Policía desbocada
Se le dio preponderancia para cuidar la salud y hubo abusos en todo el país. El caso quom.
La
madrugada del 31 de mayo, seis policías chaqueños entraron sin orden judicial a la casa de una familia qom al grito de “indios infectados, los vamos a matar”. A los golpes, se llevaron a cuatro personas, entre ellas una menor, de quien abusaron sexualmente más tarde, en la comisaría tercera de Fontana. Al mediodía, los liberaron con las caras desfiguradas.
Los hechos constan en una presentación realizada ante la Justicia por la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros del Gobierno de Chaco, que conduce Jorge Capitanich. El escrito pide detener a los agentes, ya separados de la Policía, y advierte: “No es casual que hayan ingresado en la vivienda de una familia qom, ni que se aprovecharan del contexto actual que atraviesa la sociedad, donde las fuerzas de seguridad han tomado un rol preponderante en pos de la protección de la salud pública”.
El peligro de ese rol que Alberto Fernández otorgó a las fuerzas fue alertado al inicio de la cuarentena por la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), que registró 39 muertes en episodios policiales desde el 20 de marzo. “El Gobierno tomó una decisión política, que a esta altura no se puede discutir que era acertada, al disponer el aislamiento cuando la circulación del virus era incipiente. Pero como lo advertimos apenas se publicó el DNU 297/2020, en lugar de recurrir a la medidas de asistencia material y sanitaria para garantizar su cumplimiento, optó por poner en manos del aparato represivo la implementación de la cuarentena”, dice a NOTICIAS la abogada de Correpi, María del Carmen Verdú. Y se lamenta: “Dijimos el 20 de marzo que iba a pasar lo que está pasando, era obvio”.
SEGUIDILLA. Antes del ataque en Chaco, que filmó la familia y publicó la revista Cítrica, otros dos hechos salieron a la luz. El 5 de abril, Florencia Morales (39) apareció ahorcada en la comisaría 25 de Santa Rosa del Conlara, en San Luis, donde estaba detenida por circular sin permiso. La Policía dijo que se ahorcó, pero en la autopsia se detectaron "signos compatibles con la autodefensa". El otro fue en Tucumán: el peón rural Luis Espinoza, de 31 años, fue asesinado por la Policía en Monteagudo tras una carrera de caballos ilegal.
La ministra de Seguridad está preocupada, pero aclara que no puede intervenir en casos de fuerzas provinciales. “Debemos evitar que esta situación de emergencia se convierta en una situación de excepcionalidad en el ejercicio del Estado de Derecho”, pidió Sabina Frederic, y envió cartas con sugerencias a los gobernadores. Ahora, espera cruzando los dedos.