180 días para desactivar la bomba de los precios
El gobierno de Alberto Fernández decidió apelar al “congelamiento” de los precios de los servicios públicos, unos de los factores que, durante la administración de Cambiemos, elevó la inflación a lo más alto de las últimas décadas.
Con la Ley de Emergencia facultó al Ejecutivo nacional a congelar las tarifas de gas natural domiciliario y electricidad por 180 días; contuvo los precios de los combustibles de YPF (principal referente de precios del mercado) durante enero y estabilizó los peajes en rutas nacionales hasta que se revise el sistema.
También mantuvo en enero el congelamiento de la UVA, que comenzó en agosto del año pasado, hasta definir un nuevo sistema para actualizar las cuotas de los créditos hipotecarios.
La semana pasada, en tanto, frenó los precios de los colectivos y trenes del área metropolitana de Buenos Aires por 120 días y pidió a las provincias hacer lo mismo.
En esta línea, sumó el compromiso con los supermercados y los industriales de elevar hasta siete por ciento el precio de los alimentos a los que se repuso el IVA, logrando que el sector privado absorba los 14 puntos del impuesto y los 21 puntos que se aplica a la leche.
Estas medidas tienen su lógica, ya que cualquier suba en los servicios se traslada al resto de los precios de la economía, como lo demostraron los cuatro años de la gestión de Mauricio Macri. El último Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a noviembre, que subió 52,1 por ciento interanual, reflejó aumentos de 56,2 por ciento en los bienes, 44,6 por ciento en los servicios y 45,3 por ciento en los precios regulados.
Pero los ocho años de la administración de Cristina Fernández también sirvieron para entender que de nada sirve un congelamiento si no hay de fondo un programa para bajar la inflación.
Esto último requiere de un plan que combine políticas monetarias y fiscales, tendientes al equilibrio de las cuentas del Estado y de la cantidad de dinero y de bienes y servicios, algo necesario para que una economía funcione con normalidad.
Pero esto solo no basta; también hace falta convencer a los agentes económicos de que este plan es creíble y sustentable en el tiempo. De lo contrario, cuando llegue el día de actualizar las tarifas, volverá la presión inflacionaria.
“Para transmitir confianza hay que dar señales de responsabilidad. En este momento hay preocupación porque si bien se quiere ordenar las cuentas públicas, con más presión impositiva, no es claro qué sucederá con el gasto del Estado”, asegura Lucas Navarro, economista de la Bolsa de Comercio de Córdoba.
Hasta ahora, el Gobierno dio señales de querer un arreglo de la deuda acordado con los acreedores y una intención de cumplir con los compromisos, lo que cayó bien en los mercados.
Pero paralelamente, desde las elecciones y hasta de fin de año, el Banco Central emitió 450 mil millones de pesos. Una parte se usaron para comprar reservas en el final del gobierno de Macri y, en los últimos días de 2019, unos 100 mil millones se volcaron a financiar los gastos del Tesoro.
Según Gabriel Caamaño, economista de la consultora EcoLedesma, este dinero se volcó en el final del año, un momento en que la economía demandaba pesos. “¿Qué va a pasar en febrero si no hay una recuperación de la demanda de pesos en forma genuina?”, se pregunta.
En un contexto de alta inflación, agrega Navarro, la actual política de bajar la tasa de interés para reactivar la actividad económica, lo que genera una tasa real negativa, puede ser igualmente perjudicial, porque se pierde la confianza en el ahorro y, por lo tanto, en el peso.
Congelar es lo más fácil, desactivar la bomba inflacionaria es el verdadero desafío.
PARA LUCAS NAVARRO, DE LA BOLSA DE COMERCIO, LA BAJA DE TASAS PUEDE HACER PERDER LA CONFIANZA EN EL PESO.