El problema son los pesos
El rojo fiscal se agravó y la emisión se vuelve a descontrolar. Proyecciones de estanflación.
Junto
al virtual “golpismo inflacionario” de fin de año -alentado o permitido por el Gobierno hasta niveles que proyectan un 30% para el 2014-, también cayó la coparticipación a las provincias del 35% al 25% de julio a noviembre. Coincide en noviembre y diciembre con el período de mayor estacionalidad de los gastos de las gobernaciones, tanto por el pago del medio aguinaldo como por la la can- celación de los certificados de obra pública acumulados y no pagados o postergados a lo largo del año. Se estima que por esta vía de reducir las transferencias, la Nación se quedó con 25.000 millones de pesos de las provincias solo en el 2012. Córdoba denuncia que la han hecho resignar 9.300 millones.
En ese contexto, se produjeron las paritarias salvajes de las policías y los estallidos de violencia social en varias provincias (ver nota de tapa). Nadín Argañaraz, director del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) explica: “El problema de fondo es la plata que las provincias resignan porque no se coparticipa lo que se recauda, como el impuesto al cheque, los derechos de exportación y el financiamiento de la seguridad social. Eso restringe la capacidad de gasto de las provincias y las obliga a aumentar la presión impositiva. El resultado es una distorsión que impacta directo en el bolsillo de la gente”. Jorge Colina, economista del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa): "La clave está en las finanzas provinciales y en la red clientelar. Diciembre es un mes fiscalmente complicado. Las provincias tienen que pagar aguinaldos y se atrasa la llegada de fondos para cubrir planes sociales. La red clientelar aprovecha esa circunstancia para propiciar saqueos. Las cosas han empeorado: tenemos episodios
armados en un escenario de mayor inflación y estancamiento en la creación de empleo”.
QUIÉN AYUDA. La concesión de aumentos salariales en los básicos muy por arriba de las mediciones privadas de inflación -el doble, o más- plantea antea ahora el crucial interrogante sobre las verdaderas posibilidades de e que las administraciones provinciales ciales puedan efectivizar finalmente los os pagos comprometidos. Las exigencias ncias salariales de los uniformados se extendió automáticamente a todos os los gremios de empleados públicos. os. El dato es preocupante, sobre todo do con la vista puesta en las paritarias as del 2014: los sueldos públicos provinciales representan el 50% del gasto en la provincia de Buenos Aires s y en el Chaco, casi el 60% en Tucumán, umán, el 62% en Río Negro y casi el 50% 0% en Córdoba, entre otras tantas cuentas entas que no cierran.
El recurso de apelar a la ayuda da del gobierno nacional, al menos en el caso de las gobernaciones alineadas s con Olivos, no parece que esta vez tenga respuestas satisfactorias. El déficit fiscal nacional trepará este año hasta los 150.000 millones de pesos, casi un 5% del PBI. Al poder central no solo se le fugan los dólares. Apenas si le alcanzan los pesos que imprime generosamente el Banco Central al Tesoro nacional a costa de las reservas: en dos años de vigencia del cepo cambiario, esa turbia financiación del gasto de la Nación se tragó 250.000 millones de pesos. E incluyó cada año unos 40.000 millones destinados a los planes asistencialistas que, a esta altura, ya perdieron la carrera contra la inflación. Pero además del impacto fiscal, se hace insostenible su desigual administración: el 70% de los recursos es manejado por la Nación y apenas el 23% por las provincias y un 7% por los municipios. Ante semejante cuadro, es demasiado pedirles a los gremios que encorseten sus demandas entre el 18 y el 20% en las próximas paritarias. Es el ilusorio “plan antiinflacionario” que anticipan Jorge Capitanich y Axel Kicillof para el año que viene. Ni los dirigentes más cristinistas de la CGT Balcarce acep- tarían un techo salarial tan bajo.
Las proyecciones para el año que viene son desalentadoras. Las exportaciones, por ejemplo, caerían alrededor de 5% por la combinación de factores restrictivos: menor precio de la soja, menores ventas a Brasil y menores ventas energéticas. Un informe del consultor Ramiro Castiñeira, de Econométrica, saca las conclusiones de dicha tendencia: "Simple, si las exportaciones no crecen, pero en cambio crece el mercado interno en base a una política fiscal y monetaria expansiva, rápidamente se traduciría en mayores importaciones, lo que achicaría el menguado saldo comercial o le pondría mayor presión a las reservas del Banco Central y al tipo de cambio paralelo". No queda mucho margen. Si el año que viene la economía creciera a un 3%, es decir si repitiera la supuesta alza que tendría este año, con las importaciones aumentando unos 7.500 millones de dólares, como en el 2013, se agotaría directamente el saldo comercial
que cerrará a fin de año, se estima, en 8.500 millones de dólares. Solo el pago de la deuda pública requerirá en el 2014 unos 5.500 millones de dólares, 2.800 millones correspondientes al pago del Cupón PBI derivada de un falso crecimiento del Producto por arriba del 3,26%. Los números oficiales suenan delirantes a la luz de los verdaderos pronósticos privados: 1,5% de suba del PBI, inflación de entre 28 y 30% anual, caída de exportaciones, dólar oficial entre 7,5 y 8 pesos promedio anual.
LA BOMBA SOCIAL. A la par, el dete- rioro social, lejos de la promesa de inclusión e igualdad, empezó a mostrar su imagen más descarnada. El Barómetro de la Deuda Social de la Universidad Católica registró una caída del 11,7% en el índice de seguridad alimentaria de la población: unos cuatro millones y medio de argentinos experimentaron en el último año una reducción en la porción de alimentos que consumía o atravesó alguna circunstancia de hambre por razones económicas. El deterioro se registraba al mismo tiempo que el país producía una cosecha récord para el período 2012/2013 de más de 100 millones de toneladas de cereales. Pese al sistema clientelar, la última década deja una herencia dramática: 10 millones de pobres; 2 millones de indigentes; 1,2 millones de hogares precarios; 3,5 millones de hogares sin cloacas y casi 4 millones de mayores de 18 sin trabajo y sin proyecto de futuro. Un balance vergonzoso del "modelo", la verdadera bomba de tiempo que deja la actual administración de Cristina Fernández a su sucesor del 2015. Es la que se empezó a activar con los últimos episodios de violencia social en varias provincias.
Axel Kicillof, de regreso de China, estaba, en realidad, más preocupado por el desborde inflacionario. Ahoraquiere concentrarse en el postergado y polémico acuerdo de precios que se pretende aplicar desde el 1º de enero. "O paramos los precios, o entramos en zona de debacle", alarmó a propios y extraños el ministro.