El DNU 27 en la agenda regulatoria.
Los actores económicos de una sociedad, como las empresas, los trabajadores y el propio Estado operan en el marco de una estructura regulatoria que los protege y los limita. La calidad de esa estructura es clave a la hora de facilitar e impulsar el desarrollo de la economía y es la línea dorsal que determina la dinámica. Un marco regulatorio demasiado complejo y restrictivo se asocia con un menor desempeño económico, pero, al mismo tiempo, la desregulación exagerada puede generar riesgos que terminan siendo incluso más perjudiciales, como ha sido el caso de la excesiva desregulación financiera (uno de los factores que promovió la crisis internacional de 2008). Son pocos los países exitosos que han logrado encontrar un punto intermedio compatible con el desarrollo económico.
En Argentina, poco se ha hecho para fortalecer la calidad de las regulaciones en los últimos años. La economía arrastra una pesa sofocante constituida por normas que en muchos casos se han vuelto obsoletas, innecesariamente costosas e incompatibles con el normal desarrollo de la actividad privada. Esto se traduce en obstáculos concretos que afectan el día a día de los negocios. Por ejemplo, y de acuerdo a datos del Banco Mundial, crear una empresa en Argentina requiere casi tres veces más trámites y tres veces más tiempo que en el promedio de los países de la Ocde (desarrollados). Obtener un permiso de construcción insume casi un año en nuestro país, versus 150 días en el promedio de la Ocde y 80 días en México, un país con sismos recurrentes. Registrar una propiedad cuesta 60 por ciento más que en el promedio de la Ocde. Y algo que debería ser muy simple, exportar, requiere 30 horas de cumplimiento documental; más de 10 veces el promedio de la Ocde. Importar es incluso más arduo: mientras que a una empresa promedio de la Ocde le cuesta 111 dólares, para una compañía argentina se aproxima a 1.200 dólares. El DNU 27/18 sobre Desburocratización y Simplificación que ingresó el miércoles en el Congreso apunta justamente a mejorar la calidad regulatoria y reducir restricciones innecesarias sobre la actividad privada. El decreto introduce unas 140 modificaciones en leyes o decretos de áreas diversas como producción, trabajo, finanzas, transporte, agroindustria y energía con el objetivo de eliminar o modificar regulaciones que entorpecen la labor del Estado y la competitividad de la economía.
Lo que ya se hizo
Pero la tarea de profundizar la calidad regulatoria es anterior al DNU. De hecho, viene siendo uno de los ejes preeminentes de la gestión de gobierno desde fines de 2015. A la eliminación del cepo, las DJAI y las retenciones a la exportación, le siguió la implementación de la Ventanilla Única de Comercio Exterior para simplificar y centralizar trámites comerciales, el programa Exporta Simple para reducir las exigencias sobre las Pyme, los avances en términos de firma digital, trámites en línea y gobierno abierto, la regulación de las asociaciones público privadas, la liberación de la importación de combustibles, las revisiones tarifarias integrales en gas y electricidad, el Acuerdo Federal Minero para mejorar la coordinación de las políticas mineras provinciales, las leyes de Energía Renovable y de Energía Distribuida, entre otros pasos hacia una mayor calidad regulatoria.
El reciente DNU consolida la agenda de calidad regulatoria y entre los cambios se destaca la eliminación de la necesidad de decretos presidenciales para la instalación de nuevas terminales automotrices y la habilitación de puertos, la validez de los expedientes y libros contables digitales en todos los niveles administrativos, la simplificación del proceso para obtener marcas y patentes y resolver controversias relacionadas, la habilitación del aumento de la capacidad de camiones y el uso de los llamados “bitrenes” y la reducción de restricciones para la inversión del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS).
Al DNU se sumó la eliminación de la necesidad de tramitar Licencias No Automáticas para la importación de alrededor de 260 productos; el mayor cambio en el sistema de licencias de importación (Simi) desde su implementación a fines de 2015. Esta agenda de calidad regulatoria podría parecer de segundo orden en comparación con las otras reformas, como la nueva fórmula de actualización de las jubilaciones y pensiones o el paquete laboral. Sin embargo, es la agenda que promete un mayor (y sobre todo más rápido) impacto sobre la competitividad y el bienestar de los argentinos. Un análisis realizado en conjunto entre la Ocde y el Banco Mundial estima que el PIB per capita en Argentina podría crecer entre 3,8 y 4,4 puntos adicionales en un período de 10 años en caso de que la calidad regulatoria siga convergiendo a las mejores prácticas. Así, el beneficio de fortalecer la calidad regulatoria sería mayor al de implementar una amplia reforma laboral, con resultados considerables incluso en un escenario conservador. Más allá de que el Parlamento se expida sobre la validez del DNU, la agenda de calidad regulatoria es necesaria y posee un amplio margen para seguir avanzando.
(*) Director de Abeceb, exsecretario de Industria y Minería de la Nación.
CONEL DNU 27, LA AGENDA DE CALIDAD REGULATORIA ES NECESARIA Y POSEE UN AMPLIO MARGEN PARA SEGUIR AVANZANDO.