Sin estrategia de producción:
Resta definir cómo se impulsarán inversiones y exportaciones. Tres factores condicionantes.
resta definir cómo se impulsarán inversiones y exportaciones. Tres factores condicionantes.
Este año estará condicionado por tres factores: la renegociación de la deuda, la evolución de la brecha cambiaria y las decisiones en materia de tarifas y prestaciones sociales. Por el momento, el proyecto de ley de solidaridad social y reactivación productiva se presentó en una lógica de emergencia, buscando mostrar buena voluntad de cara a la renegociación de deuda y aplazar algunas decisiones. Hacia delante, restan verse medidas para lograr una verdadera reactivación de la actividad económica, que atraiga inversiones y dinamice las exportaciones que generen capacidad de pago.
El primer desafío es la renegociación de la deuda, siendo importante alcanzar no sólo un acuerdo de forma rápida, sino también lo menos agresivo posible y que garantice la sustentabilidad a mediano plazo, para poder retornar a los mercados en un futuro no tan lejano.
La reestructuración deberá incluir la extensión de los plazos de pago con el FMI, concentradas en 2022 y 2023. Este año existen vencimientos por U$S 40.600 millones, sin tener en cuenta las obligaciones con el sector público. De este total, un 46% corresponde a capital e intereses de letras y títulos en pesos (U$S 18.800 millones) y un 37% en moneda extranjera (U$S 15.000 millones). Además, las obligaciones con organismos internacionales de crédito alcanzan los U$S 6.800 millones (17% del total de vencimientos). Por su parte, el re-reperfilamiento del pago de las letras en dólares al 31 de agosto, la colocación de letras por U$S 4.571 millones al Banco Central y el canje de Lecaps, le dio aire al Tesoro en los primeros meses. En efecto, este tiene caja suficiente para afrontar los pagos en moneda extranjera hasta principios de mayo, teniendo en cuenta las acreencias con el sector privado y organismos internacionales.
El set de medidas expresadas en la ley de solidaridad permite ir a la negociación con los acreedores mostrando un superávit primario en el primer trimestre de 2020 y voluntad de evitar un incremento del rojo fiscal. En efecto, sin los ajustes sobre ingresos y gastos sancionados en dicha ley, el déficit fiscal primario alcanzaría el 1,2% del producto. En este sentido, los nuevos impuestos, el aumento de alícuotas y la suspensión de las disminuciones previstas en varios tributos, permiten dinamizar la recaudación en 1,4 puntos porcentuales del PBI, aun en un escenario donde los impuestos asociados a la activi
dad no reaccionen rápidamente. Del lado de las erogaciones, la suspensión de la fórmula de movilidad jubilatoria por el plazo de seis meses dotó al Poder Ejecutivo de discrecionalidad para definir los próximos aumentos, para luego enviar una nueva fórmula de actualización al Congreso. Cabe recordar que el esquema indexaba los incrementos de las jubilaciones y asignaciones a la evolución de la inflación y de los salarios del semestre previo. Ello cobra relevancia si se considera que las jubilaciones y pensiones habrían representado el 41% del gasto total en 2019 (7,8% del PBI). En este sentido, será clave monitorear, pasados los 180 días, qué decisión se toma respecto a las prestaciones sociales.
RECUPERAR. Otro de los importantes desafíos del nuevo gobierno es el de retornar a la senda de crecimiento. La apuesta de las autoridades es a reactivar el consumo. En este marco, se lanzaron medidas tales como los bonos a los sectores de menores ingresos y la tarjeta alimentaria, que suman aproximadamente un punto del consumo. Esto se adiciona a la limitación de las herramientas de ahorro (controles cambiarios y menores tasas de interés). Por el lado de los ingresos de los trabajadores, en un contexto de fuerte pérdida del poder de compra del salario en los últimos dos años (-10%), el aumento de $ 4.000 tanto para empleados privados como públicos representa una suba aproximada del 9% en febrero contra diciembre, y un 0,2% del consumo privado. Así, el poder adquisitivo quedaría prácticamente planchado en 2020. Desde la Fundación Capital estimamos que el consumo privado aportaría negativamente en más de medio punto a la actividad económica.
Otro importante desafío es el de reducir la nominalidad. El tipo de cambio oficial mantendría una leve apreciación real, al sostenerse los controles cambiarios y la obligatoriedad en la liquidación de las exportaciones, mientras que las autoridades buscarán evitar un fortalecimiento excesivo del peso. Durante el período de renegociación de la deuda podría verificarse una mayor volatilidad so
EL PRIMER DESAFÍO ES RENEGOCIAR LA DEUDA. UN ACUERDO RÁPIDO PERO TAMBIÉN LO MENOS AGRESIVO POSIBLE Y QUE DÉ SUSTENTABILIDAD.
bre los tipos de cambio paralelos. En un contexto de tipo de cambio “anestesiado” y tarifas de servicios públicos congeladas, la inflación exhibiría una desaceleración en los primeros meses del año. El congelamiento no es sostenible indefinidamente, siendo que implica mayores gastos en subsidios y/o una presión sobre las firmas.
CUARENTA. Así, incluso con una desaceleración, la inflación se mantendrá por encima del promedio del último quinquenio (39%), poniendo de relieve la dificultad de reducir la nominalidad, tras cinco años de inflación en torno al 40% anual. No obstante, el sendero de precios también estará marcado por el éxito de la negociación de la deuda, pues, caso contrario, la presión sobre la brecha cambiaria y la inflación será mayor. En efecto, la brecha cambiaria es uno de los termómetros de la economía de los próximos meses que habrá que monitorear. Será clave ver cómo evoluciona la demanda de dinero. Una mayor emisión para financiar al fisco podría presionar sobre los tipos de cambio paralelos.
Así, continúan las dudas respecto de qué sucederá finalizados los 180 días autoimpuestos en las diversas medidas anunciadas. En ese momento deberán resolverse cuestiones claves como la actualización del sistema previsional y la revisión tarifaria integral, que repercutirán no solo en el resultado fiscal sino también en la nominalidad de la economía, afectando el poder adquisitivo de la población, y por ende, del consumo.
Se advierte el acotado tiempo que tienen las autoridades para renegociar la deuda. Solo de cerrarse el frente externo, la caída de la actividad económica podría comenzar a moderarse hacia la segunda mitad del año. Bajo este escenario, el producto bruto se contraería un 1,8% en 2020, según nuestras estimaciones, con una baja del consumo privado para el total del año del 0,5% y un desplome de la inversión del 9,2%. Así, se configura un año con un margen de maniobra acotado, no descartándose la posibilidad de un escenario más negativo, en función de una renegociación de la deuda que se extienda en el tiempo y/o más agresiva. En efecto, de darse este caso, la brecha cambiaria se incrementaría fuertemente con efectos sobre la inflación y el poder adquisitivo, y presionando sobre la ya abatida inversión.
La crisis que estamos atravesando es particular, con una simultaneidad de desafíos inédita: dos años de caída en la actividad y el consumo, deterioro en el mercado laboral y suba en la pobreza, inflación elevada, falta de financiamiento y deuda apremiante. El fino equilibrio que transita la economía argentina no da margen de error. En este sentido, con el financiamiento asegurado sólo para el corto plazo, resulta fundamental lograr rápidos avances en la renegociación de la deuda, de forma de evitar sobresaltos que generen incertidumbre y causen un mayor stress a la economía. Aún más, resta plantear la estrategia productiva en cuanto al impulso de la inversión y las exportaciones, de forma que genere capacidad de pago hacia delante.
* ECONOMISTA jefa de la Fundación Capital.