El negocio de las vacunas:
La pandemia potenció las ganancias de la industria farmacéutica. Entre la salvación y la avaricia. Los argentinos en carrera.
los dueños de la industria farmacéutica global se disputan un botín de US$ 53 mil millones anuales. El rol clave de los estados-clientes y la guerra geopolítica. Los grupos argentinos que lograron meterse.
La pandemia llegó para cambiarlo todo. Y aunque es difícil abstraerse de la tragedia que significa contar con más de 32,42 millones de muertos en el mundo y más de 72.265 en Argentina, el virus del Sars-Cov-2 también puede ser analizado como un evento que transforme para siempre a una de las industrias más fuertes del planeta: la farmacéutica. El sector que tiene en sus manos la capacidad de desarrollar las vacunas, la única solución conocida para ponerle fin a la crisis sanitaria, acumula ganancias estrafalarias y todavía resulta imposible saber si los dueños de los laboratorios pasarán a la historia como los grandes salvadores de la humanidad o como los representantes de una avaricia más salvaje. Por el momento, su nuevo protagonismo puso en evidencia las luces y sombras de un rubro en el que tener contactos con el poder es tan -o más- importante que las habilidades científicas. Y aunque en la mesa chica global nuestro país no tiene una silla, ya hay empresarios locales que empiezan a poner un pie en este negocio.
Innovación tecnológica, lobby, confidencialidad y millones son los cuatro conceptos fundamentales para comprender el funcionamiento de este sector que, a partir del inicio de la pandemia, comenzó a avizorar un horizonte de -todavía más- bonanza. De acuerdo al último informe del “Institute for Human Data Science” (IQVIA), el gasto mundial en medicamentos alcanzará los 1,6 billones de dólares en 2025, lo que representa un crecimiento anual del 3% al 6%. Sin embargo, en esta cifra no se incluye el gasto en vacunas contra el coronavirus, que ya son analizadas en el mercado como un negocio en sí mismo.
El desarrollo de vacunas es un ni
bién consiguieron sus propias vacunas: la de la Universidad de Oxford y AstraZeneca, la de Moderna y la de Jansenn de Johnson & Johnson, lograron imponerse a nivel mundial. Pero ni siquiera juntos llegan a cubrir la demanda por lo que se abrió camino a otros jugadores que, hasta hace poco, tenían serias dificultades para meterse en el mercado occidental como Rusia, India y China, países que hoy abastecen principalmente a los países medianos y de pocos recursos.
A pesar de que aparezcan cada vez más desarrolladores, aún se está muy lejos de alcanzar la producción necesaria, lo cual se convierte en un problema profundamente grave para los países de menores recursos como la Argentina, donde emergen empresarios que empiezan a poner un pie en este mega negocio.
EMPRESARIOS LOCALES. A nivel local sólo dos laboratorios consiguieron tener participación, de distinta forma, en las vacunas: mAbxience, del Grupo Insud, perteneciente a Hugo Sigman, se asoció con AstraZeneca para producir en Argentina el principio activo de la vacuna; el laboratorio Richmond, de Marcelo Figueiras, quien no respondió los llamados de NOTICIAS, se asoció con el Fondo Ruso de Inversión Directa para producir la Sputnik en el territorio nacional (en una primera etapa a través del envasado del principio activo enviado desde Rusia y, en una segunda etapa, con una producción totalmente nacional).
Además, se aguardan novedades del principal productor de vacunas de la Argentina: Sinergium Biotech, una compañía de la que es accionista, entre otros, el Grupo Insud y Bagó, y que abastece al Estado con la vacuna antigripal, contra el neumococo y contra el HPV. “Por ahora no tenemos nada confirmado. Sí tenemos varias conversaciones que no podemos comentar por el momento. Obviamente nos interesa y estamos evaluando qué socio o qué vacuna podemos lograr transferir”, afirma a NOTICIAS Fernando Lobos, director de Desarrollo de Negocios de la empresa. “Que solo con el Covid se haya duplicado la necesidad de vacunas a nivel mundial, fortaleció a algunos jugadores”, responde ante la consulta acerca de si la crisis sanitaria puede ser vista como una oportunidad de negocios.
Argentina, hasta el momento, solo cerró acuerdos con unos pocos laboratorios. Hoy se administran las vacunas de Sinopharm (China), Sputnik V (Rusia), Covishield y AstraZeneca (que son del mismo desarrollador del Reino Unido, aunque la primera se
produce en India). El fallido acuerdo con Pfizer –cuyos motivos aún no están claros- y la demora en los arribos de otras vacunas generan todo tipo de especulaciones. Esta semana, incluso, el fiscal Guillermo Marijuan citó a declarar como testigos al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y a la asesora presidencial Cecilia Nicolini en la causa que investiga por qué el Estado pagó casi 60 millones de dólares a AstraZeneca por unas 20 millones de dosis que nunca llegaron.
