Plata negra
El escándalo de los cuadernos de Centeno flota sobre una lastimosa nube de hipocresía colectiva. Si acaso fuera cierto que, como coincidieron en declarar los empresarios y algunos funcionarios imputados en la megacausa por presunta asociación ilícita, los pagos en negro fueron exclusivamente destinados a las campañas electorales del anterior gobierno, hay un debate nacional urgente que se impone como corolario de este caso: se trata del verdadero mecanismo -y especialmente, el costo real- del financimiento de las campañas electorales. Y no es una reflexión que deba limitarse al universo K, sino que es necesario extenderla a los números de todos los partidos, al menos los grandes, de la Argentina. De hecho, el primo del Presidente, Angelo Calcaterra, admitió haber realizado aportes electorales en negro a funcionarios kirchneristas, precisamente mientras se tramita otra causa escandalosa, como la de los aportantes truchos a la última campaña de Cambiemos. En un mismo lodo, todos manoseados.
Pero la epidemia de hipocresía no solo aqueja a buena parte de la clase política y de la empresarial. También le cabe a la Justicia y a la sociedad en su conjunto, que ve con buenos ojos -o con ojos indiferentes- cómo se vulnera la ley electoral respecto de la transparencia de las finanzas partidarias, sin demasiadas consecuencias y con una demora rayana en la inoperancia. Expertos en la temática estiman que una campaña presidencial cuesta hoy en la Argentina alrededor de 100 millones de dólares, cifra prácticamente imposible de recaudar dentro de los marcos normativos vigentes, que limita los aportes individuales, impide los empresariales y le pone un piso insuficiente a los que vienen del Estado. Y aquí juega la opinión pública en su conjunto: ¿estaremos dispuestos a pagar un nuevo y oneroso impuesto electoral para financiar cada campaña con dinero público legítimo, y así evitar que la recaudación ilegal se vuelva una necesidad casi ineludible?