La ley es para los demás
Presos del pánico, los kirchneristas no saben qué hacer para escapar de la trampa que se han tendido. Sin dinero para comprar más voluntades y sin ideas sobre lo que podrían hacer para que los largos meses que según la Constitución les quedan en el gobierno no se llenen de despistes humillantes como el que acaba de protagonizar Alberto Fernández, algunos buscan refugio en el fanatismo insensato. Frente al desastre económico que han engendrado al rebelarse no sólo contra “la ortodoxia”, que según ellos es “neoliberal”, sino también contra la matemática, lo que hacen imprimiendo cantidades astronómicas de billetes coloridos que valen cada vez menos, no se les ocurre nada mejor que culpar a los jueces, comerciantes, empresarios y, huelga decirlo, a los malditos porteños, por la inflación, ya rayana en la hiperinflación, que ellos mismos están potenciando.
Fieles a la lógica así supuesta, hace poco más de una semana los kirchneristas se dieron el gusto de embestir contra la legalidad misma, para entonces replegarse afirmando que acatarían el fallo de la Corte Suprema que los obligaba a devolverle a la Ciudad de Buenos Aires lo que le habían quitado en 2020 para beneficiar a Axel Kiciloff, si bien lo harían entregándole bonos.
Parecería que los asustaba que a ojos del mundo la Argentina fuera tomada por “un país al margen de la ley”, para citar al recordado Carlos Nino que, poco antes de su muerte en 1993, escribió un libro así titulado. Por lo demás, Sergio Massa habrá advertido a sus socios en el gobierno que, en las circunstancias imperantes, sería suicida hacer del desprecio por la seguridad jurídica -una inmundicia, diría Axel- una política de Estado. Lo que más necesita la Argentina es convencer a los adinerados del resto del mundo, además de aquellos que aún quedan en el país, de que pueden confiar en la Justicia local porque hasta los políticos más escurridizos y arrogantes la respetan.
Como
suele ser el caso con los kirchneristas, en el fondo del problema está la escasez de recursos genuinos. A su entender, los disponibles deberían ir primero a quienes los merecen, comenzando con sus propios jefes y los militantes que los ayudan seguidos por su clientela electoral. Así pues, en 2020, cuando los hombres de la Bonaerense los amenazaban reclamando un aumento salarial, optaron por entregar a Kiciloff fondos de coparticipación que correspondían a aquel odioso feudo macrista, la Ciudad de Buenos Aires. Después de tomar su tiempo, la Corte Suprema falló en contra de la maniobra, lo que, como no pudo ser de otra manera, indignó enormemente a quienes se creen dueños exclusivos de la verdad.
Como aseveró Humpty Dumpty, el huevo parlante con el que Alicia se topó en el país de las maravillas, el significado de las palabras depende del jefe, de suerte que la Justicia es lo que dicen quienes tiene el poder. Basándose en este principio, Cristina y los suyos fantasean con reemplazar la vieja Justicia, que en su opinión está podrida de liberalismo burgués, por otra novedosa que, aseguran, sería auténticamente democrática, es decir, popular, porque les permitiría hacer todo cuanto se les antoje.
Es posible que, hace algunos años, la mayoría hubiera estado dispuesta a cohonestar las pretensiones en tal sentido de Cristina, Axel y, a veces, el profesor de Derecho Alberto, pero aquellos días han pasado. Para incredulidad de quienes aún se jactan de ser kirchneristas, todo hace pensar que el pueblo quiere depositarlos en el basural de la historia. Quienes exteriorizan mejor tal actitud son los integrantes del equipo que se alzó con el premio deportivo más codiciado de todos, la Copa del Mundo; al llegar al país, ningunearon olímpicamente al Gobierno nacional, negándose a hacer una visita ritual a la Casa Rosada. Para los kirchneristas, y también para muchos peronistas que los han apoyado por motivos pragmáticos, fue un golpe aún más doloroso que los asestados últimamente por la Corte Suprema, ya que les recordó que han perdido contacto con el sentir popular. Aunque
las argucias jurídicas que desplegaron aquellos kirchneristas airados que protestaban contra la decisión más reciente de la Corte Suprema carecieran de valor, no puede decirse lo mismo de la afirmación presidencial de que se trataba de un fallo “de imposible cumplimiento”. Sucede que, tal y como están las cosas, es tan grave la situación financiera que el dinero manejado por las distintas entidades gubernamentales, entre ellas la administrada por Horacio Rodríguez Larreta, se evapora con suma rapidez. De intensificarse mucho más el calor inflacionario, ningún funcionario dispondrá de suficiente como para cumplir con cualquiera de sus obligaciones.
