Las retenciones móviles en las reformas de Macri
La fuerza del reformismo oficialista ya empieza a parecerse mucho a esos huracanes que, después de tocar tierra, se debilitan hasta mutar en vientos más calmos.
No es que no se vayan a aplicar cambios. Hubo un primer paso más que necesario: poner sobre la mesa un tablero con los caminos posibles para encontrar la salida al laberinto. Pero es inevitable contrastar los resultados previos entre lo pretendido y lo hasta ahora acordado.
Se podrá argumentar que todavía no hay nada cerrado y que los efectos están pensados más a mediano que a corto plazo.
Pero las urgencias fiscales están desde ayer y, en las primeras impresiones, lo que luce es un repliegue acelerado de buena parte de los puntos que estaban en juego en los proyectos.
¿Apostó alto el Gobierno para ceder y negociar? Puede ser. Pero esa hipótesis tiene tantas chances de ser cierta como la que plantea que ha desandado más casilleros que los previstos, en un movimiento de elegante y silencioso retroceso.
A esta altura, los costos políticos se parecen a las retenciones móviles que el kirchnerismo había imaginado en la fallida resolución 125. Aquel proyecto pretendía que la producción agrícola pagara derechos de exportación crecientes a medida que subía el precio internacional de los granos.
El efecto aquí es bastante similar. A mayor ajuste o velocidad de las reformas, más altas son las condiciones que ponen los gobernadores, los sindicatos y el peronismo en el Congreso.
Es lógico y legítimo que eso ocurra, pero desnuda la escasa maniobrabilidad que tiene el Gobierno, que temprano cede a esa elástica frontera.
La trayectoria de la reforma laboral es un ejemplo. El Ejecutivo arrió varias banderas ante la tribuna VIP del sindicalismo, que desde el Vaticano, donde se concretó un encuentro de organizaciones gremiales, ahora mandó decir que no ha dado un aval total y que planteará matices en el Congreso.
El jefe del bloque peronista en el Senado, Miguel Pichetto, recogió el guante y le puso puntos suspensivos al tratamiento de lo que queda del proyecto original, a punto tal que podría ser pateado para 2018.
Otro tanto ocurre en el escenario previsional, donde se juega la que quizá sea la reforma más polémica, ya que implica un cambio en el cálculo de la movilidad de los beneficios.
El Gobierno pretendía atarlo sólo a la evolución de la inflación. Después le sumó un plus irrisorio. Y si bien los gobernadores habían dado su bendición, el guiño duró tanto como un abrir y cerrar de ojos. Bajo presión, aceptó en el Senado combinar inflación y variación salarial, en una proporción 70-30, respectivamente, para destrabar la votación en la Cámara Baja.
La reforma impositiva, en tanto, será un fiasco si no colabora a reducir la economía en negro y si el gasto público no cede y deja abierta la dolorosa herida del déficit. Lo mismo si los gobernadores se hacen los distraídos en materia de responsabilidad fiscal, como ya pasó con otros pactos.
Entre cada una de las reformas, hay uno o más puntos de contacto, que son como las coyunturas de una estructura ósea. Si una falla, contagia a la otra.
En el caso fiscal, se sabe que lo que no se cubra desde adentro se hará por afuera, con más deuda (como ocurre ahora), aun cuando se espera un 2018 mucho más amigable para la economía en general y el consumo en particular.
Además, el propio relato oficial vincula a las reformas con un esperado auge de inversiones que retroalimenten la actividad y la generación de empleo. Por lo pronto, el vector del gradualismo parece tirar demasiado de la cuerda que, en la otra punta, empuja a las expectativas.
A MAYOR AJUSTE O VELOCIDAD DE LAS REFORMAS, MÁSALTOS SON LOS COSTOS POLÍTICOS Y LOS CONDICIONAMIENTOS.