Les niñes de la toma
desalojar sin antes resolver cuestiones específicas vinculadas con el derecho a la vivienda”, dijo Soares en una conferencia de prensa en el Obelisco, en un día clave en el desarrollo del conflicto.
En las tomas de la provincia se repiten los desalojos y la represión, con heridos y detenidos, y violaciones
al protocolo. Y no hay respuesta habitacional. El devenir de la de Guernica podría constituir una excepción. El juez había derivado el tema al fiscal Juan Condomí Alcorta. La resolución llegó después de una audiencia judicial que se realizó antes de ayer con participación del juez, la fiscalía,
La Gremial, el Cels, defensores oficiales y abogados de quien en el expediente aparece como principal damnificado. En esta instancia la provincia pidió la postergación, como los defensores. La Gremial lo solicitó luego por escrito. Ayer también presentó un escrito ante la Justicia el gobierno bonaerense.
Marisa Graham, defensora de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, postuló que debe aparecer “una medida alternativa” al desalojo, porque siempre es un hecho “violento” para niñas, niños y adolescentes, aún “sin exceso en el uso de la fuerza”. Organismos como la Defensoría y otros encargados de los derechos humanos pueden ser “veedores” del proceso, postuló. “Se requiere flexibilidad, cooperación y predisposición para encontrar una solución que no implique medidas coactivas ni de fuerza en detrimento de las y los niños que hoy viven allí”, planteó Graham, quien puso en primer plano “la pobreza y extrema vulnerabilidad” de los chicos de la toma.
“La situación en conflicto implica una tensión de derechos”, define el documento al que tuvo acceso PáginaI12. “El plazo estipulado resulta adecuado para la protección de los derechos y garantías de las personas que se encuentran en juego, por un lado los damnificados y por el otro, aquellas personas que se encuentran en especial situación de vulnerabilidad, niños, niñas, adolescentes, mujeres, mujeres trans-travestis, personas con discapacidad y adultos mayores”. El “norte” de la decisión es dar una “salida pacífica” y con respeto por los “derechos humanos”.
La resolución aclara que se extenderán medidas como la prohibición de ingreso de “nuevos ocupantes” y de materiales de construcción, mobiliarios y electrodomésticos. “La información recolectada les permitió planificar (a los ministerios) distintas líneas de intervención con las que se buscará el abandono voluntario, concluyendo que una prórroga como la solicitada permitirá llevar a cabo dicha tarea”, postula. La nueva fecha para la “efectivización del allanamiento para el lanzamiento masivo de los ocupantes” es el 1º de octubre, o “supletoriamente”, el 2 o el 5. La fuerza pública deberá utilizarse en caso de que “resulte indispensable” y “en la menor medida posible”.
“A criterio de los funcionarios y funcionarias del gobierno provincial que conformamos el dispositivo interministerial abocado al caso los diez días venideros son cruciales para lograr una desocupación pacífica”, planteaba el escrito con firma del ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, presentado ayer ante el Juzgado de Garantías número 8.
De acuerdo al censo del Ministerio, en la toma hay 2.344 casillas. 1.904 personas accedieron a registrarse y 604 familias manifestaron ser oriundas de Guernica, mientras que el resto llegó de distritos cercanos, la mayoría de Almirante Brown. “La información recolectada permitió planificar distintas líneas de intervención con las que se busca un desalojo voluntario y una prórroga permitirá llevar adelante esa tarea”, sugería el texto.