Recuperar el espacio público
En principio, no deja de ser auspiciosa la noticia de que el Ministerio Público Fiscal de la provincia de Córdoba haya decidido elaborar un protocolo referido al accionar en la ciudad de Córdoba de los cuidacoches, denominados popularmente “naranjitas”, y puso a algunos fiscales a ocuparse del tema de modo específico.
Es también una iniciativa tardía, dado lo antiguo y enraizado de un problema que se debió reparar mucho antes, lo cual no se hizo tanto por desidia como por intereses y opiniones divergentes respecto del tema en cuestión.
Lo que hace unas décadas era tan esporádico como minoritario hoy se ha transformado en un fenómeno generalizado, que literalmente estalla ante cada espectáculo masivo realizado en la ciudad de Córdoba y que se extiende a muchos barrios, en torno de hospitales, clínicas, sedes municipales y otros puntos que concitan la presencia de mucha gente y sus respectivos vehículos.
En cada caso, hordas de sujetos, que portan como pretexto una pechera, cobran derechos de estacionamiento siderales, con lo que recaudan en una noche miles de pesos y arruinan el momento de esparcimiento de muchos, no pocas veces con amenazas y daños a personas y vehículos. Y el condimento del lamentable espectáculo es un accionar municipal que se desinteresa de la cuestión, con el decidido apoyo de la indiferencia policial. Indiferencia que bien podría, en muchos casos, calificarse de escasamente ingenua.
Desempleo y marginalidad han sido los ingredientes necesarios para este estado de cosas, todo acentuado desde la crisis de 2001 y magnificado por el paulatino abandono de sus responsabilidades por parte de los organismos provinciales, municipales y judiciales que sólo se han ocupado cuando la violencia trajo consecuencias graves, mientras que todo lo atinente a los abusos de los cuidacoches se trata como simples infracciones al Código de Convivencia.
Sin embargo, ningún protocolo modificará nada mientras la autoridad municipal y la Policía no prioricen el problema y lo aborden con la seriedad que exige.
En ese último punto vale la pena detenerse: no son los fiscales quienes están en la calle, y toda normativa podría convertirse en letra muerta en un país acostumbrado a promover normas para incumplirlas.
Más aun, es imposible que nada en este asunto llegue a buen puerto si no se hace un diagnóstico serio que implique el reconocimiento del tema de fondo: por cada “naranjita” que se adueña de una cuadra de la ciudad, hay una organización que se lleva la mejor parte del negocio; negocio en el que, por ejemplo, campean por sus fueros barrabravas del fútbol. Algo que no ignoran dirigentes deportivos ni políticos.
Lo que debería terminarse es, además, esa tolerancia que desde la política y la función pública se ejercita con organizaciones amigas a las que se entrega una suerte de patente de corso. Si ahora se quiere acotar el problema, se debe sincerar el encuadre o todo protocolo será inútil.
Se trata, al fin y al cabo, de recuperar el espacio público. Y ello sólo es posible si se está presente en él.