Las sospechas de amiguismo aparecieron en la agenda desde el minuto cero, con versiones de todo tipo: se dijo que la relación del ex ministro de Salud, Ginés González García, y Sigman hizo que la Argentina se enfocara de manera ciega en AstraZeneca; luego, cuando comenzaron las negociaciones con Rusia y apareció el polémico laboratorio HLB Pharma (ver recuadro), se habló de vínculos ideológicos con el kirchenrismo duro; y ahora, con el reciente anuncio de Richmond, se hacen hipótesis vinculadas a la relación entre Figueiras y el oficialismo. De hecho, se suele recordar que la esposa del empresario, María Laura Leguizamón, fue legisladora en el pasado con el sello del entonces Frente Para la Victoria.
Sonia Tarragona, jefa de Gabinete del ministerio de Salud de la Nación, descarta estas especulaciones y explica que la intervención de laboratorios nacionales con los desarrolladores internacionales son acuerdos entre privados en los que el Estado no participa. Es decir, Richmond con el Instituto Gamaleya y mAbxience con AstraZeneca lograron ponerse en contacto por su cuenta. “Nosotros seguimos negociando con Gamaleya, Sinopharm, el Mecanismo Covax y Astrazeneca. Además, actualmente se está conversando, sin concreción todavía, con Cansino, Pfizer, con la República de Cuba y el presidente mantuvo algunas charlas con Moderna”, agregó.
Los que conocen la industria por dentro insisten en que la aparición de Figueiras fue algo sorpresiva. “Richmond es un laboratorio que apareció en los últimos 10 años y se caracteriza por tener buenos precios. Creo que ellos saben aprovechar los contactos y poner la gorra para aprovechar los recursos fiduciarios para poder armar la producción”, comenta Carlos Vassallo, profesor de Salud Pública de la Universidad Nacional del Litoral y coordinador del máster en Políticas y Gestión de la Salud de la Universidad de Boloña.
En off the record, un científico que trabaja en la industria va un poco más allá: “De cómo llegó Richmond a Rusia o mAbxience a AstraZeneca no te vas a enterar nunca. Nunca vas a saber si intervino el gobierno o algún funcionario. En este sector, todos los contratos son privados y confidenciales y sólo tienen acceso los involucrados”, cuenta.
LOBBY. En la industria farmacéutica tener una buena agenda de contactos es tan importante como las capacidades técnicas. En todo el mundo, estas compañías nacen y se desarrollan en una estrecha relación con los Estados y gracias a los fondos públicos. Por lo tanto, tener vínculos con el poder es una puerta de entrada para acceder a subsidios, incentivos o a nuevas investigaciones que surgen en las universidades. No solo eso, en materia de salud, son los Estados los principales clientes de las compañías (junto con organizaciones como Unicef o la Alianza Gavi, por ejemplo). Entonces, hablar de jugadores exclusivamente “privados” es una trampa.
El financiamiento público a las vacunas contra el Covid-19 es una de las razones por las cuales algunos gobiernos insisten en la necesidad de que las empresas dejen de lado, hasta que termine la crisis, la avaricia comercial y ponen algunos ejemplos: Moderna recibió unos 4 mil millones dólares del gobierno estadounidense para desarrollar su producto; Pfizer no tomó fondos públicos, pero sí un acuerdo inicial de compra anticipada de 1.950 millones de dólares. El Programa de Inversión Covid de Estados Unidos, según relata un documental del Financial Times, superó los 10 mil millones de dólares. Alemania le otorgó a BionTech 445 millones de dólares; el gobierno del Reino Unido contribuyó con 65,5 millones de libras a la Universidad de Oxford y su socio, AstraZeneca, recibió hasta 1.200 millones de dólares para ensayos de fabricación en Estados Unidos.
Nada de eso se consigue sin contactos. De hecho, en los países en los que el lobby está regulado, las compañías tienen cargos cuyo objetivo es entablar relaciones con los gobiernos. Por ejemplo, Johnson & Jonnson tiene a un argentino como gerente de
“NO HAY QUE PENSAR EXCLUSIVAMENTE EN EL INCENTIVO A LAS EMPRESAS”, DICE DARÍO CODNER.
Asuntos Gubernamentales para el Cono Sur. “Son personas con las que cenás, que quieren saber qué pensás de determinados temas. En otros lugares del mundo se llaman lobbistas, pero en América latina hay una petición de no mención sobre esto. Esa ‘no mención’ facilita que no haya regulación. Pero en sí, no es algo malo necesariamente”, agrega otra fuente vinculada a la industria. “Fui contratado por un holandés varios años, que era un funcionario encargado de buscar laboratorios o universidades que tuvieran algún proyecto de interés. Ellos después se encargaban de hacer el puente con una empresa”, cuenta Guillermo Docena, investigador de la Universidad Nacional de La Plata y uno de los directores de un proyecto de vacuna local.
Docena explica que el vínculo entre el sector privado y público es necesario, sobre todo por los costos: “En el desarrollo de una vacuna, hasta la fase preclínica te podés manejar con subsidios del Estado o con organismos que financian ciencia. En esa etapa estamos nosotros ahora. Pero una vez que tenés que probar la vacuna en miles de personas, necesitás cientos de miles de dólares, sobre todo por los seguros, ya que vas a aplicar algo que no conocés”, explica. Su proyecto se suma a otros cuatro que están en una fase inicial en universidades argentinas.
