ART. Los costos y la litigiosidad, bajo la lupa
El sistema de riesgos del trabajo cumple 25 años. Los últimos cambios en la ley redujeron los efectos de la judicialización, pero todavía son un problema para los empleadores.
Afrontar los accidentes de trabajo o las enfermedades laborales era un problema grave para los empleadores en las últimas décadas del siglo 20. Era porque los desembolsos asociados a estas contingencias, muchas veces, implicaban un importante quebranto para las empresas. A su vez, la siniestralidad y los costos inciertos eran una constante.
Este mes se cumplen 25 años de la puesta en marcha del actual sistema, que estableció la obligatoriedad de contar con una cobertura de una aseguradora de riesgos de trabajo (ART).
Su entrada en vigencia fijó procedimientos de prevención y definió una serie de prestaciones en especie y en dinero para los trabajadores afectados.
El nuevo régimen ordenó el sistema y amplió la cobertura. La cantidad de asalariados cubiertos pasó de unos cuatro millones a principios del siglo 21 a 9,6 millones en 2021, en tanto que los empleadores asegurados subieron de unos 300 mil a más de un millón en estas dos décadas.
En los últimos años, hubo una suba importante con la incorporación de los empleados de casas particulares.
De todos modos, todavía hay temas que no se terminan de resolver, como la judicialización de muchas situaciones.
Hubo varias reformas a la ley original que intentaron reducir la cantidad de casos que ingresan a la Justicia, a través de mejorar los montos de las prestaciones y fijar parámetros objetivos para medir la incapacidad. El último cambio se implementó en 2017, con 16 jurisdicciones adheridas y operativas, entre ellas, Córdoba.
La ley 27.348 estableció un procedimiento previo antes de ir a la Justicia, que consiste en pasar previamente por comisiones médicas, y se incrementaron las indemnizaciones.
Luego de la fuerte suba de la litigiosidad en los años previos, los indicadores comenzaron a bajar, aunque siguen en niveles elevados.
Según el último informe de la Unión de ART (Uart), con en datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), la cantidad de juicios ingresados a tribunales pasó de 24 por cada 10 mil trabajadores cubiertos en 2007, hasta un máximo de 127 en 2016, para bajar a 48 en 2020.
En términos absolutos, la cantidad de nuevos juicios notificados creció sin pausa: desde unos 3.012 en 2003 a 130.679 en 2017, para luego descender hasta 67.898 dos años después. En 2020, la cantidad de notificaciones bajó a casi 47 mil por el aislamiento de la pandemia, lo que implica una judicialización contenida, dice la Uart.
En el mismo sentido, en la provincia de Córdoba el impacto de la modificación de 2017 también redujo los ingresos de juicios. De cerca de 1.500 juicios ingresados en febrero de 2017 se bajó a menos de 500 a fin de ese año. En abril de 2021, ingresaron 279 demandas.
Como tema pendiente, el informe destaca la necesidad de conformar los Cuerpos Médicos Forenses (CMF) como instituciones periciales dentro de la Justicia de cada provincia.
La importancia de reducir la judicialización se refleja en los costos que pagan los empleadores para cubrir accidentes y enfermedades laborales. Con la reforma, la alícuota promedio sobre el salario pasó de 3,46 por ciento en 2016 a 2,63 por ciento en 2020. Así, el costo volvió a los niveles anteriores a 2009, aunque siguen por encima del 2,13 por ciento en 2004.
Por otra parte, el sistema ordenó las tareas de prevención obligatorias para los empleadores. La cantidad de visitas preventivas se multiplicaron y se redujo el índice de fallecidos en un 80 por ciento en todo este tiempo.
En 2020, la cantidad de muertes cada millón de trabajadores expuestos fue de 52,5 contando la modalidad in itinere (en tránsito) y de 30,4 sólo con los accidentes dentro del lugar de trabajo.
9,64 millones. Es la cantidad de trabajadores cubiertos a marzo de 2021, más del doble que 2003. 1.009.471. Son los empleadores que tienen cobertura de una ART, más del triple que los que había a principios del siglo 21.