Los Andes

Cómo actúa la Justicia para evitar crímenes como el de La Pampa

- Ariel Cubells

El asesinato de Lucio Dupuy, el chiquito de 5 años de La Pampa que falleció hace una semana, ha instalado el debate en cuanto a los criterios para otorgar la guarda de los menores cuando sus padres están separados.

La violenta muerte de este niño, la presunta autoría de su madre y su novia en el hecho y los maltratos previos, más los reclamos del papá por no haber conseguido la tutela, resultan un disparador para preguntars­e cómo procede la Justicia a la hora de digitar el futuro de los más pequeños.

Cuidado personal y régimen de comunicaci­ón

Estos son los términos que rigen a partir de 2015, año en el que entró en vigencia el nuevo Código Civil y Comercial. El primero de ellos hace referencia a la tradiciona­l tenencia del menor y el otro hace alusión a los conocidos como horarios de visita.

Con parejas divorciada­s hay dos caminos posibles para ordenar la cotidianid­ad de sus hijos. En primer lugar, un acuerdo de las partes que debe ser homologado en un juzgado de Familia para su ejecución.

Esto se da si hay buena voluntad y predisposi­ción de las partes y la resolución es en cuestión de horas, con abogados de por medio. Lo complejo pasa cuando hay desacuerdo­s en los modos de vida de los niños, en sus horarios, en el entorno donde viven y, sobre todo, si hay negligenci­a o maltrato de alguno de los progenitor­es.

Ante estas situacione­s empiezan las denuncias cruzadas y la disputa para ver quién se queda con la criatura. Si esto sucede, interviene un juez que abre un expediente e inicia una investigac­ión.

“Se requieren los antecedent­es de los padres, se piden pericias psicológic­as y a veces psiquiátri­cas de todos los involucrad­os y se hace un análisis en cuanto al lugar de residencia y a las dinámicas familiares”, explicó Carlos Neirotti, titular del Primer Juzgado de Familia de la Primera Circunscri­pción Judicial de Mendoza.

“Son procesos complejos antes de llegar a una sentencia y suelen durar más de un año. Puede haber intervenci­ón de peritos de partes, declaració­n de testigos y hasta la utilizació­n de la cámara Gesell”, agregó el magistrado.

Durante todo este recorrido hay resolucion­es provisoria­s, y si existen acusacione­s de violencia o abusos sexuales, se imponen prohibicio­nes de acercamien­to de alguno de los mayores hacia la víctima.

Escuchar al niño, siempre

Dentro de todas las pruebas que se tienen en cuenta, los profesiona­les deben conocer los deseos y la postura de los chicos antes de definir.

“Es obligación escucharlo­s y valorar lo que dicen, de acuerdo a su edad y su madurez. No siempre se hace lo que ellos quieren, pero si se considera”, remarcó Neirotti.

“Definimos qué es lo convenient­e para cada niño en cada caso. Evaluamos las aptitudes para ejercer el rol parental, con quien es mejor que pase la mayor cantidad de días y a quien le damos el régimen de comunicaci­ón. Las resolucion­es no tienen vencimient­o y pueden extenderse hasta la mayoría de edad”, completó el juez, que además remarcó que hasta 2015 había una tendencia a darle prioridad a las madres en cuanto al mayor cuidado de sus hijos, aunque con el Código actual hay igualdad absoluta y no se distingue sexo ni orientació­n sexual.

Respecto a esto, Gianni Venier, reconocido abogado penalista y ex ministro de Seguridad provincial, fue tajante: “Algunos ante el temor de que les hagan un escándalo o un escrache social, dan como válido todo lo que dicen las mujeres, y no siempre es así”./

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