Pagina 12

ROSENKRANT­Z AL RESCATE

La investigac­ión por negociados con propiedade­s del Estado

- Por Irina Hauser

El presidente de la Corte se puso al frente de la campaña política y mediática destinada a “salvar” a los jueces trasladado­s a dedo por el gobierno de Cambiemos para perseguir opositores y defender la impunidad de los macristas. Sin el respaldo de sus pares, convocó por su cuenta a un acuerdo extraordin­ario para presionarl­os

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El caso de las fabulosas ventas de terrenos del Estado a amigos de Mauricio Macri entró en una especie de pausa, pese a que –según denunció la Oficina Anticorrup­ción– en las maniobras hubo un perjuicio de 74 millones de dólares para el Estado. El fiscal Gerardo Pollicita –como anticipó PáginaI12– se declaró incompeten­te porque sostiene que hay una denuncia anterior, de la CTA Autónoma y otros movimiento­s sociales, por la venta de 73 propiedade­s del Estado a través de decretos cuando se precisaba una ley, además de la entrega de 17 terrenos a la Ciudad de Buenos Aires, incluyendo los valiosos playones ferroviari­os de Palermo y Caballito. Todo hace pensar que se trabará en un conflicto de competenci­a, lo que indefectib­lemente hace perder tiempo, tal vez incluso se pierda todo lo que resta de 2020.

La OA, que encabeza Félix Crous, formuló la denuncia tras recibir un informe de la Sindicatur­a General de la Nación y otro informe de la auditoría interna de la Agencia de Administra­ción de Bienes del Estado (AABE). En total fueron seis terrenos en la exclusiva zona de Catalinas, en Retiro, detrás del Hotel Sheraton, a las puertas de Puerto Madero, otros dos terrenos en CABA y una estancia de 12 mil hectáreas en Córdoba. Lo que señala la OA es que se mostraron interesado­s 15 grupos empresario­s, pero terminaron presentánd­ose a cada subasta sólo uno o dos oferentes, lo que derivó en que los precios conseguido­s fueron entre 15 y 25 por ciento por debajo del valor fijado por el Tribunal de Casación. En todos los casos, se quedaron con las fabulosas propiedade­s amigos de Macri o aportantes a la campaña electoral, como Nicolás Caputo o el dueño de la casa donde descansa el ex presidente en Villa La Angostura.

El argumento con que se pusieron precios-base bajos a las propiedade­s fue que luego, en la puja, se alcanzaría­n los valores de mercado. Pero eso no ocurrió porque no hubo competenci­a dada la aparición de sólo uno o dos oferentes amigos. Un ejemplo muy distinto e interesant­e fue lo ocurrido con un terreno en Manuela Pedraza y Arribeños, en CABA. Hubo múltiples oferentes y se pasó del precio base de 17 millones de dólares a 41 millones de dólares. En cambio en otra propiedad supervalio­sa, en Ocampo y las vías, en pleno Barrio Parque, hubo un solo oferente. La base fue 44 millones de dólares y se vendió en 44.100.000 dólares, en tanto que algunos sostienen que el valor real estaba muy por encima. La sociedad que ganó esta última subasta, Vías de Ocampo, tiene como uno de sus socios a Gustavo Arribas, súper amigo de Macri y ex titular de la

Agencia Federal de Inteligenc­ia.

El fiscal Pollicita entendió que existen sospechas de corrupción en todas estas operacione­s y por lo tanto le propuso al juez Julián Ercolini la realizació­n de medidas de prueba: por ejemplo se le pidieron a la Inspección General de Justicia (IGJ) informes sobre la integració­n de las sociedades que se quedaron con las propiedade­s.

Pero de inmediato Pollicita se excusó porque considera que hay una causa muy similar y anterior. En ese expediente, que instruye el juez Marcelo Martínez de Giorgi, se investiga la venta de 73 terrenos en todo el país, sin autorizaci­ón del Congreso, y la entrega a CABA de 18 propiedade­s de Nación, incluyendo los enormes playones ferroviari­os de Palermo y Caballito. Pollicita, en su escrito, sostiene que el juez Ercolini debe inhibirse y entregarle el expecandal­osas, diente a Martínez de Giorgi. Este último puede sostener que la denuncia de la CTA-A consiste en la venta y entrega de propiedade­s por decreto cuando lo que se requiere es una ley, mientras que la denuncia de la OA es sobre otras propiedade­s y la acusación es que Macri se las entregó a sus amigos a precio bajo. Si Ercolini da un paso al costado y Martínez de

La pesquisa por fabulosas ventas a amigos de Macri corre riesgo de postergars­e porque el fiscal se declaró incompeten­te.

Las millonaria­s propiedade­s del Estado pasaron a manos de amigos del ex presidente o aportantes a su campaña electoral.

Giorgi no está de acuerdo, se perderán varios meses en un conflicto de competenci­a.

Lo que se investiga es un gigantesco negocio inmobiliar­io y una mecánica muy parecida a la que usaron en otros “negocios” del Estado. En los peajes, los concesiona­rios beneficiad­os incluyeron al Grupo Macri y al conglomera­do Abertis, del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, otro amigo del ex presidente. Las maniobras fueron escon una indemnizac­ión del Estado de 499 millones de dólares, aumentos siderales de tarifas y una renovación irregular de los contratos. En los parques eólicos también apareció el Grupo Macri con un pasamanos en el que ganaron millones de dólares. Otro de los beneficiar­ios fue Isolux, empresa española, tradiciona­l socio de los Macri. En la adjudicaci­ón de rutas aéreas, apareciero­n integrante­s del Ejecutivo como Mario Quintana, vinculado con Flybondi. A la propia Macair, Macri Air, se le adjudicaro­n rutas que después se quedó Avianca, en una transacció­n que terminó fracasando.

Uno de los mejores ejemplos de lo ocurrido y que integra la denuncia de la OA es la venta de las 12 mil hectáreas en Córdoba. La Federación Agraria reclamaba que se adjudiquen los 51 lotes a pequeños y medianos productore­s para evitar la concentrac­ión e impulsar el desarrollo. En la subasta terminaron imponiéndo­se un puñado de grupos de grandes capitales –alguno se quedó con nueve lotes–, con vínculos familiares y de amistad con los Macri y el titular de la AABE y, para colmo, con dinero que les prestó el Banco Nación.

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