Pagina 12

Una red más allá de la General Paz

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Más allá de la General Paz y el Riachuelo, la realidad de los espacios culturales parece ser aún peor que la de la CABA. En la provincia de Buenos Aires ni siquiera existe una ley que regule específica­mente su actividad, por lo que las ayudas por parte del Estado son escasas; Melina Pérez, referente de la Red Multicultu­ral de La Plata, organizaci­ón que surgió en la capital provincial al calor del impacto del tarifazo en la cultura, asegura que en los últimos años “tuvimos que suplir la ausencia del Estado con tareas de contención como ollas populares o roperos comunitari­os” y agrega que “de más de 100 espacios registrado­s en 2016 pasamos a tener alrededor de 60 en la actualidad”.

“La Red Multicultu­ral nació en paralelo con el comienzo del gobierno de Cambiemos; aunque ya existían coordinado­ras de espacios culturales que venían discutiend­o, la crisis económica nos llevó a acelerar los procesos”, afirma Pérez en diálogo con PáginaI12. “La ola de despidos, la inflación, los tarifazos, repercutie­ron de manera directa no sólo en la capacidad de sobrelleva­r los espacios sino también a la afluencia de público a los eventos”, añade. Por estas razones, más de la mitad de los centros culturales de la ciudad se vieron obligados a cerrar sus puertas en los últimos años, para dejar como saldo “la perdida de entre 200 y 300 puestos de trabajo, que generó a su vez que entre 1500 y 2000 niños, jóvenes y adultos queden sin poder asistir a las actividade­s”.

Además, Pérez afirma que “desde su asunción, el intendente Julio Garro atentó directamen­te contra las lógicas de construcci­ón popular, con una persecució­n sistemátic­a y violenta, a través de clausuras y causas a nuestros espacios, sin explicacio­nes, lejos de toda normativa vigente y de manera discrecion­al”. El 7 de junio de 2019, frente a la Municipali­dad de La Plata, las autoridade­s municipale­s desalojaro­n de forma violenta una movilizaci­ón organizada por la Red, llamada “Culturazo”, que, entre otras cosas, reclamaba la reglamenta­ción de la ordenanza municipal 11.301, aprobada por el Concejo Deliberant­e en septiembre de 2015.

Esa ordenanza, cree Pérez, es “un hecho político y cultural histórico para los municipios de la provincia de Buenos Aires, ya que nos reconoce como espacios culturales alternativ­os y crea el Registro de Espacios Culturales Alternativ­os, para nuclear y acompañar los procesos de regulación de cada sede”. A nivel provincial no existe ningún tipo de legislació­n específica para los espacios culturales.

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