Esta relación entre privados y los estados también se verifica con las últimas noticias de la Argentina. Sin ir más lejos, el ministerio de Desarrollo Productivo le otorgó a Richmond un crédito para capital de trabajo por casi $30 millones que fue financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Productivo y, además, las autoridades aprobaron un Aporte No Reembolsable (ANR) dentro del Programa Soluciona por un total de $13 millones.
No es la primera vez que la emergencia genera oportunidades. Cuando en 2009 se desató la pandemia del H1N1, el Estado identificó que no tenía capacidad de producción y Sinergium propuso una iniciativa para invertir en una planta a cambio de tener un contrato con el Ministerio de Salud. “Eso posibilitó que hoy fabriquemos más de 15 millones de dosis por año y que llevemos más de 160 millones de dosis producidas en 12 años”, cuenta Lobos.
LIBERAR PATENTES. La extrema desigualdad en el acceso a las vacunas contra el Covid generó un reclamo global por la liberación de las patentes. De acuerdo al último informe de la Red Argentina de Investigadores e Investigadoras de Salud (RAIIS), “las naciones ricas, que concentran sólo el 14% de la población mundial, ya han pre-adquirido más de la mitad del primer suministro potencial de vacunas en el mundo y el 95% de las aplicaciones está concentrado en 10 países”.
A esta situación, se le suma otro componente: la confidencialidad de los contratos. “A los precios tan dispares entre vacunas, se suma la falta de transparencia con respecto al financiamiento gubernamental, la ausencia de publicación de los precios y el silencio relacionado con las negociaciones, que pone a los países con menos recursos y menor capacidad de negociación en una franca desventaja. Es el caso de Sudáfrica, cuyas autoridades denunciaron que estarían comprando la vacuna de AstraZeneca-Oxford al doble por dosis que los países europeos”, agrega el informe.
Darío Codner es el secretario de Innovación y Transferencia Tecnológica de la Universidad de Quilmes y experto en patentes, un tema estrechamente relacionado con la confidencialidad. “El sistema de patentes realmente funcionó para que las compañías puedan buscar proyectos sabiendo que lo que invierten en innovación lo van a tener asegurado después con un monopolio de explotación”, explica. Es decir, al patentar un producto, las compañías resguardan la información, “la receta” en términos sencillos, para desarrollarlo. La “transferencia de tecnología” es el proceso a través del cual otros pueden aprovechar/comprar esos conocimientos “secretos”.
Según Codner, el slogan que pide liberar las vacunas “puede ser bueno y necesario, pero no es suficiente”. “En los patentamientos se trata de proteger a los elementos principales de una invención y no necesariamente representan el todo que se necesitaría para hacer una vacuna. Entonces, primero, con la liberación tendrías un problema de información incompleta. Pero además, hay un ‘know
“EL COVID DUPLICÓ LA NECESIDAD DE VACUNAS A NIVEL MUNDIAL”, SOSTIENE FERNANDO LOBOS, DE SINERGIUM.
how’ que te debe ser transferido y, por último, necesitás la tecnología y un sistema productivo con capacidad de producción”, sostiene.
Por el momento los mayores laboratorios esquivan la posibilidad de abrir la información, tanto respecto a la formulación de sus productos como a su comercialización. En el documental del Financial Times, Anthony Mcdonnell, analista del Centro Para el Desarrollo Global, sostiene que el secretismo forma parte de una estrategia: “Las empresas quieren hacer que los países se enfrenten entre sí y, por lo tanto, no están muy incentivados para querer que estos contratos sean transparentes. Y los gobiernos democráticos, a menudo, no quieren que su público sepa que obtuvieron un mal trato o no quieren que los países rivales sepan que obtuvieron un buen trato. Por eso, no hay muchos incentivos para hacer público este asunto”, sostiene.
Su declaración encaja a la perfección con el debate, al parecer sin fin, sobre qué sucedió entre el Gobierno y Pfizer. El oficialismo sostiene que las condiciones del laboratorio son abusivas y la difusión del acuerdo entre Pfizer y Brasil lo confirma: el presidente Bolsonaro debió aceptar la jurisdicción internacional que exigía Pfizer, así como garantías soberanas. Lo que, hasta ahora, Alberto Fernández no aceptó.
En la oposición en cambio se cree que, en realidad, todo se frenó porque “los funcionarios argentinos exigían retornos”. Los más sensatos, en cambio, reconocen la voracidad del laboratorio, pero critican que en un momento de excepción como el actual no se haya privilegiado la urgencia de adquirir vacunas por sobre consideraciones jurídicas. Con la futura llegada de vacunas, sucede algo similar: a pesar de las celebraciones grandilocuentes cada vez que aterriza un avión con dosis, Argentina está lejos de alcanzar la inmunidad y nadie sabe cuándo sucederá. Y, a pesar de los esfuerzos por sumarse a la mesa de negociaciones global, éste no es un país que le preocupe a los grandes que cuentan ganancias de a miles de millones.