De la Moncloa al “pacto de mayo”
En nuestro país, como en las naciones latinoamericanas, coexisten dos proyectos claramente delimitados y casi antagónicos.
Clamar por acuerdos políticos como los de la Moncloa es el summum de la corrección política. Tras la muerte de Francisco Franco en 1975, todas las fuerzas políticas de España decidieron ponerse de acuerdo para delinear una transición hacia la república, tras casi cuatro décadas de dictadura.
Desde entonces, venimos escuchando acerca de lo bueno que sería que todos los partidos políticos de nuestro país se pusieran de acuerdo para “sacar el país adelante”. Generar un espacio donde todos seamos buenos y modosos, que nos alejemos de los egoísmos y sólo pensemos en el bien de la patria. Una belleza idílica.
Cabe señalar, de paso, que aquellos pactos políticos de la madre patria no han sido excesivamente duraderos si lo medimos en términos históricos y si tenemos en cuenta la política española de las últimas décadas.
Terminada la transición, resurgió la polarización entre izquierda y derecha que, hoy por hoy, parece nuevamente insalvable. La novedad es, en todo caso, el surgimiento de nuevas y más duras variantes de derecha, que no cambian el panorama general.
Populismo y mercado
El escenario pretendido, en el que las fuerzas políticas más importantes resignen algunos objetivos para lograr un gran acuerdo que saque el país de las crisis recurrentes, aparece como una tontería irrealizable que sólo intenta, para quien lo propone, las calificaciones de sensatez y razonabilidad.
Pero estamos muy lejos de una situación tal. En nuestro país, como en la casi mayoría de las naciones latinoamericanas, coexisten dos proyectos claramente delimitados y, en la mayoría de los aspectos sustanciales, antagónicos. Están encarnados por dos partidos o frentes que se alternan en el poder y toman rumbos opuestos cuando les toca gobernar.
Se trata de una guerra civil en el plano de las ideas, sin conciliación posible. Basta echar una mirada hacia atrás en la historia argentina para ver con claridad que la disputa actual entre populismo versus economía de mercado y república ha existido con diferentes ropajes desde tiempos de la colonia, cuando España cerraba la economía a la Inglaterra librecambista.
Siempre hemos vivido en una sucesión de relajamiento dilapidador y ajuste correctivo. Y esto supone una perversión engañosa: los tiempos de aumentos del gasto público son percibidos como de abundancia y concitan el apoyo popular, aunque lleven a un futuro ruinoso; al revés, las imprescindibles rectificaciones, necesariamente dolorosas y restrictivas, son visualizadas como perjudiciales para la economía nacional y el nivel de vida; y, en consecuencia, cunde el rechazo hacia ellas.
De tal modo, se han consolidado dos visiones completamente irreconciliables respecto del país y de las políticas necesarias para enfrentar las crisis recurrentes.
Los evidentes resultados calamitosos obtenidos por la sucesión de gobiernos populistas concentran el apoyo de la mitad del país, seducida por el precario y efímero bienestar construido sobre la base de un amplio régimen de subsidios que abarca la totalidad de los servicios públicos, además de remesas directas a amplias franjas de la población más necesitada.
El “pacto de mayo”
En tales condiciones, son vanos los clamores por acuerdos políticos similares a los de España.
Ha sido mucho más sabia y razonable la idea del Gobierno, que consiste en convocar a un encuentro con fuerzas afines y proclives a aceptar un decálogo enunciado previamente, que es un recetario completo y duro para una economía de mercado.
Esos enunciados no podrán ser aceptados, de ningún modo, por quienes están aferrados con uñas y dientes a una economía “nacional y popular”, impregnada de dádivas y desajustes permanentes.
Sin embargo, el Gobierno parece no contar con una excesiva facilidad para acordar con las fuerzas políticas y personajes que expresan afinidad con sus puntos de vista. Quien expresare cualquier diferencia de criterio, por nimia que esta fuere, es tomado de inmediato como un enemigo, aunque no exista razón alguna para arrojarlo al bando contrario.
Así está pasando, por ejemplo, con calificados economistas que realizan observaciones atinadas sobre la sustentabilidad de los ajustes en marcha, a algunos de los cuales les atribuyen precariedad y dificultades en su permanencia a lo largo del tiempo.
Entre ellos, el tipo de cambio, al que se le señala la exigüidad del ajuste mensual establecido (crawling peg). Esta crítica enfurece al Gobierno, pero lo cierto es que la inflación, pese a haber aflojado en forma notable, ha hecho que el tipo de cambio vaya acumulando un retraso que, con el paso de los meses, será de complicada solución.
El retraso cambiario suele ser el talón de Aquiles de todos los planes de estabilización. Congelarlo o devaluar muy por debajo de la inflación tiene efectos directos sobre la estabilidad; de ahí la tentación de evitar los aumentos. Además, si el Gobierno busca la eliminación del cepo cambiario, la resolución de este tema no debe dejarse para las calendas griegas.
El próximo 25 de mayo, el Gobierno tendrá ocasión de demostrar cuánto avanzó en su aprendizaje de relacionarse benéficamente con las fuerzas aliadas y con aquellos que son amigos potenciales.
Es hora de dejar la ira a un lado y de entender que la política se trata de sumar voluntades en la búsqueda de grandes objetivos.