La ruta del dinero “L”:
Cómo se movió fuera del país el dinero para el pago de sobornos a legisladores, gastos de campaña de Lula y hasta para sus gastos personales.
cómo se movió fuera del país el dinero para el pago de sobornos a legisladores, gastos de campaña y personales de Lula.
La justicia brasileña parecería estar logrando, finalmente, desenmarañar los últimos detalles del mayor escándalo de corrupción de su historia: el “mensalao”, un circuito que pagaba sobornos todos los meses a legisladores para lograr sus votos sobre ciertas leyes. La “Banelco” do Brasil.
En septiembre del año pasado, el empresario Marcos Valério, autor material de los sobornos, se presentó voluntariamente en la Procuraduría General de la República en Brasil e hizo una extensa declaración en donde formalizó algunas revelaciones sobre el escándalo de corrupción más grande de la historia del país. La sentencia del proceso contra los beneficiados de estos sobornos, entre ellos el propio Valério, estaba en pleno curso en el Supremo Tribunal Federal. El empresario buscaba protección y un acuerdo de beneficio por colaboración en la investigación. En sus declaraciones, contó que el ex presidente Lula no solo tenía conocimiento del soborno, sino que también avaló las operaciones financieras clandestinas. Incluso afirma que el dinero utilizado para sobornar a los parlamentarios también se usó para pagar gastos personales de Lula cuando era presidente. Su testimonio dio origen a varias investigaciones. Una de ellas, involucrando una supuesta donación ilegal de dinero al PT, que tomó relevancia internacional.
DINERO NEGRO. La Policía Federal brasileña pidió ayuda para rastrear los movimientos de cuentas bancarias en el exterior que, según el publicitario Marcos Valério, fueron utilizadas por el PT para recibir donaciones ilegales para pagar gastos de la campaña presidencial de 2002. En su declaración, el autor del soborno brindó a los abogados los números de tres cuentas utilizadas para recibir 7 millones de dólares de la empresa Portugal Telecom, gigante del sector de telefonía que tenía negocios en Brasil e interés en acercarse al gobierno que recién comenzaba. Valério dijo que la donación fue aprobada por Lula, José Dirceu y el ex ministro Antonio Palocci, y que él se ocupó personalmente de la operación en Lisboa. Para despistar eventuales sospechas, los depósitos se habrían hecho por proveedores de Portugal Telecom en Macao, en el sur de China, tierra colonizada por los portugueses donde la influencia de Lisboa está presente aún hoy.
Valério afirmó que los 7 millones de dólares depositados en las tres cuentas sirvieron para pagar deudas contraídas por el PT en la campaña de Lula. Esa parte de la declaración, repleta de detalles sobre encuentros en Brasil y en el exterior entre los miem-
bros del PT y los dirigentes de la empresa portuguesa, dio origen a una investigación específica, justamente una de las más avanzadas. La Policía Federal y el Ministerio Público decidieron seguir el rastro del dinero. Primero, solicitaron a la Justicia autorización para romper el secreto bancario de los supuestos beneficiarios. Luego, los investigadores solicitaron al Departamento de Recuperación de Activos, organismo vinculado al Ministerio de Justicia, que tomara acciones sobre los países involucrados para conseguir acceso a las informaciones sobre los titulares de las cuentas, los saldos y detalles de los movimientos. Así, la policía espera descubrir, primero, si la historia contada por Valério es verdadera. Si se confirma, se pasará a la siguiente etapa: identificar a los depositantes y a los destinatarios finales del dinero.
Si luego de las declaraciones de Marcos Valério, Lula y los involucrados trataran de minimizar el riesgo potencial, el desarrollo del caso aterrará a los dirigentes del PT. El mes pasado, el propio ex presidente reclamó a sus compañeros de partido, luego de ser informado de que el ex ministro Antonio Palocci, su asesor directo hasta hoy, fuera intimado a declarar en el caso. El reclamo llegó al gabinete de la presidente Dilma Rousseff, quien inició un proceso contra el ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo. A su vez, Cardozo le encargó al comando de la Policía Federal, bajo sus órdenes, averiguar las medidas adoptadas por los investigadores a partir de las declaraciones de Valério. Entonces, comenzó una tarea informal para mapear el curso de las investigaciones. Los policías contratados supieron que la misión tuvo origen en un reclamo hecho por Lula a Dilma.
¿LULA A LA CÁRCEL? En poco tiempo, el propio Lula recibirá una intimación para prestar declaraciones en Ministerio Público Electoral en Brasilia, pero sobre otro episodio derivado de las revelaciones de Marcos Valério: una donación no declarada de 1 millón de reales hecha por la empresa Usiminas a la campaña presidencial de 2002. En su declaración, Valério contó que participó en la donación de la siderúrgica, una de las más grandes del país.
Según el publicista, Usiminas ya era cliente de una de sus agencias, la SMPB, hacía más de 15 años y el entonces presidente de la compañía, Rinaldo Soares, “quiso ayudar” a la campaña de Lula. Acompañado por uno de sus socios, Cristiano Paz, Valério viajó a San Pablo para reunirse con Delúbio Soares, entonces tesorero del PT, y José Dirceu, jefe de la campaña que luego se convertiría en un hombre fuerte del gobierno y ganaría el título de jefe del soborno. En dicho encuentro se acordó, según Valério, que el dinero sería enviado al partido a través de una triangulación, para ocultar el negocio: proveedores de Usiminas harían pagos directos a proveedores de la campaña y a personas indicadas por los dirigentes del PT a través de la SMPB. Valério apunta a la existencia del delito electoral, por lo que esa parte de su declaración está bajo análisis de la sección del Ministerio Público que investiga irregularidades en campañas. El promotor electoral del Distrito Federal, Mauro Faria de Lima, ya solicitó informaciones detalladas de las cuentas de la campaña del presidente Lula en el 2002 y confirmó que la donación de 1 millón de reales de Usiminas no aparece allí. Además de Lula, Valério también será llamado a declarar. Según el desarrollo del proceso, Lula puede ser personalmente responsabilizado por el delito electoral, cuya penalidad llega a cinco años de prisión y el pago de una multa. La supuesta donación irregular de Usiminas no llega a ser propiamente una novedad en los expedientes de la compañía.
En 2007, la Comisión de Valores Mobiliarios determinó que 1 millón de reales desviados para campañas debían ser devueltos a la empresa. Por coincidencia, las donaciones también se habían hecho a través de contratos de publicidad firmados por Marcos Valério. Por coincidencia, la orden para las donaciones surgió del mismo Rinaldo Soares, que falleció en 2011.
La semana pasada, el proceso de sobornos dio otro pequeño paso en dirección hacia el final. El Supremo Tribunal Federal publicó la sentencia de los embargos de declaración y, con ello, determinó el plazo para que los abogados presenten sus últimos recursos. Los doce acusados que tienen derecho a los llamados embargos en infracción tendrán treinta días para presentarlos, con la intención de revertir la condena por los delitos. A los otros trece condenados les resta apenas un último expediente, destinado a esclarecer dudas sobre la sentencia. El presidente del tribunal, ministro Joaquim Barbosa, afirmó que estos últimos deben ser juzgados este mes. Así, Roberto Jefferson, el delator del plan, y el diputado Valdemar Costa Neto (PR-SP) podrían tener la prisión inmediatamente sentenciada.