Salud: emergencia financiera dentro de la sanitaria
La salud, además de ser una actividad de alto valor social, es un importante generador de empleo en términos formales y de alta calificación. Se trata de más de 750 mil puestos en todo el país, de los cuales 57 por ciento corresponde al sector privado y 43 por ciento, al público.
Antes de la pandemia por Covid-19, el sector prestador de salud privado cordobés ya se encontraba en una crisis de varios años, con dificultades que se profundizaron debido al desfase de precios relativos.
Las fuertes devaluaciones ocurridas desde 2018, y sus consecuentes saltos inflacionarios, deterioraron los ingresos reales del sector al rezagarse frente al nivel general de precios. Con costos aumentando por encima de la inflación e ingresos por debajo, se agudizó la crítica situación de la salud privada, que viene de varios años de cierres de establecimientos.
A la vez, las políticas económicas y tributarias que enfrentan distorsionan las reglas de juego de la actividad, y los salarios de los prestadores de atención médica no son suficientes para compensar la pérdida de poder adquisitivo, lo que genera entornos adversos en el interior del sector.
Los prestadores no pueden trasladar el incremento de costos a los financiadores debido a que esto sólo puede lograrse mediante la negociación de aranceles médicos, los cuales son regulados por la Superintendencia de Servicios de Salud.
De esta manera, clínicas y sanatorios quedan atrapados en múltiples negociaciones con el Ministerio de Trabajo y con los sindicatos, por los salarios; con los financiadores, por los aranceles, y con las autoridades estatales, por el precio de los planes de salud.
Indicadores
Desde el Ieral de Fundación Mediterránea se analiza la evolución de los costos y de los ingresos del sector a partir de dos índices que permiten su comparación. Para los costos, se tienen en cuenta cuatro grupos: erogaciones laborales; servicios públicos; materiales e insumos, e inversiones en tecnología y en infraestructura.
Este índice, en el primer trimestre del año, registró un incremento interanual del 62%, y en el segundo trimestre la suba fue del 30%.
En forma adicional, en el último período mencionado afloraron los efectos de la pandemia. La dinámica de los costos para prestar el servicio de atención médica sigue en mayor medida la de los costos laborales, y, en segundo lugar, la de los materiales e insumos, ambos afectados por la coyuntura.
En el caso del componente laboral, la inexistencia de paritarias y la falta de actualización de honorarios por parte de las obras sociales, sumadas a los beneficios del programa ATP (pago del 50% del salario por parte del Estado y hasta 95% de reducción de las contribuciones patronales), permitieron una contracción del 37% en esas erogaciones respecto del primer trimestre del año.
Por su parte, los materiales e insumos tuvieron una fuerte suba, por el incremento de precios traccionado por el aumento de la demanda de una serie de materiales descartables, los denominados “insumos Covid-19” (barbijos, alcohol en gel, batas, guantes, entre otros).
Algunos de esos productos triplicaron su precio en abril respecto del mismo mes de 2019. Así, ese rubro exhibió un incremento de más del 50% durante el primer semestre del año.
Con ingresos que subieron 30% en el último año y costos que se elevaron 53% interanual, se presenta una distancia considerable entre ambas variables en la primera mitad del año. Esta situación se agrega a lo ocurrido en los últimos períodos: en 2018, los costos estuvieron 13% por encima de los ingresos, brecha que se estiró a 26% en 2019 y a 37% en la primera mitad de 2020.
Pero los efectos de la pandemia y del confinamiento no sólo movieron los precios, sino que se tradujeron en una caída de la actividad en el sector. Por el temor al Covid-19, la población postergó la atención médica que no era de urgencia, situación en la que los más afectados son las clínicas y los sanatorios, cuyos ingresos dependen, en mayor medida, del cobro de las prestaciones más que de la percepción de cápitas.
Los resultados de una encuesta de actividad son contundentes: en marzo, la salud privada se redujo 30%, y en abril y mayo, la caída fue de 70% interanual.
El entramado de factores que explica la desarticulación de precios y costos en salud es complejo, por lo que no resultan simples las soluciones. La cuestión impositiva en el sector sigue irresuelta, los prestadores médicos conviven con el problema de la alta incidencia de los créditos de IVA no computables, el impuesto al cheque, contribuciones patronales, deuda fiscal creciente y la emergencia sanitaria que pospone soluciones estructurales.
La pandemia indujo una fuerte caída en las prestaciones que no sean por Covid-19, en un contexto en que, desde hace dos años, los costos suben más que los precios. La situación es grave y podría acentuarse el cierre de clínicas y de sanatorios privados, un proceso que ya lleva varios años.
Se suma un previsible escenario de descapitalización, lo que en conjunto redundaría en una menor oferta sanitaria futura y menos diversificada, restringiéndose sobre todo la disponibilidad de aquellas especialidades que requieren más complejidad y esfuerzo para su financiamiento y operatividad.
LA SITUACIÓN ES GRAVE Y EN EL CORTO PLAZO PODRÍA ACENTUARSE EL CIERRE DE CLÍNICAS Y DE SANATORIOS PRIVADOS EN CÓRDOBA.
LAS POLÍTICAS ECONÓMICAS Y TRIBUTARIAS DISTORSIONAN LAS REGLAS DE JUEGO PARA LA ACTIVIDAD.