La economía argentina, ante un cambio de época
Los estados nacionales, provinciales y municipales avanzaron sin cesar sobre el sector privado en materia de presión fiscal a partir de 2006, agravando la situación desde 2012 porque la economía argentina dejó de crecer.
Los tres niveles de gobierno deberían como mínimo quitar 4% del PIB de presión fiscal, es decir U$S 20 mil millones anuales menos de impuestos, para desandar la contradicción de que lo único que crece es el Estado.
Los ingresos fiscales de cada nivel del estado deberían bajar entre 10% y 15%, dependiendo del punto de partida, mientras que los gastos deben caer más para tener equilibrio fiscal.
El Gobierno nacional parece haberse tomado en serio esta tarea ya que en el bimestre enero-febrero 2024 los ingresos fiscales bajaron 6% y los gastos cayeron 38%, ambos en términos reales.
Existen nexos causales sutiles, no explícitos, en la retórica del Gobierno que dan cuenta de que detrás de la afirmación “no hay plata”, se está instando a la sociedad a ponerse en “modo ahorro”.
La concepción austera en la gestión de los recursos públicos, sumada a un conjunto de medidas de política cuyos resultados comienzan a expresarse, constituyen los primeros rasgos definidos de un cambio de época.
Cien días de motosierra y licuadora
A. Anticipando el fin del cepo al dólar. Los pesos y las reservas en el Banco Central de la República Argentina (BCRA) durante 2020-2023 se sometieron a una emisión desmesurada, sin metas cuantitativas de ningún tipo.
No obstante, al analizar el período de los últimos 200 días, el cambio de tendencia es elocuente.
Cuando se comparan los últimos 100 días del gobierno de Alberto Fernández y los primeros 100 días del gobierno de Javier Milei, si bien la cantidad de dinero emitida ajustada por inflación fue similar, la diferencia en la evolución de las reservas brutas es notable: pasaron de caer 25%, a subir 32%.
Para resumir la magnitud en el cambio de expectativas: pasamos de quemar $ 70 mil millones por día para comprar dólares, a capturar diariamente esa misma cantidad de pesos vendiendo dólares.
Mientras tanto la tasa de interés en pesos bajó fuerte de apenas positiva a negativa, forzando un reacomodamiento brutal de las carteras que facilitó al Tesoro nacional comenzar a adecuar la enorme curva de deuda en pesos. B. El plan Bonex que no fue.
Antes de ponerse en marcha la convertibilidad en abril de 1991 hubo una apropiación compulsiva desde el Estado de los depósitos a plazo en dólares, a cambio de un bono a 10 años: Bonex 89.
Las necesidades financieras del gobierno nacional en 2023 se estimaron en $ 30 billones según el Presupuesto, ese número quedó viejo rápidamente por la inflación creciente.
Cuando el entonces ministro de Economía, Sergio Massa, decidió impulsar el llamado “plan platita”, incluyendo la irracional eliminación del Impuestos a las Ganancias en cuarta categoría, las reales necesidades financieras dejaron de ser un dato relevante siendo reemplazadas por el monto de los vencimientos de deuda en pesos y su calendario semanal.
Los canjes voluntarios de deuda durante 2024 por $ 50 billones o dos veces las reservas del Banco Central, estiraron plazos a más de 24 meses, impusieron tasas de interés negativas y se libraron de pagar servicios.
Ello permitió que el Gobierno vuelva a disponer del recurso más valioso de la planificación financiera, el tiempo, mientras retiró una enorme cantidad de pesos que, semana a semana, azuzaban el fuego inflacionario. C. Las jubilaciones en la licuadora. Más de la mitad de los actuales jubilados cobran como si hubieran aportado de manera regular durante 30 años, aunque lo hicieron parcialmente o no lo hicieron.
Esta situación es independiente de si trabajaron o cuánto lo hicieron a lo largo de su vida laboral, pero ayuda a explicar por qué el 90% de ellos cobra la jubilación mínima.
En números duros, existe un desfase negativo de 3% del PIB entre lo aportado por el colectivo de trabajadores durante su vida activa respecto del colectivo de jubilados actuales.
Desde la aceleración inflacionaria de diciembre de 2023, la fórmula de movilidad jubilatoria vigente desde el año 2021 se transformó en el mecanismo automático de ajuste horizontal que licúa a todos los jubilados por igual. D. Un Pami de rutas que no se hicieron. Cada vez que cargamos combustibles pagamos un impuesto que recauda 0,5% del PIB, con un promedio superior a los U$S 3 mil millones al año.
El 20% aproximadamente corresponde a la tasa al gasoil y GNC que desde el año 2001 se reserva para apalancar proyectos de infraestructura de transporte vial y ferroviaria.
Estos fondos recaudados fueron U$S 10 mil millones más rentas e intereses, por lo cual por sí solos deberían haber sido suficientes para incorporar aproximadamente 10 mil kilómetros de autopistas, pero no fue así.
Mientras la infraestructura vial del país se deterioró, los gobiernos eligieron subsidiar los servicios públicos de transporte de pasajeros, a través de un complejo modelo de gestión plagado de intermediarios cuyos beneficiarios fueron las empresas privadas, que componen el sistema de infraestructura de transporte.
La decisión de suspender el giro de estos fondos cortó un mecanismo de pobres resultados en materia de infraestructura (0,1% del PIB) por un monto mayor a la asistencia anual que el Gobierno asigna al Pami.
Un cambio para que la economía crezca
Las claves del plan económico parecen cifrarse en torno a sostener un esquema de superávits gemelos, donde el comercio exterior provee las divisas para la economía, mientras el resultado fiscal permite monetizar los dólares sin riesgos inflacionarios.
Logrando los cometidos enunciados, la recuperación de la economía será en forma de U, con un caída vertical que aún no termina pero que se atenuará en el segundo trimestre.
Durante la segunda mitad del año comenzará el recorrido del segundo tramo de la U donde la velocidad de recuperación se irá acelerando progresivamente.
Es necesario señalar que los ganadores serán diferentes a los que protagonizaron los últimos 20 años, debido al cambio en la nube de precios relativos y la quita de prebendas del Estado.
Los superávits gemelos implican ahorrar, por lo cual sostenerlos exigirá mantener controlado el conflicto social mientras se encienden los motores apuntados para el crecimiento de la economía: exportaciones e inversiones.
En una sociedad acostumbrada a monitorear desde hace décadas solamente el consumo como medida de éxito de la economía, mientras la infraestructura se cae a pedazos, este enfoque diferente con un Gobierno ocupado de implementarlo expresa sin dudas un cambio de época.
El plan parece cifrarse en superávits gemelos, donde el comercio exterior provee divisas mientras el resultado fiscal permite monetizar los dólares sin riesgos inflacionarios.