Controversia transgénica
En la Argentina, el uso de los cultivos modificados no alcanzó una polémica extendida en la sociedad. Se limitó al sector científico.
La investigación para desarrollar plantas transgénicas en instituciones públicas argentinas comenzó a mediados de la década de 1980, y los transgénicos empezaron a utilizarse en la agricultura en 1996. A pesar de ser uno de los primeros países en tener investigaciones y aplicaciones sobre cultivos transgénicos, en la Argentina no hubo una controversia sobre el uso de estos últimos. Ello no significa que los transgénicos se hayan comenzado a emplear sin discusiones ni controles.
Greenpeace se instaló en la Argentina en 1987. Se bien ha realizado algunas intervenciones públicas puntuales en torno a los transgénicos, no fue uno de los ejes centrales de sus campañas en el país, como sí lo fue, por ejemplo, la conservación de los bosques. En Brasil y en Europa, en cambio, Greenpeace tomó la oposición a los transgénicos como uno de sus principales objetivos. Como organizaciones de carácter estrictamente local se puede mencionar al Grupo de Reflexión Rural, surgido a fines de la década de 1990. Es una organización de una docena de personas que promueve una agricultura de tipo “orgánico” y ataca fervorosamente a los transgénicos. Con un discurso esencialista, considera que los transgénicos son los “responsables en buena medida del despoblamiento rural y de la carencia de alimentos en muchísimos hogares argentinos”. Esta organización realizó algunas actividades en conjunto con el Movimiento de Campesinos de Santiago del Estero (Mocase). En un encuentro de organizaciones ecologistas y campesinas de la Argentina, Brasil y Uruguay, se declaró la necesidad de oponerse “al actual modelo de desarrollo, al proyecto agroexportador y a la transgénesis, que afectan trágicamente a los pueblos del Cono Sur”. Es decir, sí hay organizaciones sociales que se oponen a los transgénicos en la Argentina, pero ninguna de estas organizaciones instaló un debate en la arena pública. Lo
más cercano a ello fue una controversia desatada en 2009 en torno al glifosato. En 1976, Monsanto comenzó a comercializar Roundup Ready, un herbicida de amplio espectro cuyo principio activo es el glifosato. Al utilizarse con un cultivo transgénico que posee tolerancia a dicho herbicida el glifosato elimina todas las plantas, salvo el cultivo transgénico. En abril de 2009, en el contexto de un conflicto entre el gobierno y los empresarios agrícolas por las retenciones a las exportaciones de soja, un investigador dio a conocer, a través de un periódico, sus conclusiones sobre el glifosato. El Dr. Andrés Carrasco (expresidente del
LIC. EN BIOTECNOLOGÍA e investigador del CONICET. Conicet) comunicó que debía limitarse el uso del glifosato, ya que sus investigaciones mostraban que ante un mínimo uso de este se producían efectos negativos en la morfología de embriones. En sus experimentos, Carrasco habría inyectado glifosato en embriones de anfibios y comprobado sus efectos nocivos. El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva relativizó los alcances de la investigación, al sostener que no podía extrapolarse un ensayo sobre tejidos de anfibio a lo que podría ocurrir en el campo. Carrasco volvió a dirigirse a los medios de comunicación masiva para advertir que estaba recibiendo presiones por sus afirmaciones sobre el glifosato, a la par que señaló que investigaciones similares ya habían sido realizadas por otros científicos, como el francés Gilles-Eric Séralini. Carrasco recibió el apoyo de numerosas organizaciones sociales e individuos. Un
Consejo Científico Interdisciplinario fue convocado en el marco de la Comisión Nacional de Investigación sobre Agroquímicos (dependiente del Ministerio de Salud), específicamente para analizar la peligrosidad del glifosato, en función de la repercusión que había tomado el caso Carrasco. En julio de 2009, el Consejo publicó un informe, en el que concluyó que bajo condiciones de uso responsable, el glifosato implicaría un bajo riesgo para la salud humana o el ambiente. Carrasco consideró que dicho informe carecía de sustento por citar estudios financiados por la firma productora de glifosato (refiriéndose a Monsanto).
Mientras estos episodios tenían lugar, el glifosato fue cuestionado también por el modo en que era empleado por los productores agropecuarios. Estos rociaban los campos desde aviones cargados con glifosato. Vecinos de la localidad de San Jorge, en la provincia de Santa Fe, acudieron a la justicia para pedir que se suspendieran las pulverizaciones, pues estas caían sobre la población. La justicia avaló el pedido prohibiendo su uso a menos de 800 metros del límite comunal. También en la provincia de Córdoba, en agosto de 2012, un tribunal condenó a quienes habían fumigado con agroquímicos los barrios cercanos a los campos de cultivo.
Finalmente, un año y medio después de que Carrasco diera a conocer sus conclusiones sobre el glifosato en un periódico, salió publicado su artículo en una revista científica.