Estatales deberán capacitarse en derechos humanos
Se aprobó en la sesión especial en el marco de la Semana de la Memoria, pero tres legisladores no acompañaron la iniciativa de Hacemos Unidos.
Legislatura de la Provincia de Córdoba aprobó ayer la Ley Sonia Torres –en homenaje a la titular de Abuelas Córdoba fallecida en octubre pasado– para capacitar en derechos humanos a los agentes de los tres poderes del Estado.
Fue en el marco de la sesión especial que se desarrolló en la localidad de José de la Quintana, donde funcionó el exgrupo de Artillería 141, en el marco de la Semana de la Memoria por la conmemoración del 48° aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.
La sanción de la ley promovida por el socialista Matías Chamorro, aliado a Hacemos Unidos, marca una clara diferencia respecto de la política promovida por el Gobierno nacional, que sostiene la “memoria completa” como una manera de relativizar los delitos de lesa humanidad cometidos por las fuerzas militares y de seguridad durante la dictadura.
Qué dice la Ley Sonia Torres
La norma fue aprobada por 66 votos a favor, y establece en el ámbito de la provincia, la capacitación, sensibilización y concientización obligatoria en materia de derechos humanos para quienes se desempeñen en la función pública provincial (en todos sus niveles y jerarquías) y en los tres Poderes del Estado.
La iniciativa fue votada en contra por los legisladores Rodrigo Agrelo y Agustín Spacessi, mientras que Gregorio Hernández Maqueda se abstuvo.
La norma establece contenidos mínimos en la materia: principios básicos de derechos humanos, jurisprudencia, juicios y procesos, sitios de la memoria, violencia institucional, derechos de minorías y genocidios, entre otros aspectos.
El Ministerio de Desarrollo Humano, que comanda Liliana Montero, será el órgano de implementación de la capacitación. La ley también prevé sanciones administrativas por incumplimiento sin justa causa, y da un plazo de un año desde su aprobación para su puesta en marcha.
El promotor de la ley, el socialista Matías Chamorro, indicó que el proyecto “tiene como objeto fortalecer la herencia democrática recordando que la democracia, la libertad y el respeto por los valores inquebrantables de los derechos humanos deben ser conocidos y promovidos por todos los ciudadanos, y en especial por los agentes públicos”.
La ley consiguió un amplísimo respaldo, con discursos que repudiaron el terrorismo de Estado y la violación de derechos humanos durante la represión ilegal.
Por su parte, Rodrigo Agrelo (Encuentro Vecinal) fundamentó su despacho en minoría: “Propusimos introducir la obligación de capacitación a los empleados y funcionarios del Estado también sobre la dignidad del niño por nacer”.
Además, sobre el tema convocante de la sesión especial, indicó que “sólo habrá paz cuando haya memoria completa, cuando haya verdad integrada y cuando haya justicia para todos”.
Desde el bloque libertario, Agustín Spaccesi señaló: “La única certeza que nos queda es que el estado de derecho tiene que estar siempre y en cualquier situación”. Aunque rechazó el “paralelismo” que algunos legisladores trazaron entre el liberalismo – ”las ideas que defiendo, y en las que creo”, dijo– con la dictadura. En ese sentido, dijo que la Ley Sonia Torres “parece darle un marco normativo a una forma de adoctrinamiento”.
Al explicar su abstención, el legislador Gregorio Hernández Maqueda (Coalición Cívica-ARI) señaló que “sin memoria completa, no hay verdad, hay relato”. “Para mi generación, que no vivió los hechos ocurridos en 1976, esta medida despertó el dilema de, por un lado, dejarse adoctrinar por un relato sesgado y falaz”, agregó.