La Mesa de la queja
El campo, crítico con las medidas
El campo se sumó a los empresarios que rechazan las medidas cambiarias anunciadas por el Gobierno. La Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias (CEEA), que representa a productores que históricamente fomentaron las devaluaciones, emitió un comunicado aseguran que “insistimos en la necesidad de generar un horizonte de certidumbre para la inversión y la generación de empleo, por eso una vez más queremos advertir sobre las consecuencias negativas que las nuevas medidas dictadas por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) generaran sobre la producción agropecuaria y la economía argentina en general”.
La posición se da en un contexto donde una parte del establishment criticó las medidas y otros, las entidades pymes y sobre todo industriales, la elogiaron apoyados en poder garantizarse los dólares para insumos productivos. Las manifestaciones a favor surgieron de entidades con la Cgera y CGE.
“Como hemos dicho en varias oportunidades, la confianza y la previsibilidad son condiciones necesarias para la inversión, son la llave para la creación de empleo y la recuperación económica que requiere nuestro país, y más aún en este contexto particularmente difícil, agravado, además, por la pandemia y la consecuente crisis sanitaria”, expresó la Mesa, integrada por Sociedad Rural, Federación Agraria, Coninagro y Confederaciones Rurales.
El comunicado agregó además que “las medidas publicadas en el Boletín Oficial crean nuevas limitaciones que terminaran afectando los precios que reciben los productores agropecuarios, producciones regionales y pymes de todo el país, sumando nuevos riesgos a la operatoria, al limitar la posibilidad de poder contar con el financiamiento adecuado que se requieren para concretar las operaciones de comercio exterior, a través de la prefinanciación de exportaciones”.
Y completó agregando que “también alertamos sobre los aumentos de precios de los principales insumos estratégicos, a causa de los mayores costos asociados con las medidas que impulsa a los importadores a reestructurar las deudas comerciales con sus proveedores, a partir de la restricción en el acceso al dólar oficial para que las empresas puedan pagar sus deudas comerciales”.