Gambetas chavistas
“Marcha atrás” para que todo siga igual. El verdadero objetivo de la burda decisión del Tribunal Supremo contra la Asamblea Nacional.
El chavismo no dio “marcha atrás”, como dijeron todos los diarios y noticieros. Maniobró haciendo su juego: ganar tiempo. El Poder Legislativo sigue tan atenazado como lo estaba antes de que los jueces supremos anunciaran el absurdo dictamen por el cual abducían las facultades del Congreso. Sin embargo, la supuesta “marcha atrás” deja la sensación de que se restableció la institucionalidad que el máximo tribunal había suspendido.
La fiscal general que denunció inconstitucionalidad en el dictamen, es la misma que justifica el encarcelamiento de Leopoldo López y otros cientos de disidentes en prisiones militares. Luisa Ortega no puso en retroceso al régimen. En todo caso, lo que hizo la fiscal general fue escenificar un libreto de institucionalidad, para enviar al mundo la engañosa idea de que en el Estado venezolano hay controles y equilibrios.
En realidad, lo que hay en Venezuela es un congreso condenado a la existencia virtual, desde que el Tribunal Supremo lo declaró en “desacato” y dictaminó que sean nulas todas las leyes y resoluciones que emanen del cuerpo legislativo. Primero anuló la elección de tres diputados indígenas del Estado de Amazonas, para que la oposición no tenga la mayoría calificada que, por ejemplo, le permitiría indultar a los presos políticos. Y a renglón seguido decretó que hasta que no legisle como le gusta al Poder Ejecutivo, todas las leyes que promulgue nacerán muertas. Una vasectomía institucional que volvió infértil la Asamblea Nacional.
Con eso alcanzaba, pero hubo un innecesario golpe más: el Poder Judicial le quito inmunidad a los diputados y a renglón seguido abdujo la facultad de legislar al Congreso, algo tan absurdo como que los legisladores les quiten a los jueces la facultad de juzgar y sentenciar.
La prensa “se comió el amague” y llamó “giro” y “marcha atrás” a una medida que no revierte la vasectomía que dejó sin fecundidad legislativa a la Asamblea Nacional. En la cancha venezolana, el Poder Ejecutivo golea al Poder Legislativo porque el Poder Judicial es un árbitro que anula todos los goles a los diputados.
¿Cómo es posible creer que, en semejante esquema, exista la posibilidad de que una fiscal general, chavista hasta la médula, ponga verdaderamente límites al régimen?
Por cierto, si la medida pasaba, pasaba. Pero no pasó. Perú, Chile y Colombia avanzaron velozmente hacia la ruptura diplomática, mientras el Mercosur se organizaba para borrar de un plumazo la membresía venezolana, al tiempo que llovían repudios y acusaciones de golpe de Estado desde todos los rincones del planeta.
El Mercosur no “se comió el amague”. Si bien se reunió luego de que el régimen le restituyera al congreso la facultad de seguir existiendo aunque sin revertir la medida que anula todas sus iniciativas, suscribió un documento en el que exige a Maduro cumplir con el cronograma electoral que cajonea desde que las encuestas anticipan
derrotas catastróficas del chavismo. También le exige la “liberación de los presos políticos”.
El problema del Mercosur a la hora de presionar a Maduro es que dos de sus miembros tienen la autoridad moral opacada. El presidente paraguayo Horacio Cartes, con la insólita complicidad de su archirrival Fernando Lugo, violó brutalmente la ética legislativa al hacer que el Senado apruebe, entre gallos y medianoche, una enmienda que impone la reelección presidencial. La maniobra urdida fue, en sí misma, una violación a la institucionalidad. En 1992, tras la larga dictadura de Stroessner, una reforma constitucional incluyó el artículo 229, que prohíbe la reelección, y el 290, que establece la reforma y rechaza la enmienda como instrumento para la modificación de todo lo que tenga que ver con elección presidencial y duración del mandato. Sin embargo, eso intentaron irresponsablemente cartistas y lugistas, haciendo estallar la ira de los manifestantes que incendiaron el edificio del Congreso.
La represión policial asesinó al líder de la Juventud Liberal. Por eso, que el presidente haya destituido al ministro del Interior y al jefe de policía, no lo hace menos responsable del desastre que produjo.
A Maduro le vino bien la tropelía institucional de Horacio Cartes. El problema para el chavismo es que Fernando Lugo fue parte de la jugada y, desde que fue presidente, el ex obispo declara su adhesión al ideario que pregonaba Chávez.
Más allá del turbio presidente paraguayo y de Michel Temer, el “ocupa” del Palacio Planalto al que el huracán Odebrecht podría arrastrar hasta el banquillo de los acusados, en Venezuela impera una “ineptocracia” que quebró la economía, sin embargo es sumamente astuta para acumular riquezas clandestinas que financian su poderío.
Es probable que, así como ISIS contrabandeaba petróleo robado a Irak y Siria, el régimen que manejan Maduro y Diosdado Cabello contrabandee crudo de PDVSA. Por eso, mientras el gobierno pide a la ONU asistencia en medicamentos, como hacen los gobernantes de países arrasados por sequías o guerras, posiblemente acumula de manera clandestina dinero de petróleo contrabandeado por las cúpulas política y militar. También es posible que militares y burócratas estén asociados con narcotraficantes. De hecho, además de las denuncias de la DEA, confesó tener vínculos con el vicepresidente Tarek el Aissami el capo narco Walid Makled, cuando lo atraparon en Colombia.
En Venezuela las arcas públicas están exhaustas, pero debe haber otras arcas que están repletas. De ellas saldría el dinero que soborna a dirigentes para que dividan permanentemente a la oposición. Eso explicaría el financiamiento de conspiraciones para que los “enemigos internos” siempre giren en círculos, sin avanzar en alguna dirección.
La riqueza de un poder que se erige sobre la pobreza de un país, quizá no sólo explica las divisiones y autosabotajes que inutilizan a la oposición. Podría explicar, además, el triste rol de mediadores extranjeros que sólo fueron útiles para que Maduro gane tiempo. También el silencio de una región que, en los 90, supo conjurar el golpe de Fujimori imponiéndole sanciones, presión diplomática y aislamiento, pero le ha permitido al chavismo tener secuestrados, desde hace más de un año, los atributos del Poder Legislativo; además de dejar en soledad al titular de la OEA, Luis Almagro, en su esfuerzo para que las urnas sean la brújula que rescate a Venezuela del laberinto donde deambula extraviada.