Pasado y futuro de la democracia directa:

Repaso por las transformaciones que sufrió la democracia en el siglo XXI con la incorporación de mecanismos como el referendo y las revocatorias de mandatos que se pudieron ver recientemente en Brasil, España y Colombia, el Brexit, y los procesos de autod

repaso por las transformaciones que sufrió la democracia en el siglo XXI con la incorporación de mecanismos como el referendo y las revocatorias de mandatos que se pudieron ver recientemente en Brasil, España y Colombia, el Brexit, y los procesos de autodeterminación de Escocia y Cataluña, entre otros. Por Yanina Welp.

La democracia directa, para algunos la única “verdadera democracia”, es en sentido estricto el sistema en el que el poder es ejercido directamente por el pueblo en Asamblea. Sin embargo, hay pocos ejemplos históricos duraderos y casi ninguno de ellos representa un modelo puro –el renombrado caso ateniense contaba con un Consejo de Sabios y un Poder Ejecutivo. De igual manera, la posibilidad de volver a pensar en formas directas de ejercicio del poder ha resurgido en las últimas décadas, debido a la crisis de la democracia representativa y a la expansión de nuevas tecnologías, que han invitado a idear formas de renovar la democracia..

INICIOS. En el año 507 a.C. Clístenes impulsó la democracia en la ciudad Estado de Atenas. El gobierno se organizó entonces en torno a una Asamblea, en la que participaban todos los ciudadanos varones de la ciudad, y un Senado, cuyos miembros se elegían por sorteo. La Asamblea elegía incluso al líder del ejército. Quienes rechazan hoy la instalación de una democracia directa al estilo ateniense argumentan sobre la incompetencia de los ciudadanos para tomar decisiones complejas, por un lado, y por otro, insinúan que sistemas de este tipo pueden ser más proclives a culminar en la aceptación de líderes carismáticos o populistas que conduzcan a sistemas autoritarios. Finalmente, los críticos también sostienen que la democracia directa no podría funcionar en las sociedades masivas contemporáneas. Por limitaciones de espacio y de tiempo, la ciudadanía tendría dificultades para participar y las decisiones serían tomadas finalmente por una minoría de personas especialmente activas. Una crítica más reciente supone que la democracia griega era menos democrática y menos directa de lo que se supone. Lo primero es bien conocido: mujeres, esclavos y pobres estaban excluidos del ámbito de toma de decisiones. Lo segundo refiere a los poderes que convivían con la Asamblea. Aun si la Asamblea tenía un poder teóricamente absoluto para decidir sobre leyes y decretos, no podía tratarlos si no había primero un informe del Consejo de Sabios, con lo que no tenía capacidad para definir su propia agenda, aunque una vez instalado el tema, la Asamblea no estaba obligada a seguir las recomendaciones recibidas. De a poco, esto evolucionó y se establecieron restricciones que fueron limitando el poder de la Asamblea. Por otro lado, los sorteados para

el Senado respondían a un grupo de ciudadanos muy delimitados de aristócratas ya que no cualquiera podía participar del sorteo.

La de Atenas no es la única experiencia. Durante al menos cuatro siglos, entre el 449 a.C. y el año 44 a.C., los ciudadanos participaron directamente en la elaboración y aprobación de leyes en la Antigua Roma. Julio César terminó con este sistema al asumir el poder. Hay otros ejemplos en Europa, como la brevia, que fue utilizada en ciudades del norte de Italia durante los siglos XII y XIII, y en el siglo XVIII en Venecia. Por este sistema, un grupo de hombres escogidos al azar, tras jurar que no actuaban bajo presión, elegían a los miembros del Consejo. Un procedimiento semejante se empleó en Florencia desde el año 1328. Allí los candidatos podían postularse poniendo sus nombres en un saco del que luego se elegiría, como en una lotería, el nombre de los seleccionados. El mayor nivel de apertura del sistema se habría producido entre 1378 y 1382. En Florencia la lotería se utilizaba también para elegir a los magistrados. También se pueden mencionar como ejemplo de participación los Usatges vigentes en Cataluña durante el siglo XI, bajo el reinado de Ramón Berenguer IV.

