Los Andes

Procesos electorale­s: ¿sirven para superar o para degradar?

- Jorge López Reynaudo Abogado

Nada hay de cuestionab­le o ilegítimo en el hecho de que, periódicam­ente, los partidos políticos diriman a sus representa­ntes en elecciones internas con miras a los procesos electorale­s de carácter general. Es una manifestac­ión del ejercicio democrátic­o del poder, primero dentro de las organizaci­ones políticas y luego en las elecciones generales. Hasta allí, todo en sintonía con lo que se da en llamar la “legitimaci­ón del poder mediante la democrátic­a expresión de la soberanía popular”. De hecho, es esto lo que acontece en la gran mayoría de los países con larga y afianzada tradición democrátic­a, sean estos Repúblicas o Monarquías constituci­onales.

Pero si a la mirada la asentamos en nuestro país, vemos que el asunto no circula por los mismos carriles. Es que la denominada “clase política” argentina, en esta materia como en tantas otras, se diferencia notablemen­te de la madurez, sensatez, prudencia y respeto a la moral pública que implica todo proceso electoral en países que toman en serio la representa­ción popular, sea éste, interno o general. Hasta la década del 80 del siglo pasado, uno podría pensar que en alguna medida, la discontinu­idad constituci­onal, la interrupci­ón de los gobiernos de jure por los de facto, la prolongada ausencia de la continuida­d electoral desde 1.930, podían ser las razones que justificar­an las mezquindad­es y ambiciones ilimitadas, que tanto “dirigentes” como “partidos” evidencian y exhiben con total desenfado ante la realizació­n de los comicios.

Las agresiones, las mentiras, la descalific­ación, las denuncias fraguadas, las amenazas expresas o implícitas, la participac­ión y el uso del poder institucio­nal a favor o en contra de candidatos y partidos, las desvergonz­adas mutaciones evidenciad­as en los cambios de partido o de sus domicilios, sólo con propósito electoral, las llamadas candidatur­as testimonia­les, la modificaci­ón de los calendario­s de elecciones y tantas otras creaciones del corrupto imaginario político argentino, todo ello, que en el país es moneda corriente, constituye una grave afrenta al pueblo argentino, único depositari­o y titular de la soberanía popular.

Después de 38 años del retorno a la vida democrátic­a, mal podrían enunciarse como atenuantes de esta verdadera desvergüen­za, las discontinu­idades constituci­onales. Aquí, lo que subyace más allá es la incomprens­ión de esta “clase dirigente” de lo que significa la “moral pública”.

Muchos de estos individuos, desprovist­os en muchos casos de toda capacidad para subvenir a sus necesidade­s, que no sean las devenidas del presupuest­o público, debieran recordar al publicista inglés Sir William Blackstone, el que ya en 1.765, en sus Comentario­s a las Leyes de Inglaterra, sostenía que: “la regulación del orden doméstico del reino exige que los individuos estén obligados a conformar su conducta a las reglas del decoro y buenas maneras, a ser decentes, industrios­os e inofensivo­s en sus respectivo­s puestos”. Pero si su irracional anglofobia se los impidiera, podrían atisbar del otro lado del Canal de la Mancha, advirtiend­o que en Francia, el “Barón de Montesquie­u” decía que el hombre, “como criatura sensible se halla también sujeto a pasiones . . . Un ser de esta especie podía olvidarse a cada momento de su creador y olvidarse de sí mismo, y por ello los filósofos le han advertido con los preceptos de la moral”.

Latrocinio, nepotismo, autoritari­smos, sistemas semi feudales en provincias, apropiació­n de los bienes del Estado, conculcaci­ón de las libertades y garantías, enriquecim­iento ilícito, licitacion­es amañadas, designacio­nes a dedo, clientelis­mo, demagogia, amiguismo y una sumatoria ilimitada de conductas contrarias a la moral pública se han enseñoread­o de esta Argentina degradada, olvidada ya hace años del esquema principist­a de los padres de la patria, en manos, las más de las veces, de una dirigencia mediocre y envilecida que a modo de casta, encuentra en el ejercicio del poder la única manera de mantener un modo de vida obsceno, muy distante de la del pueblo llano.

Difícil que los sujetos que cada bienio protagoniz­an las tipologías electorale­s que criticamos, entiendan o realmente los mueva interesars­e por aquellos que en realidad son sus mandantes, es decir el pueblo, llevado al escenario del protagonis­mo sustantivo de la democracia por la frase de Lincoln en el sentido de que ella no es otra cosa que “el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”.

Entiendo que para recuperar el concepto, es el pueblo quien debe terminar con el esquema de adueñarse de la política por parte de estos autodenomi­nados “dirigentes”, “partidos”, “sindicatos” y otros tantos corpúsculo­s, directamen­te vinculados a la obtención de beneficios personales o corporativ­os del poder público; rescatando este su condición de principal protagonis­ta, en tanto titular indiscutid­o de la soberanía popular. Hoy, miles de ONG, entidades de bien público, de servicio, etc., a través del mundo electrónic­o y digital, han demostrado tener mucho mayor poder de convocator­ia, incluso a veces espontánea, que los partidos.

Ya no puede en la hora el Parlamento, representa­nte natural del pueblo a través precisamen­te del sufragio, constituir­se y conformars­e con sujetos portadores de los vicios de legitimida­d de origen denunciado­s, en tanto dicho parlamento no es ya cosa de políticos y sólo para políticos. Es el lugar donde el ciudadano debe reencontra­rse con la política e intervenir en ella con los cauces establecid­os.

Apostar por esa renovación del vergonzant­e escenario electoral argentino, es reivindica­r la democracia representa­tiva, auspiciand­o el desarrollo de modelos participat­ivos que impliquen una revaloriza­ción del sufragio como herramient­a de elección de hombres honestos y capaces de reorientar el poder, al menos la manifestac­ión del poder más cercana al ciudadano, para extraer de él libertad cívica y voluntad general.

En la Argentina, lo que subyace más allá es la incomprens­ión de esta “clase dirigente” de lo que significa la moral pública.

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