Boliviagate:
Alberto señala a Macri por su rol en la caída de Evo Morales, pero no mide con la misma vara otras violencias. Cuba, un caso testigo.
el doble estándar del Gobierno en su acusación a Macri por participar del golpe a Evo Morales. Represiones buenas y malas. Los documentos que comprometen a Bullrich.
Años atrás, Alberto Fernández manifestaba saber con exactitud lo que sucedía en Cuba. “Para un argentino que se ha criado en democracia y que la valora tanto, vivir allí no debe ser fácil”, declaraba en una entrevista radial en 2016. Pero algo cambió desde que asumió la Presidencia. Porque ahora, ante las revueltas sociales seguidas de represión que se están desatando en ese país, su idea se modificó: “Yo no sé lo que está pasando, pero terminemos con los bloqueos”, se excusó.
El rotundo cambio de opinión sobre la situación de Cuba no es una excepción en la vida del Presidente. También sucedió con Venezuela, por ejemplo, a la que antes se refería, sin remordimientos, como una dictadura. Ya no.
De hecho, el Gobierno tropieza al explicar su política internacional. El “doble estándar” con el que se maneja es difícil de sostener: en la semana en la que condenó a la gestión de Mauricio Macri por una presunta ayuda al golpe de Estado contra Evo Morales en Bolivia, que ya está siendo investigada por la Justicia de ambos países, Alberto Fernández evitó hablar de la situación de Cuba.
La contradicción se suma a una larga lista: amparados en la idea de no interferir en los asuntos internos de otros países latinoamericanos, en el Gabinete nadie se manifiesta contra la tiranía de los gobiernos de izquierda, como Venezuela o Nicaragua, pero no tienen inconvenientes en señalar y criticar las manifestaciones sociales contra las coaliciones de centroderecha, como las de Colombia y Chile. La política medida con doble vara.
AL ATAQUE. La denuncia realizada por el gobierno de Bolivia sobre el envío de “armamento bélico” por parte de la gestión de Macri para las fuerzas armadas del vecino país provocó una andanada de críticas y repercusiones en Argentina. En menos de 24 horas, cuando todavía la demanda estaba basada apenas en una carta cuya veracidad estaba en duda, Alberto Fernández no perdió el tiempo: envió una misiva admitiendo la existencia de “colaboración del gobierno” de su antecesor y pidiendo disculpas con “dolor y vergüenza”.
Macri siguió atento, desde Europa, el devenir de los acontecimientos, pero solo se defendió con un mensaje escrito en sus redes. Patricia Bullrich, entonces ministra de Seguridad, fue la que dio explicaciones de lo sucedido. Admitió el envío de armamento y gendarmes, pero lo justificó con la intención de resguardar la seguridad de la Embajada y la de los argenti
nos en Bolivia. El ex canciller Jorge Faurie fue más contundente: “Es una operación de prensa en el inicio de una campaña electoral en la que tienen que tapar otros problemas”, le dijo a NOTICIAS.
Desde la publicación del asunto por parte de Bolivia, el Gobierno fue juntando material al respecto que, dicen, probaría la connivencia de la gestión de Macri con las fuerzas armadas bolivianas. Esos documentos ya están siendo investigados por la Justicia.
El Boliviagate se convirtió en el escándalo internacional de la semana. Pero la contundencia del ataque, cuyos golpes se sintieron en la oposición, flaquea en otros aspectos de la política internacional. La rapidez para condenar lo sucedido en el vecino país no es la misma que para hablar de Cuba. “Los pueblos deben resolver la manera en la cual quieren vivir, sí tenemos que favorecer la paz de los mismos. No hay nada más inhumano en una pandemia que un bloqueo”, dijo Alberto Fernández, consultado por las manifestaciones que se repiten en La Habana. Y estalló la polémica.
