Piratería de libros
La copia impone pérdidas enormes a la industria editorial. Editores paralelos y virtuales. Nuevas estrategias para detener el delito.
Como en otros rubros, la maquinaria delictiva le saca una cabeza a la industria legal. Métodos de contraataque.
El
20 de diciembre de 2013, Buenos Aires amanecía derretida en medio de una ola de calor atípica. Integrantes del área de Investigaciones Criminales de la Policía Metropolitana subieron la escalera de una casa de clase media en el partido de San Martín y el termómetro marcó uno de sus picos más altos. En la terraza había una bicicleta roja, un cactus erguido en una maceta, una parrilla perfectamente limpia, un cajón de cerveza lleno de botellas vacías y centenares de libros falsos, de distintos autores, editoriales y temáticas. Fue uno de los 14 allanamientos realizados en simultáneo después de un año de investigación del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 3 a cargo de Daniel Rafecas, tras la denuncia penal que hicieron Editorial Planeta y el Centro de Administración de Derechos Reprográficos (CADRA), que protege a autores y editores y está presidido por Federico Polak. Los números fueron contundentes: se incautaron 100 mil ejemplares falsos, hubo siete procesados que pidieron la “probation” y uno con condena efectiva, porque tenía antecedentes de falsificador. El barco pirata había encallado. Pero solo por un rato. La pulseada entre el copyright y truchalandia nunca termina.
POR DERECHO PROPIO. Como en otros rubros, la maquinaria delictiva le saca una cabeza de ventaja a la industria legal. Pablo Slonimsqui es abogado del Grupo Planeta y uno de los que más viene batallando. “Creo que es una red de seis o siete referentes e involucra a imprentas, encuadernadoras, kioscos, librerías. Nadie compra, vende o distribuye libros truchos ingenuamente y es tan autor del delito ese como el que lo confecciona ilegalmente”, afirma.
Falsificar ejemplares físicos, atenta contra la ley de Marcas y Designaciones (22.362), ya que se reproduce el logo del sello editorial en la tapa del libro, y viola la ley de Propiedad Intelectual (11.723). José Liñán, Director General de Editorial Santillana, relata lo que parece increíble: en 2012 encontraron ejemplares apócrifos de “Crepúsculo” en un stand de la Feria del Libro. “Mediante carta documento los sacaron de circulación pero no pasó más que eso. Quienes los vendían alegaron que los habían adquirido de buena fe y todo quedó ahí”, reconstruye. Ese mismo año, Viviana Canosa se presentó en la comisaría 17 y radicó la denuncia que fue puntapié para la investigación de Rafecas. La conductora se había indignado al darse cuenta de que algunos de los ejemplares que le llevaban sus lectores para firmar en la Feria no eran originales editados por Planeta. Gastón Etchegaray, Presidente Corporativo del Área Cono Sur de Editorial Planeta, cuenta que ese sello da una constante pelea contra los falsificadores que trabajan con empresas “caza piratas” y que hacen acciones continuas en kioscos de diarios o depósitos. “Ellos saben que estamos atentos, los últimos operativos fueron un golpe económico importante y tuvieron consecuencias legales para algunos y se cuidan de nosotros”, asegura.
“Cuando las principales editoriales avanzaron juntas, se hicieron procedimientos importantes y los fabricantes de libros falsos entendieron que la cosa iba en serio. A partir de eso, se alcanzó una suerte de armisticio por el que se comprometieron informalmente a no falsificar más libros incluidos en lo que se conoce como servicio de novedades”, explica Slonimsqui. El concepto reúne a los libros recién editados y, según el abogado, varios de los bestseller que salieron a la calle en medio de ese acuerdo tácito, vendieron arriba de lo previsto.
Etchegaray es uno de los miembros de la Cámara Argentina de Publicaciones y dice que en esa institución calculan que la piratería se lleva entre un 20 y un 25 por ciento del negocio. Son las pequeñas editoriales las que más sufren la embestida. “No hay una
“No hay una política clara contra la piratería. Se estima que representan alrededor de un millón de ejemplares anuales”. José Liñán, Director General de Editorial Santillana.
“Necesitamos contar con una fiscalía especializada en piratería y personas puestas a investigar”. Magdalena Iraizoz, directora ejecutiva de CADRA.
política clara contra la piratería. Tampoco tenemos datos reales pero se estima que representan alrededor de un millón de ejemplares anuales”, dice Liñán. Para Fernando Fagnani, editor de Edhasa, sin un diagnóstico claro de situación, es difícil determinar un consenso para la acción.
MATERIAL. Los textos académicos, técnicos y escolares son los más afectados por la piratería digital, aún más difícil de detectar y frenar. “Si antes luchábamos contra las fotocopias, ahora lo hacemos contra los PDFs. De hecho, estamos probando un método por el que sale una marca al fotocopiarlo pero que no serviría para evitar la digitalización”, cuenta Liñán. Uno de los agravantes es la transnacionalidad del delito, ya que alguien puede ofrecer un archivo desde un servidor de cualquier lugar del mundo, por lo que la denuncia debería radicarse en el país de origen.
