vuelve a alterar el avispero con los otros gremios y el listado de reclamos es largo. Habrá un gesto conciliador: la Provincia dará marcha atrás en el adicional de 4.700 pesos que se impuso a todos los afiliados a la Administración Provincial del Seguro de Salud (Apross) y que perjudica especialmente a los que menos ganan. Es un equilibrio complicado, en todos los frentes.