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Cazar perejiles:

Cómo funciona la ciberpatru­lla del Gobierno que detecta “amenazas” en redes sociales.

- PABLO RODRÍGUEZ INTEGRANTE DEL EQUIPO DE INVESTIGAC­IÓN, CONFORMADO POR PERIODISTA­S EGRESADOS DE PERFIL EDUCACIÓN.

el protocolo del gobierno macrista para las amenazas en redes sociales.

El Gobierno observa con mucha atención lo que ocurre en el mundo virtual, mucho más si se trata de la figura del Mauricio Macri. Una discusión política, un comentario agresivo o irónico o una imagen “sospechosa” en las redes sociales puede equivaler a terminar imputado bajo el delito de amenazas. En pleno año electoral, se duplicaron las denuncias y ya se registran hasta dos casos mensuales de ciudadanos que amenazan al Presidente, según calculan en el Ministerio de Seguridad.

Existen dos usinas para el “ciberpatru­llaje”: uno es el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich y el otro, la Agencia Federal de Inteligenc­ia (AFI), que lidera Gustavo Arribas.

“No se denuncia si hay solo insultos contra el Presidente. Sí avanzamos contra las amenazas, que es distinto. Todo el mundo tiene derecho a expresarse como quiera y no es un delito insultar a un funcionari­o público”, explicó el subsecreta­rio de Articulaci­ón Judicial Guillermo Soares Gache, el funcionari­o encargado de llevar las denuncias de la cartera ante la Justicia. Tanto a imputados como a procesados, el Ministerio de Seguridad les imputa el gasto del proceso.

A todo esto, se suma un poderoso software que el Gobierno le compró en 2018 por 2 millones de dólares a la empresa israelí Rafael, especializ­ada en cibersegur­idad, cuyo representa­nte local a través de la firma Codesur es el empresario Mario Montoto. Su instalació­n fue para el megaoperat­ivo del G-20, sin embargo, siguen utilizándo­lo en el Ministerio de Defensa.

DELITO VIRTUAL. Una ola de críticas tuvo que enfrentar el Ministerio de Seguridad cuando se conoció en 2017 que Nicolás Lucero, un joven de 20 años de José León Suárez, fue demorado durante un día por la policía y la Justicia le inició una causa por los delitos de “amenazas e Intimidaci­ones públicas”. Lucero había escrito en 2016 un tuit que decía: “Macri te vamos a matar, no te va a salvar ni la Federal”, en alusión a la conocida canción de cancha.

En abril de este año, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi rechazó la acusación y declaró inocente al joven.

El 4 de septiembre hubo otro caso cuando la AFI denunció al homónimo del compositor y pianista de tango Osvaldo Pugliese, ex funcionari­o de la gestión de Humberto Zúccaro en Pilar. En un debate en Twitter por la estrategia macrista para las PASO tuiteó: “Y qué querés, que nos quedemos sin laburo, vamos a hacer lo posible por seguir sin trabajar y si tenemos que matarlo a Macri lo hacemos”.

El expediente tiene como denunciant­es a Gustavo Arribas y Silvia Majdalani. La AFI prim mero ratificó la denuncia ante la consulta para esta nota, pero horas después todo cambió. “Llamé al señor Pugliese para p pedirle disculpas porque no me pareció justo ni para él ni para su familia que se vean involucrad­os en una denuncia penal cuando no había cometido ningú gún delito”, aseguró Majdalani a este medio.

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ARRIBAS Y BULLRICH. La AFI y el Ministerio de Seguridad encabezan el monitoreo de los ataques a Macri en las redes. La Justicia actúa rápido.
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CIBERATAQU­ES. Dos de los mensajes que activaron las alarmas del Gobierno, que responde con todo el peso de la ley y demanda a los tuiteros.

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