La visión de una especialista, Ana González Prada.
Ana González Prada, especialista en cumplimiento y con experiencia en Europa, señala que, además de la ley, el Gobierno tiene que mostrar resultados rápidos en no más de dos años.
Desde el 1º de marzo está vigente en Argentina la nueva ley de responsabilidad penal empresarial por hechos de corrupción, y, aunque es un tema obligado para todas las compañías, la realidad muestra que son pocas las que están tomando el tema en serio.
Son, sobre todo, aquellas que tienen que contratar con el Estado o tienen algún órgano público que les exige cumplir con la normativa de un plan de integridad.
El tema es nuevo aquí, pero hay varios países, incluso en Latinoamérica, que ya cuentan con legislación de transparencia o cumplimiento ( compliance), como se lo conoce globalmente.
Ana González Prada es una especialista española en la materia y exoficial regional de cumplimiento para las Américas, Medio Oriente y África de Lafarge Holcim. En su paso por Córdoba, invitada por Transparencia Latam, contó su experiencia en los países desarrollados.
–¿Qué diferencias hay entre la normativa local y la que existe en el mundo?
–Este es un tema que se ha desarrollado de manera muy similar en otras regiones, sobre todo la normativa española y la del Reino Unido. Lo que falta desarrollar acá es darle mayor poder a la agencia anticorrupción. En Francia se aprobó el año pasado una norma similar, y no fue la ley la que ha hecho que el status quo cambie el organismo encargado de su cumplimiento, que se ha puesto a investigar de oficio diferentes temas.
–Es decir, hay que mostrar que se hace cumplir.
–Sí, dotar de contenido y poder a un ente ejecutor de la sanción, es lo que marca la diferencia en los países. Es un antes y un después donde las leyes contra la corrupción empresarial funcionaron. Además del organismo, debería haber una norma que le dé contenido específico para actuar. Nigeria tiene una ley anticorrupción, por ejemplo, pero no se cumple. Lo que hace a las empresas cambiar es que se empiece a sancionar.
–Este es un tema bastante nuevo ¿Cuándo fueron las primeras normativas?
–El país más avanzado es el Reino Unido, que empezó a aplicarlo antes de 2010, cuando se promulgó la ley. Ahí dotaron de contenido a una agencia especifica que se dedica a la corrupción penal económico. Le siguió Alemania, cuando surgió el caso de Siemens. Los últimos en llegar al juego han sido los franceses, pero se lo están tomando muy en serio.
–¿Cuándo se podrían empezar a ver resultados desde la entrada en vigencia?
–Si pasa mucho tiempo desde la promulgación de la ley y desde la visibilidad clara de que la ley se está cumpliendo, hay una cuestión de credibilidad. El Gobierno tiene que ser realmente rápido, no pueden pasar más de dos años con una actividad concreta, y eso es aplicar sanciones.
–¿Estas normas realmente logran cambiar la actitud empresaria?
–Llevo 14 años trabajando en compliance y me gustaría pensar que el mundo es maravilloso, que la gente está deseosa de cumplir las normas. Pero no es así, en el 90 por ciento de los casos, los cambios han venido cuando hay actividad sancionatoria. Y no sólo multas, lo que más afecta es cuando el empre- sario termina “con los huesos” en la cárcel. Las multas tienen que ser muy altas para que produzca un desajuste en el balance en la compañía, tienen que ser millonaria. Lo que más miedo da es acabar en la cárcel.
–¿Sirve que los organismos públicos exijan requisitos de transparencia, como en Argentina?
–No es suficiente. Una cosa que le ha dado “dientes” a la agencia francesa es que, desde el día uno de su creación, empezaron a mandar cartas a las empresas de determinado monto cotizante y cantidad de empleados para que se notifiquen de que la ley había sido promulgada, que conocen los requisitos y, en base a un cuestionario, digan si están conforme a la ley. Eso ha generado una sensación en el empresariado francés de que esto va en serio. Eso falta en España y en Argentina. Si las acciones no se llevan con prontitud, la gente va a pensar que es otra ley más que no se cumple.
–Una empresa que tiene episodios de corrupción, ¿puede dar vuelta esa imagen?
–Lo más difícil es devolver a una empresa la reputación. Las multas se pagan, la cárcel se cumple, pero la reputación, una vez que se pierde, es muy difícil devolverla. El caso de Siemens, por ejemplo, se ha recuperado desde el punto de vista económico, pero sigue siendo nombrado por un hecho de 2008. El gran problema es que la sociedad tarda mucho en volver a confiar. Incluso en los recursos humanos, los millennials le dan mucha importancia a la sostenibilidad, la transparencia del lugar de trabajo.
–¿Y qué pasa con contratistas y proveedores?
–Una situación así afecta a la actividad toda. Por ejemplo, en una empresa que trabajé que era acusada de financiar al terrorismo islámico en Siria; en un momento, los bancos empezaron a poner problemas para darnos crédito y me pedían como oficial de cumplimiento que asegurara que no había más financiamiento de ese tipo.