La tecnología es tierra fértil para los negocios “non sanctos”. De hecho, la Cámara Argentina del Libro (CAL) tiene una comisión que se ocupa específicamente de las digitalizaciones ilegales o ebooks crakeados (comercializados o compartidos) sin autorización de los autores y, en junio pasado, suscribió un acuerdo con Mercado Libre. “Mercado Libre nos brindó un sistema de ‘denunciante autorizado’ para denunciar las publicaciones digitales en infracción de los socios de nuestra Cámara, comprometiéndose a remover las ofertas ilícitas”, cuenta Diana Segovia, Gerente de la CAL. Inicialmente el sistema permitía denunciar una a una las publicaciones en infracción, la tarea implicaba mucho tiempo y no daba resultados porque volvían a ofrecerse a los pocos días. A raíz de eso, la CAL comenzó a denunciar a los usuarios que tenían más de mil publicaciones piratas. “En los últimos meses Mercado Libre acepto dar de baja a los usuarios con mayor cantidad de publicaciones ilegales e incorporó filtros para evitar la republicación”, dice Segovia. Desde la firma del acuerdo, la Cámara hizo más de 3 mil denuncias por infracciones al derecho de autor y algunas otras a la Ley de Defensa de la Actividad Librera (25.542). “Aunque no se ha eliminado la totalidad de oferta digital en infracción, se ha reducido considerablemente”, asegura Segovia.
Para la CAL, es indispensable que las plataformas cuenten con un mecanismo de notificación y baja de contenidos rápido y efectivo, que impida la recurrencia. “Existen dos sistemas, mundialmente conocidos y aplicados (“Notice and Takedown” y “Notice and Staydown”), que permiten la adquisición de responsabilidad de los proveedores de servicios de internet, obligando a la baja del contenido en infracción”, explica Segovia.
A su vez, el formato Netflix o Spotify es una vuelta de tuerca que comienza a usar el mundo editorial. “Ya existen bibliotecas virtuales para alumnos secundarios en Estados Unidos, por las que, cuota mediante, se accede a mil libros por año”, dice Liñán.
REDUCCIÓN DE DAÑOS. ¿Por qué es tan difícil evitar que en un kiosco del centro porteño o en una feria, por ejemplo, se vendan libros truchos sin siquiera ponerse colorados? Slonimsqui explica que para las editoriales significa un esfuerzo de logística y económico: “Cuando hay un allanamiento y secuestro de apócrifos, hay que aportar los ejemplares auténticos y acreditar los derechos de autor. Sin eso no se configura el delito. La cuestión puede tener varias contingencias, como que
falsifiquen la primera edición de un bestseller que ya va por la tercera y que cambió el diseño de tapa y eso complique cotejar con el apócrifo; o que no hayan imprimido los originales en la misma editorial y haya cambios sutiles que obstaculicen el peritaje”.
Magdalena Iraizoz es Directora Ejecutiva de CADRA, equivalente en la industria librera a SADAIC. Para frenar la reproducción ilegal, la institución creo una licencia de autorización parcial bajo remuneración que habilita a fotocopiar el 20 por ciento del libro con permiso de sus autores. “Tenemos convenios firmados con organismos gubernamentales, universidades, empresas y fotocopiadoras. Acercamos los contenidos pero protegiendo a los autores. Lo que cobramos, después de deducir los gastos administrativos, lo repartimos entre nuestros socios”, explica aun reconociendo que la fotocopia es un elemento en retroceso y que la mayor amenaza es la copia digital. Como representante de CADRA, estuvo en los allanamientos de 2013 y todavía se indigna al recordar lo que vio allí: “Son mafias, hay lavado de dinero y otros negocios: en aquellos procedimientos aparecieron, por ejemplo, cantidad de pastillas del día después o de ejemplares pirata de libros que formaban parte de un plan del Ministerio de Educación y material antisemita”.
CON UN OJO MENOS. El derecho de autor está considerado uno de los derechos humanos, según establece el artículo 27 de la DUDH. Iraizoz asegura: “Necesitamos contar con una fiscalía especializada en piratería, para que haya un protocolo de procedimiento y personas puestas a investigar y perseguir el delito tutelando el derecho de propiedad intelectual y a la industria cultural”. Ella discute incluso con amigos suyos que le porfían que no es lo mismo el robo de un auto que falsificar un libro. “¿Por qué no es lo mismo? Es tu creación y tiene que ser protegida”, dice Iarizoz. “Yo sugerí la creación de una procuraduría especial antipiratería, en la que trabaje un fiscal preparado en el tema y tenga un protocolo”, coincide Slonimsqui. Para Fagnani, la responsabilidad primera e indelegable es del poder judicial y de la policía. “Es un delito penal que implica el deterioro de la industria e imposibilita que ingresen impuestos, hay un perjuicio impositivo para el Estado también”, afirma. A criterio de Liñán, la piratería tiene adeptos no tanto por una motivación económica sino social, porque falta educación y concientizar que comprar apócrifos es un delito. “Si bien es un fenómeno mundial, hay países, como Inglaterra, Francia y los nórdicos, que demuestran que puede reducirse casi a cero. Ellos lo lograron a fuerza de leyes y multas (que se cumplen y se aplican), además de una campaña de concientización social”, sostiene.
Hay una cuestión ideológica que subyace: la promoción de la circulación gratuita del conocimiento, la información y los contenidos. “La idea de que lo que está en internet tiene que ser gratis y que los contenidos no son de nadie es falaz. Quien sube un libro a la web sin autorización de su autor, está haciendo negocios con Google y/o con los anunciantes. Necesitamos un Estado que se comprometa con el derecho de autor y defienda la industria cultural y a todas las familias que están detrás”, proclama Iraizoz.