En estos casos, cabe insistir, se combinan formas de participación restringidas con el poder ejercido por reyes o emperadores fuertes. Estas formas de participación tuvieron auge a nivel comunal y podrían estar en la base de la creación de mecanismos de democracia directa. En Suiza, los historiadores vinculan la introducción del referendo en la primera Constitución de la Confederación, aprobada en 1848, con la existencia previa de las formas de participación directa en los pueblos (landsgemeinde). Las corrientes de pensamiento marxistas y libertarias han propuesto modelos de participación directa de la ciudadanía y/o experiencias de cogestión y autogestión, como se expresa en las obras de Vladimir Lenin o Rosa Luxemburgo. Sin embargo, la experiencia comunista de participación directa ha mostrado o bien ser efímera o bien quedar cooptada en manos del partido único. La Comuna de París (nombre derivado de la denominación del Municipio de París) es quizá el movimiento de autogobierno más conocido, y en cierta forma idealizado, que se recuerde.

Después de la guerra franco-prusiana, con Napoleón III fuera del poder, París estuvo sitiada durante meses, del 19 de setiembre de 1870 al 28 de mayo de 1871. Finalmente, el ejército prusiano proclamó emperador a Guillermo I. Durante la resistencia, en París se formó un movimiento insurreccional que entre el 18 de marzo y al 28 de mayo puso en funcionamiento un proyecto político popular de autogestión organizado en torno a una milicia ciudadana denominada Guardia Nacional Francesa. La milicia consiguió el apoyo de los descontentos, que eran muchos: varones y mujeres trabajadores y grupos libertarios que se oponían a la restauración de la monarquía borbónica. Durante esos sesenta días de gobierno popular se pusieron en marcha las fábricas abandonadas por sus dueños, se crearon guarderías, se declaró el Estado laico y las iglesias fueron tomadas para organizar las asambleas de vecinos. El asedio fue duro y la represión violenta. La “semana sangrienta” que va del 21 al 28 de mayo de 1871 culminó con diez mil muertos e innumerables destrozos. París cayó bajo la ley marcial durante cinco años.

PARTIDO ÚNICO. Más tarde, dentro de la tradición marxista-leninista se estableció el “centralismo democrático”, como método de organización del partido único. Desarrollado en la obra de Lenin ¿Qué hacer? (1902), el centralismo democrático propone que la toma de decisiones opere desde abajo hacia arriba. El sexto congreso del Partido Bolchevique, que tuvo lugar del 26 de julio al 3 de agosto de 1917, estableció que todos los directivos del partido debían ser electos, que debían rendir cuentas periódicamente de sus actos a las organizaciones del partido, que la minoría debía subordinarse estrictamente a la mayoría y que todas las decisiones eran vinculantes para todos los cuerpos del partido y para todos sus miembros. La consigna “todo el poder a los soviets” (palabra rusa que significa Consejo o Junta) que lanzó la Revolución de 1917 buscaba edificar una sociedad sin explotadores. El militante catalán Andreu Nin estudió el caso con la intención de reproducir la experiencia en España.

En Los Soviets: su origen, desarrollo y funciones, publicado en 1932, Nin rastrea el origen de los soviets en la primera Revolución Rusa, en 1905, y sostiene que “su creación no fue debida a la iniciativa de ningún partido ni grupo político, sino que fue obra espontánea de las masas durante el desarrollo de los acontecimientos revolucionarios”. En 1905 los soviets se organizaron de diversas maneras, hasta que en 1917 adquirieron una forma específica: en cada fábrica los obreros elegían diputados al Soviet, que debían rendir cuentas ante sus electores y podían ser destituidos y reemplazados por otros en cualquier momento. La evolución de la Unión Soviética mostraría cuán lejos de las expectativas del ideal democrático de base estaba el soviet, controlado jerárquicamente por las cúpulas del partido.

Tras la caída del muro del Berlín, en 1989, el ideal de la democracia directa y/o de la autogestión parecía relegado al pasado o a experiencias muy locales y minúsculas. En los años siguientes volvieron a florecer. Estos anhelos de cambio tienen sus bases en la crisis de la democracia representativa y en la expansión de las nuevas tecnologías. El movimiento de renovación viene de la mano de lo que se ha dado en llamar “democracia participativa” en América Latina y se conoce como “innovación democrática” en Europa. El énfasis no se pone necesariamente en reemplazar la democracia representativa sino en transformarla, incorporando mecanismos de control y participación ciudadana. En los últimos años, han surgido también nuevos partidos, como el Partido Pirata en Suecia y Alemania, que se construyen horizontalmente y proponen la utilización intensiva de tecnología para ampliar los ámbitos de toma de decisión de la ciudadanía. Un ejemplo radical es el de la Democracia Líquida, que propone un software

La democracia griega era menos democrática y menos directa de lo que se supone.

para que cada ciudadano pueda votar cualquier decisión del Parlamento o delegar su voto en otro.

