La patria traicionada
De las cortes marciales a la Justicia oportunista. Un lenguaje heroico que esconde miserias.
El discurso marcial está entre nosotros. No discutimos ya deslealtades partidarias ni vilezas oportunas. La agenda judicial recalentada por las urgencias de un nuevo ciclo político nos interpela con la peor de las conjuras: traición a la patria.
Épica, aleccionadora y anacrónica como un sablazo, la figura legal que el juez Bonadío esgrime contra la ex presidenta en la presunción de un plan criminal para proteger a los sospechosos del atentado contra la AMIA, parece destinada a un show de fanfarrias con degradación pública exprés.
Más afín con el espíritu de regímenes autoritarios que han utilizado a la tipificación de este delito como un instrumento de control, el último régimen miliar, por caso, decretó la detención y el encarcelamiento del fundador de NOTICIAS, Jorge Fontevecchia, acusado de traición a la patria por la cobertura de la Guerra de Malvinas que se había hecho en la entonces revista La Semana.
Pretender aplicar la vara de la legalidad a una dictadura resulta un oxímoron. Pero ¿cómo se delimita, en un contexto democrático y no bélico la acusación de unirse a los intereses de un enemigo nacional? ¿La soberanía económica, cuenta? ¿Y el dispendio de los recursos naturales? En el caso del memorándum de entendimiento con Irán, además, fue aprobado por el Congreso y, de yapa, nunca entró en vigencia. Las
interpretaciones light del concepto jurídico concebido para la defensa nacional tuvieron una versión previa de baja intensidad mediática en abril pasado, cuando la justicia federal recibió una denuncia contra el presidente Macri “porque su gobierno autorizó la emisión de deuda por hasta veinte mil millones de dólares y estableció jurisdicciones a favor de los tribunales de Nueva York y Londres, renunciando a oponer la defensa de inmunidad soberana”. Como se ve, la ruptura social tiene traidores patrios a tiro de denunciantes volátiles de amplio espectro.
Pero antes de este último descollante ingreso a los altos estrados, el uso liviano de este delito viene escalando hace unos años en la contienda verborrágica de la Ar- gentina agrietada. En el plano más bizarro, la cartografía ofreció campo a interpretaciones nacionalistas variopintas: la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley fue denunciada ante el juez Lijo por traición a la patria a causa del mapa de la Argentina que ilustraba unas tarjetas de salutación que omitían a las Islas Malvinas. No la alertó Nilda Garré, quien ya había pasado por el mismo chubasco gracias al error de otro dibujo –esta vez de la gestión K- que también se las olvidó en un mapa de la Revista de la Defensa, de ese ministerio. También antes del despoder y la malaria, un Amado Boudou vicepresidente declaró que hablar de poskirchnerismo es traición a la patria. Fue en el verano del 2012, escoltado por el entonces presidente de la Cámara de Diputados Julián Domínguez. Nadie le pidió explicación. Y en mayo del 2013 se los acusó de lo mismo a los diputados y senadores que votaron la reforma judicial impulsada por el kirchnerismo. Más ying y yang del absurdo. Lejos en el tiempo, la historia argentina reporta una única oportunidad en la que el delito de traición a la patria derivó en una condena. La padeció el Mayor Guillermo Mac Hannaford, condenado por espionaje y degradado en una solemne ceremonia en 1936. Había sido acusado de intentar vender documentos militares secretos a Bolivia, Paraguay y Chile. Y aunque la comprobación fue endeble pasó 19 años preso. Su caso recordó la historia del militar francés Alfred Dreyfus, también acusado de traficar información sensible con pruebas polémicas. El derrotero de las denuncias por traición a la patria, desde los tribunales militares del pasado a los brulotes entretenedores del presente, no debería dejarle mucho espacio a la Justicia para tomárselas en serio.