Propuestas para salir de las sombras
En los libros de texto de economía aprendemos que en el flujo económico de un país, el ahorro es igual a la inversión. Pero, si ya lo sabremos, nuestra economía tiene muchas particularidades. El último informe de Balanza de Pagos publicado en junio de 2021 por el Indec muestra que el ahorro declarado por los argentinos en el exterior o fuera del sistema bancarizado ascendió a U$S 250.374 millones, representando un 65% del PBI de 2020 o todo lo que nuestro país tiene que pagar en concepto de deuda externa. Es decir, el ahorro interno no es igual a la inversión interna dado que los argentinos tienen ahorrado en el exterior casi tantos dólares como los que produce la economía hoy.
The “shadow economy”
Hay otra economía que es la no registrada y denominada “shadow
economy” o la “economía en las sombras”, la cual es muy difícil de estimar e involucra a fondos que provienen de la evasión, la corrupción, el narcotráfico y de otras tantas industrias ilegales en el país y el mundo que escapan del sistema tributario y del regulatorio.
En un estudio del Fondo Monetario Internacional de 2018 “Economía en las Sombras en todo el mundo: qué hemos aprendido durante estos 20 años”, se intentó determinar el peso de la misma en el país, reconociendo la dificultad en su estimación dado que buscan ser no detectadas. Se analizaron bajo criterios metodológicos 158 economías del mundo durante el período 1995-2015. Argentina quedó
rankeada dentro del grupo de mayor relevancia, con un tamaño de economía oculta del 36,3% del PBI, superando en 10 puntos a países como Uganda e Indonesia y 12 puntos por encima de Brasil.
La magnitud, las causas y las consecuencias de la evolución de este fenómeno habrían tenido un patrón creciente durante buena parte del siglo 20 con aumento de la misma durante incrementos de regulaciones económicas.
Los últimos hechos en nuestro país parecen acentuar este círculo vicioso del dinero que huye del sistema. La reciente reclasificación de Argentina como mercado independiente (standalone) y no de mercado fronterizo como se esperaba, deja a organizaciones fuera del radar de inversiones financieras.
Otro factor que alimenta esta simbiosis son las recientes medidas dispuestas por la Comisión Nacional de Valores (CNV) y el Banco Central, que fijaron nuevas reglas para la operatoria de compra y venta de bonos que permiten al inversor dolarizarse, más conocido como “Contado con Liquidación”. De ahí que en esta última semana aumentaron las presiones sobre el mercado del dólar blue, la moneda de la economía subterránea.
Si a esto le sumamos la alta presión tributaria, principal reclamo de los empresarios ante la gran cantidad de impuestos existentes en los tres niveles estatales (con su contracara: la evasión impositiva observada mediante la subdeclaración de ingresos en las encuestas de ingresos y gastos, evasión en el IVA o evasión de aportes a la seguridad social que impactan en la alta informalidad laboral), el círculo crece aún más.
Blanqueos
En nuestro país tenemos una larga historia en intentar repatriar esos fondos. Desde el regreso de la democracia hubo 6 instancias de blanqueo lanzadas por gobiernos de diferentes partidos políticos. Las razones de la amnistía fiscal no son éticas, sino puramente económicas ya sea para financiar el déficit fiscal mediante la obtención de ingresos extraordinarios, o para el ingreso de las divisas necesarias para el fortalecimiento de las reservas del Banco Central.
Recientemente el gobierno lanzó una nueva normalización de activos como parte de su “Plan Marshall” para reactivar la economía pospandemia, donde el dinero obtenido sea destinado a la construcción a cambio de pagar alícuotas leves para obtener el beneficio fiscal. Desde el sector, estimaban recibir un monto de U$S 5.000 millones, cosa que hasta ahora no sucedió por los tiempos burocráticos en la reglamentación, buscando ahora una prórroga a la misma. Este queda muy alejado del histórico blanqueo realizado por el gobierno de Mauricio Macri en 2016 que ascendió a U$S 110 mil millones y fue catalogado como el mayor de la historia del mundo por delante de Italia, que logró transparentar U$S 102 mil millones en 2009, y Brasil, con U$S 53 mil millones también en 2016.
El gobierno de Cristina Fernández también apeló a los blanqueos. El primero en 2009, cuyo monto fue de U$S 4.700 millones. El 96% se encontraba dentro del país. Con el segundo, en 2012, destinado a inversiones energéticas e inmobiliarias, sólo ingresaron U$S 2.600 millones. Y podemos seguir más atrás con Menem en 1992 y con Alfonsín en 1987.
Agenda pendiente
Los estudios muestran que existen tres motivos para ocultar una actividad económica: 1) Evitar el cumplimiento de regulaciones económicas, 2) Evadir impuestos y 3) Esquivar limitaciones que restringen el desarrollo de ciertas actividades económicas rentables. La evidencia empírica internacional muestra que países con tasas impositivas más bajas, menos posibilidades de sobornos, menos regulaciones, un mejor funcionamiento de la ley y un mayor castigo social a las conductas fraudulentas, presentan economías subterráneas de menor tamaño.
Por lo tanto, es necesario aplicar políticas para reducir el volumen y el desarrollo de esta economía oculta. Eliminar los impuestos (solución extrema, trivial y obvia) sería imposible dado que los tributos y regulaciones cumplen funciones importantes en el sistema económico. Sin embargo, si las actividades en las sombras provienen de regulaciones excesivas, de impuestos distorsivos o discriminatorios, o de prohibiciones injustificadas, la solución pasa por revisar esas políticas.
El caso se torna aún más complejo cuando surgen buenos argumentos para gravar o regular la actividad. Como resistencia a esa política pública, los actores suelen esconder la totalidad o parte de esa actividad, lo cual implica un alto grado de ilegalidad. Tres tipos de políticas pueden llevarse a cabo para reducir tales actividades: incrementar la sanción, incrementar la probabilidad de penalización e incrementar los beneficios de cumplimiento de la ley.
Investigadores y estudiosos sugieren que normas legales más razonables contribuyen en el largo plazo a aumentar el nivel de cumplimiento de las mismas. Si los agentes observan que los impuestos financian gastos públicos ineludibles, que la gestión estatal resulta honesta y eficiente, que las regulaciones son sensatas y equitativas y que las limitaciones están justificadas, el control social sobre las actividades ilegales será mayor y el propio incentivo individual a realizar este tipo de actividades será menor.
Pensar todo esto en Argentina parece idealista y hasta imposible dada la permanente escasez de divisas, tributos distorsivos, inversión alicaída y una actividad productiva golpeada, sumergida en medio de una pandemia que parece no tener fin.
Pero si no empezamos a plantear a conciencia el modo en el que el país genere más riqueza y bienestar a través de políticas que permitan que el dinero desde su origen se incorpore y se mantenga en el país dentro del sistema productivo de un modo genuino y legal, la economía en las sombras seguirá siendo la sombra que oscurezca nuestra economía.