Decisiones políticas, claves para definir el rumbo de la desinflación.
Lejos del discurso de campaña que apuntaba a “poner plata en el bolsillo” financiada con la “maquinita”, las medidas fiscales de diciembre incluidas en la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva dieron una contundente señal de prudencia fiscal.
En los hechos, rompió la inercia que hubiera llevado el déficit fiscal de 2020 a un entorno del tres por ciento del producto interno bruto, por sostener el pacto fiscal de 2017, la indexación previsional frente a una desaceleración buscada de la inflación y el pago anticipado de retenciones en el último mes del gobierno anterior frente a la expectativa (finalmente concretada) de cambio en las alícuotas.
Si no hay nuevas medidas de gasto, el déficit que en 2019 terminaría algo por debajo del uno por ciento del PIB podría incluso acercarse al equilibrio en 2020.
Pero la contundencia de las primeras medidas se perdió en las últimas semanas, cuando la falta de señales empieza a generar ruidos respecto de la existencia de un plan consistente.
Falta información sobre la nominalidad buscada en el programa. El bono de cuatro mil pesos es más un intento de inflar los ingresos en la parte inferior de la pirámide que la búsqueda de incidir en las paritarias, si tenemos en cuenta que el bono representa 23 por ciento del salario mínimo y sólo un 2,3 por ciento del promedio de un empleado bancario.
Recién empieza a surgir la señal lógica de que van a buscar romper las “cláusulas gatillo” y aparece el número “en torno a 30 por ciento” para la referencia buscada en las paritarias.
Pero mientras esto se dilata, la señal monetaria corre y la señal fiscal incluida en el paquetazo de fines de diciembre (que incluyó, además de los impuestos, la ruptura en la indexación previsional) no alcanza. Es necesario avanzar rápido en un arreglo de la deuda teniendo en cuenta que no hay dólares suficientes para pagar los vencimientos de dólares ni demanda de pesos suficientes para monetizar los de pesos, que se concentran entre febrero y junio.
La movida bonaerense
La decisión de la Provincia de Buenos Aires (PBA) de doblar la apuesta, coordinando con la Nación el anuncio de que esta no le giraría los fondos para el pago de la amortización del próximo 26 de enero, y el llamado a los tenedores de este bono para que extiendan el vencimiento al 31 de mayo son un arma de doble filo.
Vale recordar que, a diferencia de la Nación, donde los vencimientos de capital (Letes con legislación local) fueron postergados para agosto por un decreto, en el caso de la PBA, al ser emitido con legislación internacional, se requiere conseguir las mayorías establecidas en las cláusulas de acción colectiva, que indican un 75 por ciento del total de bonistas. La lectura del mercado es que es sólo una amenaza y que, eventualmente, si no se consiguen las mayorías, la PBA evitaría el costo del default pagando el vencimiento. Lo haría en el plazo de 10 días posvencimiento para que se gatille el cross default (cláusula de incumplimiento cruzado) al resto de la deuda con legislación extranjera y la aceleración de los pagos. Pero si esta es la lectura y no se consiguen las mayorías, la PBA se enfrenta a un dilema que es cómo sigue negociando, si tuvo que ceder después de haber doblado la apuesta. No es evidente cómo sigue, y la postergación de la propuesta de la Nación agrega palos en la rueda.
Por ahora, el cambio de régimen del Banco Central de la República Argentina bajando la tasa rápido (de 63 por ciento a 50 por ciento la tasa de las Leliq) y la señal a los bancos y a los fondos comunes de inversión para que desarmen Leliq y Pases, sumados a un salto en las utilidades del Central (vía “revaluación ad hoc de las letras intransferibles”), ayudaron a impulsar la demanda de bonos en pesos. Lo hizo desde precios que valuaban una reprogramación compulsiva.
Nominalidad
El riesgo es que si no se avanza rápido en la reprogramación de la deuda en dólares, la brecha cambiaria que subió 10 pesos en los últimos 15 días siga bajo presión.
Si la demanda de pesos se estabiliza, y el consumo empieza a recuperarse, hay margen para que las empresas prorrateen los costos fijos con una menor presión sobre los márgenes unitarios y sobre la formación de precios. Pero cualquier intento de frenar la nominalidad desde la política requiere que ningún precio se aleje mucho de la nueva nominalidad y que no se exagere con el cierre a la importación habilitando precios exagerados de los bienes locales.
La lógica indica que los salarios y las jubilaciones pueden crecer algo por encima de la inflación a fin de recomponer una parte de la capacidad de compra, mientras el dólar y las tarifas deberían crecer algo por debajo.
Enmarcar estos cuatro precios (jubilaciones, tarifas, dólar y la tasa de interés) en la nominalidad buscada por la política va a definir en gran medida el éxito o el fracaso del esquema. Abusar del ancla cambiaria y tarifaria con una nominalidad muy alta genera riesgos ciertos. Lo mismo que exagerar el cierre de la economía, o pretender bajar más agresivamente la tasa de interés que remunera el ahorro y volver a colocarla por debajo de la inflación, como ocurrió durante la mayor parte del kirchnerismo, sobre todo si se dilata el arreglo de la deuda. La consistencia y la secuencia de las decisiones de la política son fundamentales para definir el rumbo de la desinflación.
EL RIESGO ES QUE SI NO SE AVANZA RÁPIDO EN LA REPROGRAMACIÓN DE LA DEUDA EN DÓLARES, LA BRECHA CAMBIARIA QUE SUBIÓ $ 10 EN LOS ÚLTIMOS 15 DÍAS SIGA BAJO PRESIÓN.