Ser o no ser público:

Convertir la conexión a internet en un servicio esencial impone otras reglas al sector.

convertir la conexión a internet en un servicio esencial impone otras reglas al sector.

La

frase irrumpió en la presentación del plan Argentina Programa. El presidente, Alberto Fernández, hizo un anunció que impactó de lleno en el sector de las telecomunicaciones. “Es impensable vivir en un mundo donde la conectividad no llegue a todos. Se enojan porque digo que internet es un servicio público... ¡qué se enojen! Porque vamos a hacer de Internet un servicio público para que llegue a todos los argentinos y las argentinas y que no nos estafen ni nos roben con las tarifas”, aseguró.

“Lo primero que vino a la mente de muchos fue la pregunta ‘¿pero Internet no era ya un servicio público?’. Y la respuesta es ‘si’”, destaca el consultor Enrique Carrier. Los servicios TIC fueron declarados “servicio público en competencia” por la ley 27.078 (Argentina Digital) en su artículo 15, expresando claramente en el art. 48 que “los licenciatarios de Servicios de TIC fijarán sus precios”. “Esta declaración como servicio público en competencia fue ratificada el año pasado vía el DNU 690, aunque aquí hubo un pequeño (aunque significativo) cambio. En su artículo 2 explicita que los precios serán regulados por el ENACOM. Algo que hizo inmediatamente luego de entrar en vigor el DNU, estableciendo un congelamiento hasta el fin del 2020. Este artículo fue el que dio lugar a un “milagro”: por primera vez, toda la industria (grandes operadores internacionales y nacionales, PYMES y cooperativas) se unió detrás del mismo reclamo: la libertad de precios”, agrega Carrier.

MEMORIA. Para el experto, “difícilmente el Presidente haya olvidado el DNU que firmó un año atrás, aunque reflotar el tema como una novedad tampoco puede dejar de ser visto fuera del contexto de la actual campaña electoral de cara a las elecciones legislativas de noviembre próximo”. “Visto así, su declaración podría ser interpretada como un mensaje a la justicia, a la cual recurrieron muchos operadores (los más grandes y cientos de PYMES asociadas a ATVC) para obtener medidas cautelares que suspendieran la aplicación del DNU hasta tanto se resuelva la cuestión