No sólo la oposición salió al cruce. Incluso el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, aseguró que “es decepcionante la aparente ignorancia selectiva” de Alberto Fernández. Desde Washington, protestó ante un cronista de La Nación: “Está al tanto de las violaciones de derechos humanos en Chile y Colombia. Pero sorprendentemente, en el caso de Cuba, parecería que lo único que le importa es la política exterior de Estados Unidos,
el bloqueo”.
SILENCIO. Efectivamente, el Gobierno tuvo la misma vehemencia para sentenciar el Boliviagate que para criticar las revueltas sociales de Chile y Colombia. Allí no hubo contradicciones ideológicas que los hicieran tropezar en la búsqueda de argumentos.
De hecho, cuando apenas llevaba dos semanas en la Presidencia, Alberto comparó las situaciones de Chile y Venezuela, para justificar que se "habla menos" de las presuntas violaciones de los derechos humanos que se estaban realizando en el país trasandino. Eso le valió una reprimenda: el canciller Teodoro Ribera llamó a su par local, Felipe Solá, para expresarle su "sorpresa" por los dichos.
En mayo de este año, fue la cancillería de Colombia la que se manifestó en contra de las declaraciones del Presidente, quien había escrito en Twitter: “Con preocupación observo la represión desatada ante las protestas sociales ocurridas en Colombia”. Y completó: “Ruego porque el pueblo colombiano retome la paz social e insto a su gobierno a que, en resguardo de los derechos humanos, cese la singular violencia institucional que se ha ejercido”.
Esa firme decisión de Alberto Fernández para referirse a Colombia y Chile no es la misma que tiene frente a gobiernos cuya ideología se parece más a la del Frente de Todos. Con trabalenguas discursivos, evita ser tajante para no crear problemas internos. Y cuando conviene, aflora la decisión de “no inmiscuirse en asuntos internos de otros países”.
Pero Alberto no sólo se enfrenta a las presiones de la oposición, sino también a su propio archivo. En 2017, cuando todavía no se había reconciliado con CFK, condenaba al chavismo: “En Venezuela se ha quebrado la convivencia democrática y el gobierno ha cometido abusos imperdonables sobre los derechos humanos. El silencio es complicidad”, escribía en Twitter.
El sesgo ideológico también ha llevado a Argentina a no avalar la resolución de la Organización de Estados Americanos contra el gobierno sandinista de Nicaragua, firmada por 26 países de la región. Sólo México, Belice y Dominicana siguieron la misma línea. De esa manera, el país no condenó las violaciones a los derechos humanos, ni pidió por la liberación de los dirigentes opositores encarcelados. Para esta y otras decisiones por el estilo que aíslan al país, es clave el rol del representante ante la OEA, Carlos Raimundi, un militante chavista que, avalado por el kirchnerismo, condiciona la posición local ante los conflictos latinoamericanos. Una postura que incomoda incluso a los socios del Mercosur, los
principales aliados comerciales.
Pero los conflictos ideológicos no se representan solamente en Latinoamérica. Eso quedó en evidencia en mayo, cuando Argentina siguió la postura de Cuba, China, Rusia y Venezuela tras los ataques terroristas de Hamas a Israel en la Franja de Gaza. En un vuelco abrupto de su política exterior, el país se diferenció de Estados Unidos y Europa en el voto por crear una comisión investigadora de posibles violaciones de derechos humanos cometidas por Israel. El comunicado emitido por Cancillería, además, generó un revuelo en la región.
Alberto tropieza con sus argumentos y suele tomar distancia incluso de lo que pensaba años atrás para no seguir esmerilando su relación con el cristinismo. Es que son temas que mezclan incluso sentimientos: Florencia Kirchner vivió varios meses en Cuba y Cristina la acompañó durante gran parte de su estadía en la Isla. Atacar al régimen sería provocar a su vice.
El Presidente hace malabares con la política internacional. De acuerdo al color político, algunas revueltas sociales y represiones merecen rechazo, pero otras no. Sin incomodarse por el doble estándar.