La estabilización de la economía en temporada de reformas
La evolución de la economía está determinada por una asimetría esencial: la que surge de la iniciativa reformista del Gobierno, orientada a favorecer la inversión, y, por otro lado, la evolución de la “macro”, en la que pesan fuerte los factores inerciales, desde las expectativas de inflación hasta el déficit fiscal, que sólo está bajando en forma gradual.
En cuanto a las tensiones de la coyuntura, sobresale la resistencia de la inflación para adaptarse a las metas del Central y la tendencia a la apreciación del tipo de cambio.
Las altas tasas, en consecuencia, no están logrando romper con la inercia inflacionaria, en un contexto en que el futuro no ayuda: las expectativas de inflación están muy influidas por los incrementos programados en las tarifas de gas y electricidad.
Entre los desbalances que pueden generar dificultades a mediano plazo están el creciente desequilibrio externo y el incremento de la deuda pública.
Esta última se está elevando debido a la elección de un ajuste gradual. En el corto plazo, el hecho de que la economía esté creciendo ayuda a mantener el déficit fiscal primario dentro de la meta fijada, porque sube la recaudación (en octubre estuvo arriba de la inflación).
Pero hay un dato no menor: los impuestos relacionados con las importaciones lideraron las alzas. Ese fenómeno, si bien suaviza el desequilibrio fiscal, agranda la brecha externa: el déficit comercial crece por la demanda de importaciones, mientras que las exportaciones están lejos de acompañar ese ritmo.
Desde ya, sería algo ingenuo sorprenderse por tensiones en un proceso de cambio estructural y estabilización como el que lleva adelante la actual administración. Aquí lo relevante es si las autoridades están gestionando de manera correcta esas tensiones y si, además, están dadas las condiciones políticas y macroeconómicas para que las reformas puedan cumplir con su cometido.
La actividad se está desarrollando a un ritmo muy sostenido. Las iniciativas que impulsa el presidente Mauricio Macri indican que está decidido a aprovechar su buen momento político para llevar adelante el conjunto de cambios para incrementar tanto la productividad como la competitividad.
Y, en verdad, si evaluáramos la coyuntura sólo en función de las reformas, deberíamos ser bastante optimistas. De prosperar estas iniciativas, el funcionamien- to de la economía debería mejorar a mediano plazo porque, más allá de los detalles, no hay dudas de que el paquete de proyecto va en el sentido correcto.
El Gobierno se está animando a plantear reformas que hasta hace poco eran inabordables. Las reglas de juego –las instituciones– tienen la función de acotar la incertidumbre sobre el comportamiento futuro de los agentes económicos, para brindar previsibilidad.
Y eso es justamente lo que se necesita para revertir la baja tasa de inversión, que es una causa básica de la reducida capacidad de crecimiento que tiene nuestra economía.
Pero las reglas de juego pierden su capacidad de incidir sobre el comportamiento si los inversores asumen que no van a durar. Una condición necesaria para que perduren es que sean percibidas como legítimas y apoyadas por gran parte de la sociedad.
Metodología
Hay un aspecto central en la metodología reformista elegida por el Ejecutivo, porque es el que le otorga legitimidad. A diferencia de otros intentos del pasado, hay búsqueda de consensos, tanto con la oposición en el Congreso como con actores políticos involucrados, en especial las provincias y los sindicatos. Esta vocación por la negociación política es funcional para cimentar la legitimidad y la credibilidad del paquete de reformas.
En rigor, la importancia de legitimar las reglas de juego a través de la negociación política, para lograr el apoyo de la mayoría, sería difícil de exagerar en la Argentina. En nuestro país, las promesas son difíciles de creer a raíz del peso de una historia institucional que muestra que el cambio en las reglas de juego fue más la norma que la excepción, por mudanzas ideológicas o por inestabilidad macroeconómica.
El apoyo político para modificar las reglas se buscó siempre sobre la base de dos argumentos: las reformas son ilegítimas porque son impuestas por una minoría de intereses, y las reformas son ilegítimas por su costo social.
Al primero el Gobierno le contesta con negociación política y búsqueda de consensos; al segundo, con gradualismo fiscal y expansión del crédito, que son instrumentales para minimizar los costos sociales y empujar el nivel de actividad y empleo.
De esta forma, la legitimidad política de las reformas aumenta la credibilidad de estas, porque reduce la probabilidad de que haya una resistencia exagerada a los cambios por parte de algún grupo afectado.
En suma, el Gobierno parece bien orientado en lo que hace a legitimidad. Pero las reglas de juego pueden también percibirse como inestables, no por la política sino por la macroeconomía, y es en este aspecto, justamente, donde aparecen tensiones que se deben contemplar.
No es sencillo anticipar si el Central tendrá o no éxito con la tasa de interés como instrumento privilegiado para derrotar una inflación que tiene componentes de inercia importantes y en circunstancias en que el déficit fiscal aún es alto.
Lo cierto es que, mientras tanto, la competitividad sufre y eso juega en contra de los incentivos a la inversión y a las exportaciones, que son las actividades que el Ejecutivo está buscando promover con las reformas.
Y por supuesto también sería ingenuo sorprenderse de que aparezcan estas tensiones entre objetivos de política. En un proceso de desinflación, buena parte del éxito reside en definir bien a qué velocidad avanzar con cada objetivo y en coordinar las decisiones en función de ello.
LAS ALTAS TASAS NO ESTÁN LOGRANDO ROMPER CON LA INERCIA INFLACIONARIA, ENUN CONTEXT OEN QUE EL FUTURO NO AYUDA.