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La Policía Federal monitoreó las llamadas de un periodista de esta revista en 2019.
En el marco de una causa judicial por un hackeo a la Policía Federal en 2019, durante el gobierno de Mauricio Macri, la Policía Federal utilizó los recursos de la investigación para monitorear las llamadas de este periodista de la revista
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El caso se conoció en Twitter como #LaGorraLeaks2.0, en el que un hacker había vulnerado la seguridad informática de la Policía y decidió publicar en internet los archivos que había conseguido. Este expediente activó una investigación de la fuerza, que pidió que se analizaran las llamadas entrantes y salientes, por un periodo de dos meses, de los teléfonos con los que el hacker había estado en contacto.
En el caso particular de la línea telefónica de este periodista, desde un primer momento los investigadores sabían que pertenecía a una empresa periodística y, además, al obtener copia de las conversaciones con el hacker, se entendía que se trataba de un trabajo periodístico. Desde esta revista se buscó entrevistar al hacker desde el primer momento de la filtración.
El hecho se conoció el 12 de agosto, el mismo día de las PASO de 2019. Tras contactarlo, el hacker agendó el teléfono de este periodista y lo guardó como “Peri”. A los pocos días, el hombre fue hackeado y se apoderaron de su mail, su cuenta de Twitter y su web. Toda esa información fue incorporada al expediente sin explicar demasiado su origen. ¿Por qué? Si la Policía hubiera hecho el hackeo, habría incurrido en un delito. La forma legal de obtener información en internet es que sea provista por las propias compañías.
El 5 de septiembre, el entonces subcomisario Carlos Alberto Aguirre, jefe a cargo de la División de Investigación de Delitos Tecnológicos, le pidió al juez federal Luis Rodríguez que solicite a la empresa Movistar los registros de llamadas entrantes y salientes del teléfono de este periodista desde el 10 de julio al 5 de septiembre del 2019. Allí se analizaron todas las comunicaciones con fuentes periodísticas, funcionarios, empresarios de medios, amigos y familiares.
PRESENTE. La causa todavía sigue abierta y en marzo de 2021, casi dos años después de que se inició el expediente, se le pidió apoyo a la unidad fiscal especializada en delitos informáticos, que en su informe hizo fuertes críticas a la investigación original. Por un lado, cuestionaron la desidia de los primeros 14 días del expediente, tiempo en el que no se tomó ninguna medida y se perdió tiempo valioso. También, en referencia al tratamiento que tuvo la Policía Federal con el influencer Javier Smaldone, se cuestionó la metodología de los agentes para llevar adelante la investigación. “Parecen ser propios de otras épocas”, escribió el fiscal Horacio Azzolín.