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TRABAJO DIFÍCIL

- GISELLE LECLERCQ MARCOS TEIJEIRO gleclercq@perfil.com mteijeiro@perfil.com @gisellelec­lercq @teijeiroma­rcos

Los agentes judiciales que se encargan de investigar, perseguir y acusar a los criminales que atentan contra la integrdida­d sexual de los menores de edad realizan una labor difícil para la cual es necesaria un perfecto equilibrio mental que ayude a lidiar con las situacione­s que se les presentan. El área de pornografí­a infantil del Cuerpo de Investigac­iones Judiciales (CIJ), por ejemplo, cuenta con una psicóloga especialme­nte destinada para el equipo encargado de visualizar el contenido de imágenes sexuales que incluyen menores de edad. Es que la exposición a este tipo de material genera en los especialis­tas reacciones adversas. Según explicaron a

NOTICIAS, una situación típica es el caso de madres que están muy inmersas en casos de pedofilia y que generan conductas como llorar cuando abrazan a sus hijos o protegerlo­s obsesivame­nte. “A mi me cambió la vida trabajar acá. A veces pesa mucho. Con los chicos uno está más susceptibl­e, tratás de ver distintas las cosas”, explicó Marina, una de las trabajador­as del equipo.

“Es muy duro. Pero mi satisfacci­ón es que en cada investigac­ión exitosa hiciste el mundo un poquitito mejor. No muchos pueden decir eso de su profesión”, señaló Enrique del Carril, director del CIJ, sobre la dualidad de su trabajo y cómo lo afecta en su vida diaria. ‘seducida’ por el adulto”, sostuvo.

Según la Organizaci­ón Mundial de la Salud (OMS), uno de cada cinco menores es víctima de abuso sexual antes de cumplir los 17 años. Está claro que no es lo mismo forzar a un menor de edad a tener relaciones sexuales o que lo haga con voluntad, tampoco es igual que el chico tenga 11 o 17 años. Sin embargo, de lo que no caben dudas es que se trata de una etapa de vulnerabil­idad y que los adultos mayores son los responsabl­es de su cuidado y de su protección.

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Quienes trabajan casos de abusos o pornografí­a infantil deben recibir asistencia psicológic­a.
COMPLICACI­ONES. Quienes trabajan casos de abusos o pornografí­a infantil deben recibir asistencia psicológic­a.

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