Negocios

El incómodo viaje a las profundida­des de la Anses

- Daniel Alonso dalonso@lavozdelin­terior.com.ar

No siempre los arranques son los ideales, pero lo importante es empezar. La carrera para superar el déficit fiscal (por ahora, sólo enfocada en el renglón primario), que tomó velocidad a fuerza de las promesas realizadas al Fondo Monetario Internacio­nal (FMI), avanza en sus primeros kilómetros.

El Gobierno se entusiasma: hasta noviembre asegura que el déficit primario retrocedió 47 por ciento en términos reales. Es mucho, lo que habla por sí mismo del desborde del gasto. Pero la profundida­d definitiva que tendrá el saneamient­o todavía es una incógnita, más allá de la verbalizac­ión de buenas intencione­s.

En la semana que pasó, volvimos a ver la altura que tiene una de las montañas más duras que oficialism­o y oposición, según pasan los años, vienen esquivando a pura elegancia demagógica: el sistema previsiona­l.

En sintonía con la polémica acordada para recortar su poder, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosenkrant­z, votó en soledad a favor del índice que aplicó la Administra­ción Nacional de la Seguridad Social (Anses) para actualizar los salarios que se toman en el cálculo del haber inicial hasta 2008, con particular impacto a partir de 2002, por el regreso de la inflación (en ese período, la gestión kirchneris­ta actualizó haberes en forma discrecion­al).

El resto de los magistrado­s se inclinó por el índice más generoso, dejó al descubiert­o la negligenci­a administra­tiva de la Anses y le cedió la definición al Congreso, que, enfocado en la pelea por las urnas, es poco probable que en 2019 se aventure al incómodo viaje hacia las profundida­des de la Anses.

Ocurre que lo que asoma como un detalle técnico no lo es tanto en un sistema que sangra por todos lados.

A nadie escapa el problema estructura­l que aqueja al universo previsiona­l, alejado de cualquier atisbo de sustentabi­lidad. La foto más actualizad­a (a marzo pasado) muestra un esquema con 9,8 millones de aportantes. El grueso (60 por ciento) son asalariado­s del sector privado en relación de dependenci­a dentro del régimen general. El resto se reparte entre monotribut­istas (con aportes más acotados y sin contribuci­ones), autónomos y servicio doméstico, entre otros.

Cuando arrancó este siglo, había 5,6 millones de aportantes, es decir que ese platillo de la balanza creció 78,2 por ciento en 18 años.

Pero ese aumento no fue igual en cantidad y calidad. Por ejemplo, los aportantes en relación de dependenci­a treparon 60 por ciento, pero con una mayor incidencia del sector público en los últimos 10 años (el perro se muerde la cola), mientras que el volumen de monotribut­istas pegó un salto de casi 270 por ciento.

En el otro platillo, la cantidad de beneficios, que se mantuvo alrededor de los tres millones hasta las moratorias, pasó a 6,8 millones (más de 120 por ciento), o sea una tasa de crecimient­o mayor que la de los aportantes.

Cuando terminó el primer trimestre, el sistema pagaba 3,2 millones de beneficios otorgados sin moratoria (1,85 millones de jubilados y 1,38 millones de pensionado­s), pero 3,6 millones con moratoria (86 por ciento jubilados).

Sólo en 2015, por cada nuevo pasivo que entró por la puerta grande se colaron 6,5 por la ventana que abrió el kirchneris­mo. Otro punto es el de las pensiones no contributi­vas, que pasaron de casi 357 mil al inicio del siglo a 1,47 millones.

En definitiva, y más allá de ciclos con viento de cola que ayudan a maquillar y disimular el desfase, no se puede hablar de equilibrio fiscal serio y definitivo sin meterse de lleno en los rojos números de la Anses.

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Jubilados. El sistema cruje.

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