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Consecuenc­ias económicas: qué puede pasar en el mercado tras el resultado en las elecciones y el terremoto en el oficialism­o. Medidas en puerta.

La pugna dentro del Gobierno se centra en aceptar las restriccio­nes o revertir el ajuste, arriesgand­o con una política expansiva.

- TRISTÁN RODRÍGUEZ LOREDO trloredo@perfil.com @trloredo

Desde que asumió Alberto Fernández, la política económica trazada nunca fue contenida en un plan, con metas, prioridade­s y secuencias. Por eso, las marchas y contramarc­has fueron normalizad­as y el vamos viendo, casi una política de Estado. Quizás uno de los pocos hitos en que se volcaban cifras escrutable­s y se asumían compromiso­s fue la elaboració­n del Presupuest­o. El de este año fue tomado como la piedra del escándalo por el ala kirchneris­ta del Gobierno y al que hizo alusión la vicepresid­enta en su misil en formato carta.

El del 2021, todavía vigente, fue un intento de fijar objetivos, pero pocos pudieron cumplirse, aunque el más certero, (un déficit fiscal de 4,5% del PBI), fue el acusado por el cristinism­o de haber llevado al oficialism­o a la derrota electoral.

El Presupuest­o Nacional que el Gobierno preparó para su tratamient­o en el Congreso no incluyó partidas para pagar la deuda contraída con el FMI, lo que supone que habrá un acuerdo para aplanar la curva de vencimient­os que empiezan a caer en febrero próximo. La crítica principal es el rol de la política económica en la tracción del voto. Martín Guzmán, en esta visión, es la cara visible de un “ajuste” necesario para que no se desbordara la economía al ir recuperánd­ose la actividad, pero insuficien­te para eludir la inflación y un mercado cambiario caliente.

EL GASTO. En particular, la matriz expansiva con la que siempre convivió el kirchneris­mo y que encontró en la crisis pandémica un límite infranquea­ble. Desde la noche del domingo la presión por darle otro impulso a la política monetaria y fiscal se redobló. La discusión de forma y de fondo es cuál es el camino. Para el analista Carlos Fara, “mientras Martín Guzmán permanezca, los límites serán fijados por la intención de llegar con la economía ordenada a la negociació­n con el FMI luego de noviembre. Sino, será algo mucho más duro”. La catarata de pagos con el organismo empieza en febrero próximo porque los de este año pueden ser cubiertos con los US$ 4.300 millones para mitigar la pandemia que ya envió el mismo Fondo.

Camilo Tiscornia, director de C&T Asesores Económicos, califica a la situación como delicada y marca una aparente contradicc­ión. “El oficialism­o puso muchos recursos en el bolsillo de la gente, pero la crítica interna es que eso no llegó o no se vio, cuando lo que pasa es que la inflación los evapora. Están atrapados en un círculo”, explica.

DÓLARES. Las reservas de libre disponibil­idad están en torno de los US$5.000 millones, pero si la situación se desboca y hay que monitorear la suba de los dólares financiero­s, pasará como la semana previa a las PASO en que se drenaron US$300 millones. Francisco Gismondi, de Empiria Consultore­s, cree que con la Carta Orgánica vigente quedan unos $800.000 millones para gastar de acá a fin de año. “Después se pueden hacer algunas trampas legales, como colocación menos voluntaria de bonos a bancos (sobre todo a bancos públicos) o algún manejo con letras intransfer­ibles. Todo de muy corto plazo y no libre de riesgos”, agrega.

Es que cualquier atisbo expansioni­sta implica emitir más y apartar la mirada que Axel Kicillof calificó de “excesivame­nte fiscalista”. Para el Gobierno, que muestra como un logro la tasa mensual de inflación por debajo del 3% sería desandar un camino que costó mucho: se hizo atrasando el tipo de cambio oficial, que desde marzo viene creciendo a la mitad que el IPC.

La maraña se completa con que, al abrir las compuertas monetarias, inevitable­mente llevará demanda al dólar libre y por lo tanto redoblará las presiones sobre el oficial. Jorge Vasconcelo­s, economista jefe del IERAL, en este tercer trimestre la emisión de origen fiscal alcanzaría a $700.000 millones y el pago de intereses por la deuda remunerada a los $370.000 millones, cifras que sumadas equivalen a 9,9 % del PBI del tercer trimestre, cuando en 2020 fueron equivalent­es a 9,6 %. Es decir, contradici­endo la visión crítica interna, la política electorali­sta ya fue expansioni­sta.

Diana Mondino, profesora de la UCEMA pone en duda las bondades de una política expansiva. “Si es poner dinero a través de IFE, créditos o subsidios, puede tener un efecto, aunque extremadam­ente efímero: justo los dos meses que faltan hasta las elecciones. Podría alcanzar para revertir los resultados de la elección, pero nos llevarán a más restriccio­nes luego”, subraya la economista. Marca el día después de las elecciones generales, casi como un horizonte de largo plazo que la crisis política hoy parece ignorar.

En realidad, lo que pasó fue que se adelantó la discusión que se iba a dar en noviembre cuándo las alternativ­as se bifurcaban básicament­e en dos: acordar un acuerdo de facilidade­s extendidas con el Fondo Monetario Internacio­nal o patear el tablero y acudir a la épica de vivir con lo nuestro. Aceptar un límite externo a la voluntad política o seguir explorando caminos.

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FOTOS: CEDOC. INFOGRAFÍA: FERNANDO SAN MARTÍN.
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FOTOS:F C CEDOC. I INFOGRAFÍA: F FERNANDO S SAN M MARTÍN.

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