Una adaptación de esta propuesta es Democracia 4.0, surgida en el marco del movimiento de protesta 15M (por el 15 de mayo de 2011, impulsado por el abogado, y desde 2015 representante de Podemos en Andalucía, Juan Moreno Yagüe) que fue adoptada por la Plataforma Democracia Real Ya (DRY) y por el Partido de la Y, en su programa “Democracia y Punto”. En esta versión, los ciudadanos ya no pueden postularse como representantes, pero sí pueden delegar su voto en los partidos políticos (para cada decisión concreta).

El sistema funcionaría en interacción con el Parlamento, ya que cada vez que un ciudadano decidiese ejercer su voto le restaría la cuota de representación al Parlamento (lo que sólo es significativo cuando lo hace un número relevante de personas). Si no vota, se asume que delega su voto en el Parlamento. De acuerdo a los cálculos del grupo promotor, cada voto del Parlamento (calculado sobre la base de los escaños, aunque el sistema de reparto no permite hacer cálculos exactos) equivale a 100 mil votos. Sistemas como el descrito son muy cuestionados porque, en un mundo hiperconectado como el actual, se podrían erosionar las bases de la representación aún más y todo esto sin dar suficientes garantías de una participación directa diversa, bien documentada, amplia. Aun así, dado que hay un reclamo cada vez más fuerte de reformar la democracia y que hay instrumentos y mecanismos tecnológicos, políticos, sociales, para hacerlo, la reflexión está abierta.

BAJO PRESIÓN. El ideario de las revoluciones Americana y Francesa convirtió a la ciudadanía (“el pueblo”) en la principal fuente de legitimidad de los sistemas políticos. Pero la expansión de la democracia no fue inmediata –en Europa pasarían décadas hasta que la restauración monárquica fuera vencida nuevamente– pero se fue dando paulatinamente, hasta adquirir dimensiones globales. En el marco de la democracia representativa, el poder se ejerce, desde entonces, en base a la elección de representantes realizada por la ciudadanía y dentro de una estructura de limitaciones (establecidas por la ley) y contrapesos entre poderes: igualdad de oportunidades, igualdad ante la ley, libertad de pensamiento y expresión y control del poder y entre poderes.

Como legado de las revoluciones Francesa y Americana, en las democracias liberales contemporáneas se asume que la soberanía reside en el pueblo, mientras la representación sienta las bases de un particular sistema para el ejercicio del poder.

En la democracia representativa, las elecciones periódicas, libres y competitivas de las autoridades son el mecanismo para la selección de quienes ejercerán el poder temporariamente, sometidos a unas restricciones basadas en las normas y el equilibrio entre instituciones ejecutivas, judiciales y legislativas. El mandato imperativo (la idea del delegado en lugar del representante, que implica desarrollar a rajatabla la acción o política propuesta) y la revocabilidad permanente de representantes (la remoción de una autoridad en cualquier momento) fueron discutidos durante los siglos XVIII y XIX. En ese momento comenzaron a tomar forma las instituciones del sistema político que se convertiría en el ideal del siglo XX: la democracia representativa. El mandato imperativo y la posibilidad de remover a los representantes electos fueron descartados en principio. El argumento a

Las corrientes marxistas han propuesto modelos de participación directa de la ciudadanía.

favor de la elección regular de autoridades por períodos determinados sostenía que la elección periódica funcionaría como un mecanismo de control sobre los representantes, dando el derecho a reelegir o no al político o partido en el poder.

Por su parte, la ausencia de mandato imperativo permitiría al elegido gobernar en beneficio de la “voluntad general” y no sólo de quienes lo eligieron. La representación formó así el núcleo del sistema político que se expandió y predomina hasta la actualidad. En este modelo, la existencia de una esfera pública independiente, que opere como intermediaria entre Estado y sociedad, es fundamental.

