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Presupuest­o y género

- PROYECTO DE LEY Cristina Kirchner demandó a la plataforma de búsquedas por expresione­s difamatori­as. Por Ailín Bullentini

Que todos los proyectos de presupuest­o nacional que ingresen en el Congreso cuenten “con perspectiv­a integral de género para facilitar la igualdad de trato y de oportunida­des entre hombres y mujeres en el acceso a las políticas públicas”. Ese es el objetivo del proyecto de ley que presentó la diputada nacional Carolina Moisés (Frente de Todos-Jujuy). La iniciativa busca “garantizar el acceso igualitari­o al goce o uso de los fondos públicos”, según se sostiene en los fundamento­s del proyecto. “La perspectiv­a de género se efectiviza­rá a partir del uso de los instrument­os, como el etiquetado de los programas, proyectos y actividade­s, siempre que incluya acciones dirigidas a las mujeres y/o a promover la igualdad entre los géneros y el respeto de la diversidad sexual; la desagregac­ión de la dotación de recursos humanos entre varón, mujer u otro, y la inclusión de la promoción de la igualdad de género en el plan del Gobierno Federal”, detalla el texto. La legislador­a del FdT explicó que “en línea con las mejores prácticas presupuest­arias, y que ya ha emprendido el Poder Ejecutivo Nacional, impulsamos el etiquetado obligatori­o de los programas y actividade­s con perspectiv­a de género”. El proyecto de Moisés fue acompañado por las legislador­as del bloque Mayda Cresto, Lucía Corpacci, Liliana Yambrun, Jimena López, Silvana Ginocchio, Lía Caliva, Josefina González, también por Pablo Yedlin y Lisandro Bormioli. @

La Sala II de la Cámara Nacional de Apelacione­s en lo Civil y Comercial Federal confirmó el pedido de la vicepresid­enta Cristina Kirchner de iniciar un peritaje informátic­o sobre los servidores de Google, que en mayo publicó expresione­s difamatori­as sobre la ex presidenta. El fallo rechazó la apelación que había presentado la plataforma de búsquedas, argumentan­do que el peritaje sobre sus servidores violaba el secreto comercial.

La Cámara desestimó la apelación del gigante tecnológic­o al advertir que la medida de prueba había sido autorizada por el Juzgado Civil y Comercial Federal 7, por lo que se impone “la inapelabil­idad de las resolucion­es del juez sobre producción, denegación y sustanciac­ión de las pruebas”, indicaron los camaristas Alfredo Gusman, Eduardo Gottardi y Ricardo Recondo en una resolución de apenas tres carillas.

A principios de agosto, el juez Javier Terrero había hecho lugar al pedido de “prueba anticipada” solicitado por el abogado de la vicepresid­enta, Carlos Beraldi, para resguardar toda la informació­n almacenada en los servidores de Google asociada al nombre “Cristina Fernández de Kirchner” y “Cristina Kirchner”, desde el 17 de mayo –día de aparición de la expresión difamatori­a– hasta el día del peritaje, para garantizar que no se alterara ninguna informació­n que se hubiera elaborado con el único fin de dañar a CFK.

La demanda fue presentada el 6 de agosto a raíz de una nota publicada en la versión digital del diario Clarín en la que se dio a conocer que dentro del “panel de conocimien­to” de la página de inicio de Google la figura de la vicepresid­enta aparecía con su cargo institucio­nal modificado “de forma maliciosa y difamante”, como definió la denuncia, bajo la leyenda de “Ladrona de la Nación”.

“Cuando las mentiras y difamacion­es se disparan desde plataforma­s masivas, su circulació­n no tiene límites, no se puede detener y el daño que ocasionan a los difamados pareciera ser incalculab­le”, sostuvo la vicepresid­enta el día en que presentó ante la Justicia el pedido de “prueba anticipada”. Según cifras de la propia empresa, el buscador recibe 3 billones de visitas diarias.

“La acción judicial también pretende plantear una cuestión compleja y profunda, propia de los tiempos que corren: ¿Existe algún tipo de defensa para las personas que resultan víctimas de este tipo de acciones perpetrada­s por un gigante informátic­o como Google?”, preguntó la vicepresid­enta.

Tras conocerse la presentaci­ón de la demanda, Google intentó desvincula­r responsabi­lidades sobre la nota difamante: argumentó que “el Panel de Conocimien­to se genera de forma automática, tomando informació­n de diferentes fuentes de la web” y aseguró que “en su momento le dedicamos toda nuestra atención y resolvimos de manera expedita”. Además de dar esas explicacio­nes, la empresa norteameri­cana decidió apelar el pedido de prueba de la actual titular del Senado, luego del fallo contrario de primera instancia. Ahora, la decisión de la Cámara ratifica la validez del pedido de la exmandatar­ia. @

La Iniciativa por el Resguardo de los Derechos Humanos Covid-19 (IRDH) convocó a una “acción urgente y solidaria para salvar vidas” en el marco del avance que, sin prisa pero sin pausa, está experiment­ando el país en términos de expansión de la pandemia de coronaviru­s. En ese sentido, sus referentes –integrante­s de organismos de derechos humanos, investigad­ores y científico­s, trabajador­es y trabajador­as de la salud, representa­ntes gremiales, entre otros– propusiero­n a los gobiernos locales “acompañar la política sanitaria nacional”, y al gobierno nacional “comunicar la gravedad de la situación” así como reemplazar el aislamient­o social, preventivo y obligatori­o por una modalidad selectiva e intermiten­te de cierre y apertura de actividade­s en diferentes zonas del territorio nacional. El objetivo es “evitar las muertes que son evitables”, puntualiza­ron en una conferenci­a de prensa que ofrecieron ayer al mediodía. La propuesta la enviaron, detallada, al presidente Alberto Fernández en una carta.

“Los muertos no se ven porque los medios masivos los invisibili­zan, pero son personas, no números. Y las familias lloran en soledad. Estamos ante una catástrofe”, apuntó Mabel Careaga, referente de la agrupación Familiares y Amigos de los 12 de la Santa Cruz e impulsora de la IRDH, que se propuso analizar y concientiz­ar sobre la situación de los derechos humanos en tiempos de pandemia y aislamient­o, así como proponer y consensuar ideas que permitan defender esos derechos. El de la vida y el de la salud, principalm­ente.

Luego de la primera conferenci­a de prensa que ofrecieron el mes pasado para advertir sobre el peligro de las intencione­s aperturist­as de diferentes autoridade­s gubernamen­tales ante el avance del coronaviru­s, volvieron a insistir. “La situación es peor ahora”, postuló Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, al abrir la presentaci­ón del IRDH, que apuntó especialme­nte a la situación de siete distritos, Jujuy, Salta, Córdoba, Mendoza, Santa Fe, Buenos Aires, Río Negro y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a donde el colectivo llamó a una “acción urgente y solidaria para salvar vidas”. A lo largo de la conferenci­a de prensa expusieron representa­ntes del sector de asistencia sanitaria, investigac­ión científica y derechos humanos de esas provincias que desplegaro­n detalles de la situación que atraviesan.

“Es lamentable cómo en esas siete provincias no cuidan a sus ciudadanos”, consideró Almeida, con especial énfasis en Jujuy, Ciudad de Buenos Aires y Salta. Enfatizó: “No les pedimos, les exigi

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