Cárceles de Córdoba, fuera de la Constitución
“Las cárceles serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos”, dice la Constitución nacional. Menos en Córdoba.
Comienzo estas líneas con la conocida prescripción constitucional y agrego lo que no es una humorada sino una tragedia.
Hemos transitado, en estos días, una clara violación de la manda constitucional.
Un ciudadano común, sin antecedentes penales, tras un episodio casi insignificante desata la furia policíaca y la rápida reacción judicial, que ordenó el encarcelamiento por un posible delito menor; luego, y en 48 horas, es ejecutado y muerto en el penal de Bouwer.
Debo decir que esto merece varios títulos. Más allá del que encabeza este artículo, se me ocurre “Córdoba instala pena de muerte con una celeridad sin precedentes”.
En fin, podría optar por varios títulos horrorosos, pero la triste realidad es que esto ocurrió en Córdoba. No es la primera vez, salvo que en este caso la celeridad judicial, policíaca y administrativa terminaron con la condena a muerte y su cumplimiento en 48 horas.
Escribo estas líneas sin mesura y con indignación. Temo que el apuro gubernamental para silenciar el tema se imponga a la brutalidad. Temo que la conciencia ciudadana se adormezca una vez más y olvidemos el asunto.
Espero que la familia del asesinado no baje los brazos, que la conciencia ciudadana no se adormezca, para evitar que el Gobierno provincial tenga éxito en el intento de acallar el crimen y que este quede impune.
Deseo que el futuro juicio tenga toda la repercusión mediática necesaria, para enseñarnos que esto no puede volver a pasar.
Ayer la barbarie represiva se llevó a Blas Correa, y al horror del encierro de la pandemia le sumamos el crimen perpetrado por las fuerzas supuestamente al servicio del orden.
Hoy la sombra de Blas Correa está presente en cada control policíaco y cada retén que arman las fuerzas de control policial. El crimen de Blas nos recuerda que no hay excusa para perseguir y matar a los ciudadanos.
El crimen de César Moreno deberá estar presente en cada decisión judicial de enviar sin motivo a una persona a prisión efectiva por presuntos delitos excarcelables.
La fatídica UCA, nombre eufemístico de la Unidad de Contención del Aprehendido, no deberá ser un centro de tortura y Bouwer deberá dejar de ser sinónimo de corrupción, torturas y muertes.
Las páginas de los diarios nos dan cuenta con más frecuencia de lo esperado de funcionarios corruptos que trafican drogas y lucran con el delito. Que el maltrato, cuando no la tortura, es algo común; que los médicos facilitan o promueven la violación de los derechos humanos de los detenidos.
Nadie duda de que la sociedad está angustiada por el delito que nos priva de bienes y vida casi con frecuencia cotidiana. Pero la represión al margen de la ley no es el camino. Quienes presuntamente cometen delitos deberán ser sometidos a juicio con las garantías constitucionales. La detención deberá ser excepcional y fundada, y de nuevo las cárceles serán lugares sanos y limpios para seguridad y no para castigo de los reos.
La crónica periodística nos da cuenta de que el Gobierno provincial está preocupado para que el crimen de Moreno no se convierta en otro caso Blas Correa y que desea un silencioso abordaje del tema, para evitar escándalos mediáticos.
Yo, como simple ciudadano y como abogado de la matrícula, aspiro a todo lo contrario. Deseo que el tema se instale y se conozcan los nombres de cada uno de los responsables; que los funcionarios que ordenaron el encarcelamiento innecesario sean sancionados y removidos; que los médicos que transgredieron el juramento hipocrático y que obraron como cómplices de los carceleros sean privados para siempre de su título y paguen con dureza su conducta.
Que nadie quede sin castigo y que se revise todo lo que hay que revisar, para borrar esta mancha. Este crimen –y digo crimen y no error y no utilizo ningún otro eufemismo– cometido por funcionarios y médicos criminales no debe quedar sin castigo.
Hace muchos años, cuando fui constituyente y corredacté la Constitución de la Provincia, incorporamos muchas garantías para que los ciudadanos de Córdoba pudieran vivir con seguridad y libertad.
Alguien nos dijo que éramos redundantes, porque con los derechos y garantías de la Constitución Nacional eran suficientes. Debemos reconocer que en cierta medida nos equivocamos, porque omitimos prohibir la pena de muerte: creíamos que con la Constitución Nacional y los pactos internacionales era suficiente.
Pero nos olvidamos de que funcionarios y burócratas judiciales podrían decidir y ejecutar con prontitud dicha pena.
Merece también un párrafo aparte el funcionario judicial que ordenó la prisión efectiva de un ciudadano que por un problema médico habría cometido una infracción menor.
Qué prontitud severa encontramos en este caso, que no ocurre frente a denuncias, delitos y procesos de funcionarios de encumbrado rango, que transitan en plena libertad su enjuiciamiento. Que trato tan infamemente desigual. Espero que se someta al jury de enjuiciamiento al funcionario judicial que posibilitó la comisión del crimen que nos ocupa.
Pero además imagino una medida que podría ser de gran utilidad para prevenir estos casos. Me inspiro en una película titulada El médico, en la cual un facultativo muy prestigioso, luego de haber sufrido una grave enfermedad y descubrir en carne propia los rigores hospitalarios, decidió que todos los médicos residentes de su clínica fueran internados por un par de semanas y con una supuesta enfermedad.
Todo ello para que descubrieran en carne propia lo que era el tratamiento poco humano de los médicos hacia los pacientes. Imagino lo interesante que sería una experiencia en la cual los miembros del Poder Judicial que deben decidir acerca de la libertad de las personas fueran internados en la famosa UCA o en Bouwer.
Termino estas líneas de indignación apropiándome de aquel célebre escrito periodístico de Émile Zola, “Yo acuso” y digo: Yo acuso a la Provincia de Córdoba por no haber impedido el asesinato de César Moreno.