La esfera pública es el espacio privilegiado para la construcción de la opinión pública, es allí donde se ejerce el control sobre los gobiernos y se accede a la información, base del ejercicio ciudadano de los derechos políticos: elección de los representantes y control de los actos de gobierno. Esto funciona como un contrapeso ante la ausencia de mandato imperativo, porque aunque los gobernantes no estén obligados a seguir el mandato popular, tampoco pueden ignorarlo. La división de poderes establece procedimientos de control para impedir la corrupción y el abuso de poder. Aun si consideramos la articulación entre instituciones y la existencia de la esfera pública, las bases del modelo no pueden ignorar el profundo temor ante el poder de “las masas”.

La visión schumpeteriana de la democracia (que adopta el nombre de Joseph A. Schumpeter, autor entre otros de Socialismo, Capitalismo y Democracia) es emblemática en este sentido. En esta visión, la representación democrática se define como un procedimiento mediante el cual los partidos políticos compiten al ofrecer sus “productos” a los ciudadanos y estos emiten sus preferencias mediante el voto.

En esta contienda, las elecciones y demandas de los votantes pueden ser captadas por los partidos en su afán de acceder al poder, pero probablemente sean reformuladas una vez alcanzada la meta. Para Schumpeter, toda referencia a una sujeción de la libertad de los representantes a los intereses de la ciudadanía es

una negación del concepto mismo de liderazgo político. La implicación política de los ciudadanos comunes no sólo no tiene un rol central sino que además se percibe de forma negativa. Al desarrollar sus ideas, este autor describe de forma descarnada al “ciudadano medio” de las democracias modernas, concibiendo la naturaleza humana como esencialmente irracional: “...incapaz de acción, excepto la estampida, que apenas se aleja de sus preocupaciones privadas y penetra en el campo de la política, desciende a un nivel inferior de prestación mental, donde la volición individual, el conocimiento de los hechos y la ingerencia que utiliza en el ámbito familiar disminuyen notablemente. (…) se utiliza más racionalidad en una partida de ‘bridge’ que en una discusión política entre no políticos” (Schumpeter 1961). Pero, dejando a un lado por un momento los prejuicios schumpeterianos: ¿Qué es la representación? Hanna Pitkin (1967) ha reflexionado sobre el tema desde la filosofía política, y sus conclusiones se han convertido en lectura obligada. Para Pitkin la representación es el acto por el que una persona adquiere un derecho para actuar en nombre de otros por un período determinado. Durante ese período, el representado pierde la capacidad de exigir que el gobernante cumpla con sus responsabilidades, con sus promesas o con lo que quienes le han conferido el poder esperan de él o ella.

En un sistema estrictamente representativo, la única limitación de la autoridad durante su período de gobierno proviene de la ley. Las elecciones funcionan como mecanismo de castigo o premio al confirmar al político o partido en el poder o reemplazarlo por otro. Pitkin diferencia entre diferentes enfoques: 1. representación formal, o referida a los procedimientos de selección de representantes; 2. representación descriptiva, o referida a la medida en que, por ejemplo, las mujeres o los indígenas están representados en un Parlamento (en otras palabras, lo que permite evaluar cuánto se parecen las características sociodemográficas de un Parlamento a la sociedad que aspira representar); 3. representación simbólica, o referida al apoyo que reciben las autoridades; 4. representación sustantiva o

La renovación viene de la mano de lo que se ha dado en llamar democracia participativa.

referida a las políticas específicas que se diseñan y su acercamiento a las preferencias de la ciudadanía.

REPRESENTACIÓN. Las bases de la representación son históricas y contextuales, pudiéndose observar cambios en el tiempo y entre sistemas políticos. Por ejemplo, David Samuels y Mattheu Schugart (2003) sostienen que los sistemas presidencialistas y los sistemas parlamentarios pueden vincularse a distintos modelos de representación. Para estos autores, el presidencialismo limita las posibilidades de la representación por mandato (esto es, representación prospectiva o, en otras palabras, basada en lo que el gobernante hará durante su gestión), mientras incentiva la representación por rendimiento de cuentas (esto es, representación retrospectiva o referida a la evaluación de lo que el representante ha hecho durante su gobierno).

