Después de la inundación
Lo que vivió la Argentina en el último período se asemeja a un barrio afectado por una inundación.
Las medidas adoptadas han construido compuertas y ahora el agua está cediendo. Si bien las viviendas están intactas en su estructura, los daños son múltiples y llevará tiempo y esfuerzo repararlas, sustituir muebles y demás.
En términos económicos, esas secuelas tienen que ver con el impacto recesivo de la pérdida de poder adquisitivo por la mayor inflación, de la restricción crediticia por el endurecimiento de la política económica y del recorte de la obra pública por las limitaciones fiscales.
Por fortuna, el vecindario no perdió el crédito en medio de la tormenta y está accediendo a una línea contundente (vía Fondo Monetario Internacional) y al mercado de capitales (recategorización a “emergentes”).
Si se utilizan en forma inteligente esos recursos y cumple los compromisos para que ese financiamiento no se interrumpa, aquellas reparaciones serán rápidas. Frente a las urgencias, no podía esperarse que hubiese espacio para las sutilezas.
Así, se aplicó un verdadero torniquete monetario retirando liquidez del mercado por distintos mecanismos (suba de encajes bancarios, entre otros) y llevando la tasa de interés hasta el 47 por ciento anual para los plazos cortos.
Al mismo tiempo, se aceleró el proceso de rescate de Lebac, cuyo stock pasó del equivalente a 68 mil millones de dólares, a mediados de diciembre, a 43 mil millones en el presente. Los vencimientos cada 30 días seguirán complicando, pero de un modo algo menos dramático.
Para atender al mercado cambiario, se ha conformado una masa crítica de divisas en manos del Tesoro, que será volcada a un ritmo de 100 millones de dólares diarios, en subastas guiadas por el Banco Central.
Esta oferta, que representa el 14 por ciento del movimiento diario que tenía el mercado hasta abril, podría extenderse hasta fin de año (aunque fue anunciada por 75 días en forma inicial), ya que es consistente con la cifra reunida por el Tesoro a partir del acuerdo con el FMI, más un plus de dos mil millones de dólares del que dispondría el Banco Central.
Del lado del sector privado, cabe esperar que la recategorización a “emergente” aporte también algún ingreso extra de capitales al país, aunque el efecto principal habría que verlo más bien por el lado de una mejora en el valor de los activos, lo cual es relevante desde el punto de vista de la continuidad de las inversiones.
En esencia, el mercado cambiario debería comenzar a normalizarse y a reducir su volatilidad. Esto es clave para que la demanda de dólares de los ahorristas locales se modere, luego del pico de mayo.
En junio, la corrida se frenó, pero las compras todavía son importantes. Al menos, se recuperan los depósitos en moneda extranjera, luego de la caída de mayo.
Cabe esperar que se acorte la salida de capitales, pero tampoco sería lógico apostar a un boom en el ingreso de divisas frescas al país. Veamos algunas de las razones:
Primero, la Argentina tiene que mostrar que habrá de ir cumpliendo, trimestre a trimestre, las metas comprometidas.
En este punto, los alineamientos políticos y el comportamiento de la oposición serán relevantes tanto para fin de este año (Presupuesto 2019) como por el tono que adquiera la campaña electoral del año próximo.
Segundo, es necesario que se despeje la incertidumbre acerca de qué proporción de la devaluación se trasladará a los precios. En junio, el índice de precios al consumidor estaría aumentado por encima de tres por ciento, por lo que los guarismos de julio y de agosto son cruciales.
Tercero, el alto costo de cubrirse en el mercado de futuros para fin de año hace que, esta vez, no haya aliento para la entrada de capitales golondrina.
Cuarto, el contexto internacional importa, y este no es el más promisorio en términos de crecimiento (aprestos de guerra comercial entre Estados Unidos y China) ni de variables financieras (tasa de interés de la Reserva Federal estadounidense y fortalecimiento del dólar)
Quinto, las perspectivas de crecimiento del país y de las inversiones en el sector real son también una cuestión relevante, y aquí se han abierto algunos signos de interrogación.
El impacto de las restricciones crediticias, en particular para las Pyme; la pérdida de poder adquisitivo por el golpe inflacionario, y la desaceleración de la obra pública obligan a corregir a la baja el crecimiento esperado para este año. Por lo pronto, una variación del producto interno bruto (PIB) de entre 0,5 y uno por ciento luce razonable.
En la medida en que las variables financieras se estabilicen y se despejen algunas de las incertidumbres mencionadas, la recuperación puede resultar firme hacia la última parte del año, debido a que, a diferencia de la recesión de 2016, ahora la economía está mucho mejor pertrechada del lado de la oferta, por el aumento de las inversiones que se observó hasta inmediatamente antes de la crisis (18,3 por ciento interanual en el primer trimestre).
La capacidad de reacción de sectores como el turismo o el de las economías regionales puede sorprender de manera positiva, en el marco de una flotación cambiaria que difícilmente implique un nuevo atraso del valor del dólar en un horizonte de mediano plazo.
Sin embargo, la crisis ha abierto un paréntesis en uno de los sectores que había sido más dinámico desde 2016, el vinculado con la energía: contratos dolarizados por un lado, necesidad de seguir recortando subsidios estatales por el otro, consumidores cerca del límite en el medio, forman una enredada madeja.
Con visión de largo plazo, estos conflictos tienen solución, pero hay un delicado equilibrio que tendrá que ser respetado para evitar volver a fojas cero.