La culpa no es de la cláusula gatillo, sino...
En las últimas semanas, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y otros funcionarios del Gobierno nacional salieron a declararse contrarios al uso de la cláusula gatillo en las negociaciones salariales, aquella que permite dar un nuevo aumento si la inflación supera el porcentaje negociado entre empresarios y sindicalistas.
Rápidamente, se desató una discusión errónea sobre si se puede considerar o no que las paritarias provoquen el aumento de precios.
Primero, el salario resulta de la productividad, y esta depende de la inversión. Un sector que pierde productividad, difícilmente ofrezca sueldos importantes.
La inflación es un problema diferente, con distintas causas.
La más común es el déficit fiscal, o sea el resultado negativo que registra el Estado cuando gasta más de lo que le ingresa.
El déficit se cubre con emisión de dinero o de deuda. Ambas meten dinero en la economía a un ritmo mayor que el crecimiento. Las empresas suben los precios porque saben que en la economía hay más dinero, y así el Gobierno termina generando inflación.
El Estado tiene instrumentos para sacar ese dinero y evitar que se vaya a precios. Las letras que ofrece al mercado financiero o el aumento de la tasa de interés tienen ese objetivo.
¿Por qué, si suben las tasas y se emiten letras, la inflación sigue siendo alta? Porque entra a jugar otra causa: las expectativas. Si las empresas creen que este año no se va a cumplir con la meta de inflación del 15 por ciento, se van a preparar para elevar precios por encima de ese porcentaje.
Los sindicatos, por su parte, no pueden quedarse atrás. Así que negocian un porcentaje, más algún ajuste por inflación.
Esto es lo que los economistas llaman la espiral de precios y salarios. Para frenar la espiral hay que actuar sobre las expectativas, pero con señales firmes y creíbles, y el cambio de metas del último 28 de diciembre jugó en contra.
Hoy los privados esperan una señal contundente del Estado respecto de que logrará bajar el déficit fiscal. Para eso, tiene dos opciones: subir impuestos o bajar el gasto. Con una presión fiscal récord para el país y un sector público desacreditado, la primera opción está descartada.
Pero sucede que seis de cada 10 pesos que pone el Estado lo hace en gasto social; por eso, la segunda opción también es difícil. Lo sucedido con la reforma previsional es una muestra clara.
Frenar la inflación depende de decisiones con impacto económico, social y político. Buscar culpas en la cláusula gatillo es como responsabilizar al chancho. Hay que buscar quién le da de comer.