Lo entienden muy bien los caciques piqueteros; están resueltos a impedir que el Gobierno los prive de la plata que se han acostumbrado a percibir a sabiendas de que muchos de los “planes” que defienden tienen los días contados. ¿Y entonces? Nadie sabe muy bien lo que sucederá cuando no haya más fondos para repartir entre los auténticamente necesitados y los muchos infiltrados que han logrado aprovechar el desorden que es típico de las instituciones creadas para ayudar a los pobres e indigentes. De más está decir que, por violento que fuera, un “estallido social” no serviría en absoluto para que los piqueteros profesionales y quienes dependen de ellos consigan más recursos genuinos; antes bien, haría todavía peor el desastre provocado por personajes que, para aferrarse a un relato fantasioso, han tenido que repudiar la realidad.
Puesto que el kirchnerismo no puede prosperar en una sociedad respetuosa de la ley, lo que sí presupondría cierto apego a la moderación, es sin duda natural que Alberto, instigado por Cristina y sus incondicionales, haya amagado con entrar en conflicto con el Poder Judicial, cuya función consiste en fijar límites a lo que pretenden hacer los gobernantes. No sólo se trata de la voluntad de la vicepresidenta de solucionar por decreto sus problemas con la Justicia sino también de la incompatibilidad con la democracia constitucional de un ideario confuso e innegablemente autoritario. La decisión inicial de Alberto, respaldado por una banda de gobernadores
provinciales de mentalidad similar, de rehusar acatar el fallo de la Corte Suprema, formalizó un choque de poderes que empezó cuando los Kirchner eligieron apropiarse de pedazos de los fondos públicos para financiar sus actividades y aumentar el patrimonio familiar, además de aquellos de sus cómplices y testaferros.
Aunque casi enseguida se dio cuenta de que había cometido un error muy grave y que le hubiera convenido mucho más fingir obedecer a la Corte pagando a cuentagotas lo debido a la Ciudad, justificando las demoras con alusiones frecuentes a su voluntad de dar prioridad a la lucha contra la inflación,
Alberto se dejó impresionar tanto por la vehemencia de gobernadores provinciales como del chaqueño
Jorge Capitanich que asumió una postura desafiante que pronto se sentiría constreñido a modificar.
Por desgracia, tuvieron que transcurrir un par de décadas antes de que los comprometidos con la legalidad, por fin liderados por los jueces del tribunal máximo del país, pudieran reaccionar de manera efectiva frente a los atropellos perpetrados por los kirchneristas. El que la contraofensiva que está cobrando fuerza haya coincidido con una crisis económica de apariencia terminal dista de ser una casualidad; sin el malestar ocasionado por las deprimentes consecuencias materiales de los intentos sumamente torpes de Cristina y sus adláteres por remodelar el país para que correspondiera al previsto por el relato que han confeccionado, nada de esto hubiera ocurrido. Miembros de la oposición querían que todos los involucrados en la por suerte muy breve rebelión contra la Constitución fueran sometidos a juicio político. Si bien siempre fue escasa la posibilidad de que prosperaran los intentos en tal sentido, resultaron ser lo bastante convincentes para que el Presidente optara por batirse en retirada. Así y todo, sorprendería que no hubiera kirchneristas que quisieran verse obligados a abandonar el Gobierno en medio de una crisis constitucional fenomenal, ya que en tal caso sus adversarios tendrían que encargarse de una economía rota que no está en condiciones de brindar a la población más de una fracción de lo que cree merecer.
Cristina está procurando desvincularse del gobierno del que es la jefa no meramente espiritual porque quiere encabezar una campaña furibunda contra el ajuste que sabe inevitable. Desde su punto de vista, sería muy bueno que el país sufriera una catástrofe socioeconómica. Cree que el grupo que lidera sería capaz de mantenerse a flote en una situación caótica en que se hundirían otros, dirigidos como estarían por personas más respetuosas de las normas democráticas como Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, Alfredo Cornejo, Mauricio Macri o incluso Javier Milei. Es posible que la señora se haya equivocado pero, dada la situación en que se encuentra, tiene motivos de sobra para entender que un período convulsivo le vendría muy bien, ya que para ella “la normalidad” significaría años entre rejas o, si tuviera suerte y la Justicia le per m it iera conservar “su lugar en el mundo”, de prisión domiciliaria en el sur de la Patagonia.