Más allá de estas cuestiones, más propias de la filosofía política, parece estar claro que la democracia representativa está a la vez en auge y en crisis. Así, mientras el sistema se extiende en el mundo, crecen también sus cuestionamientos. Las encuestas europeas (Eurostat) y latinoamericanas (Latinobarómetro) muestran que los ciudadanos confían cada vez menos en parlamentos y representantes y que las preferencias son más volátiles. El “voto cautivo”, aquel que se expresaba en la adscripción de por vida a un partido político, está en extinción. Cada vez es más frecuente, en muchos países, que surjan organizaciones políticas para una elección y desaparezcan en la siguiente, mientras partidos que dominaban la arena electoral de repente se vuelvan casi irrelevantes. Esto último parece haber ocurrido con la socialdemocracia en Grecia, Francia y Austria. En algunos casos, el tradicional bipartidismo ha estallado por los aires ante la emergencia y rápido crecimiento de un amplio espectro de nuevos partidos, a izquierda y derecha, como ocurrió en España. En países de América Latina como Perú y Venezuela directamente se puede hablar de colapso y formación de una nueva arena político-electoral.

Pero esto no debe entenderse como despolitización de la sociedad. Por el contrario, en Europa y América Latina, aunque con diferente intensidad, la ciudadanía ha participado activamente, en más de una ocasión, haciendo oír su voz a través de la protesta. Las calles han sido y son tomadas con frecuencia para expresar diversos reclamos, de reconocimiento, redistribución o contra políticas específicas. La relativa, pero creciente, desconexión entre la ciudadanía y los clásicos canales de transmisión de demandas –partidos políticos y sindicatos– es la que pone en evidencia la necesidad de repensar el andamiaje institucional. El acceso a la información pública ha pasado a ocupar un lugar central en las democracias contemporáneas, mientras las limitaciones y restricciones que enfrente este acceso se han convertido en variables explicativas de su baja calidad. Giovanni Sartori (1990) ha señalado ya hace décadas que las condiciones que permiten la libre expresión de la opinión pública son, por un lado, la existencia de un sistema educativo que forme pero no adoctrine y, por otro, la existencia de pluralidad

y diversidad de fuentes de información. Activistas e investigadores han alertado sobre las consecuencias que la concentración de medios de comunicación en unas pocas manos puede tener sobre esta pluralidad y diversidad, un proceso que se ha ido incrementando desde los noventa, con la consolidación de grandes emporios mediáticos nacionales y globales.

Paradójicamente (ya que en teoría el objetivo era abrir el mercado y multiplicar las fuentes), desde fines de los ochenta, la liberalización del mercado de las telecomunicaciones ha promovido procesos de concentración inéditos, se han multiplicado los canales, pero no la diversidad de contenidos ni de puntos de vista (Barber, 1998). La explosión del cable y la televisión satelital desde finales de los años ochenta y, posteriormente, la proliferación de las tecnologías basadas en Internet, han incrementado la centralidad e interés económico de los medios de comunicación, e incluso su poder para construir la realidad y fijar la agenda pública.

PROMESA PARTICIPATIVA. La libre elección de los gobernantes constituye un rasgo esencial de los regímenes democráticos representativos. Existe un relativo acuerdo sobre esto, no sobre la conveniencia y la naturaleza de una participación más amplia de la ciudadanía más allá de la elección de representantes. La demanda de mayor participación de la ciudadanía ha tomado fuerza y las prácticas se han multiplicado en los últimos años: referendos, iniciativas, presupuestos participativos, entre otros. Pero, ¿es posible y deseable que los ciudadanos corrientes participen en ámbitos donde se toman decisiones que afectan directa o indirectamente sus vidas? ¿Tienen algo “valioso” que decir a sus representantes? ¿Son capaces de ejercitar un sentido del bien común y general o sólo aplican la estricta defensa de sus intereses más inmediatos?

La identificación de valores positivos en la participación de la ciudadanía no es nueva. Por el contrario, se puede rastrear una historia de intentos que, con mayor o menor éxito, buscaron incluir formas de participación ciudadana que no se limitaran a la elección de autoridades cada determinada cantidad de años. En Suiza, esto derivó en la introducción de mecanismos de democracia directa, ya desde 1848, con la primera Constitución de la Confederación. Durante la formación de los Estados Unidos de América, el debate otorgó el triunfo a quienes defendían formas más puramente representativas de gobierno. Sin embargo, un siglo más tarde, los Estados de la unión comenzaron a regular referendos, revocatorias e iniciativas, y todos ellos contemplan ahora alguna de estas figuras. En la década del sesenta, también en Estados Unidos, la expansión de nuevos movimientos sociales que reclamaban derechos para las mujeres, los negros y las minorías sexuales pusieron en escena la necesidad de ampliar las formas de participación e inclusión.

El mandato imperativo y la posibilidad de remover a los representantes fueron descartados.