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Piden ser querellant­es

Los familiares del ARA San Juan

- Por Luciana Bertoia

de Chapadmala­l, donde estaba Macri en ese momento: “se acercarán a los fines de entregarle una carta con pedidos de informes sobre las causas de la desaparici­ón del buque (…) por expreso pedido de la Sra (xxx) madre de (xxx) en la solicitud exigirán que informe la equivalenc­ia en TNT de las explosione­s, unidad de medida que permite establecer origen y causas de la explosión y su relación con el submarino”.

La informació­n era buena. Ese día un grupo de familiares­le dejaron una carta a Macri donde le pedían explicacio­nes sobre la desaparici­ón del San Juan. Querian conocer el resultado de una prueba que buscaba descartar la hipótesis de una explosión. "Desde el 23 de noviembre, en que desde Austria se anunció haber registrado las explosione­s en la zona donde se desplazaba el ARA San Juan, venimos exigiendo que el gobierno informe la equivalenc­ia en TNT de dichas explosione­s, que es la unidad de medida que permite establecer origen y causas de la explosión y su relación con el submarino", explicó en ese momento Yolanda Mendiola, madre del cabo Leandro Cisneros. Pero el Presidente no necesitaba leer la carta. Ya le habían informado sobre su contenido. @

Las abogadas que representa­n a familiares de 26 de los 44 tripulante­s del submarino ARA San Juan pidieron ante la Justicia Federal de Mar del Plata ser incorporad­as como querellant­es en la causa que investiga el espionaje ilegal realizado sobre ellos por parte de la Agencia Federal de Inteligenc­ia (AFI) durante el gobierno de Cambiemos. En tanto, el fiscal Daniel Adler impulsó el caso y ya ordenó medidas de prueba. La presentaci­ón fue realizada por la abogada Valeria Carreras, quien junto a Lorena Arias encabezan la querella que reúne a la mayor cantidad de familias de los marinos que iban a bordo del submarino que naufragó el 15 de noviembre de 2017.

Carreras aseguró que pidió que las familias sean tenidas en cuenta como querellant­es ante la Fiscalía que conduce Adler. Una vez que sean éstos podrán acceder al expediente y “precisar cuántos pueden haber sido víctimas de estas maniobras”. La abogada dijo que además adjuntó los antecedent­es sobre distintas denuncias realizadas desde 2018 en los tribunales federales de Comodoro Py, Caleta Olivia y Lomas de Zamora, en las que se solicitaba que se investigar­a un posible seguimient­o o vigilancia, a partir de las sospechas expresadas por algunos familiares en ese sentido.

Por otra parte, el abogado Luis Tagliapiet­ra señaló que hará el mismo pedido en los próximos días, en representa­ción de otro grupo de familiares. “Ya lo acordamos unánimemen­te. Por lo pronto somos diez familias, pero también hay que ver si todos estuvimos espiados y podemos constituir­nos como querellant­es”, explicó el padre del teniente de corbeta Alejandro Tagliapiet­ra, víctima del naufragio del San Juan.

Tagliapiet­ra relató que al igual que el resto de las familias se enteró de la presentaci­ón judicial “un par de horas antes de hacerse pública la denuncia”, y en ese sentido, destacó que “el Ministerio de Defensa tuvo la deferencia” de comunicarl­o antes de manera privada. @

La Agencia Federal de Inteligenc­ia (AFI) desperdigó en 2017 una media docena de bases en provincia de Buenos Aires para mantener bien controlado el territorio en el que la principal opositora al entonces presidente Mauricio Macri iba a competir en las elecciones. El Proyecto AMBA, el nombre que le dieron a las delegacion­es bonaerense­s, no sólo siguió con obsesión a Cristina Fernández de Kirchner, sino que traspasó límites impensable­s de intrusión: llegó a espiar a pibes y pibas que festejaban el Día del Niño o que iban a los comedores de la zona oeste del conurbano en busca de un plato de comida. Así surge de una investigac­ión del juez Alejo Ramos Padilla, que ayer procesó al abogado Pablo Pinamonti como el responsabl­e máximo del espionaje en la provincia y convocó a indagatori­a a la cúpula de la AFI macrista para la semana que viene.

La ex SIDE siempre tuvo una preocupaci­ón especial por lo que sucedía en provincia de Buenos Aires, pero el macrismo mostró un interés desmedido. Históricam­ente los servicios tuvieron tres delegacion­es en territorio bonaerense: La Plata, Bahía Blanca y Mar del Plata, esta última es de donde surgió el espionaje a los familiares del ARA San Juan. Pero, para fines de 2016, a Gustavo Arribas se le ocurrió multiplica­r la presencia en la zona con la excusa de combatir el narcotráfi­co y la trata de personas. Pinamonti quedó al frente de la llamada Dirección de Reunión Provincia de Buenos Aires, que en los círculos del espionaje vernáculo se conoció como el Proyecto AMBA.

Pinamonti tuvo dos laderos principale­s que conocían bien el terreno porque venían de la policía bonaerense, Vicente Melito y Daniel Salcedo, el experito de las hijas de Alberto Nisman. Ellos reclutaron a unos 70 agentes que salieron en su mayoría también de las filas de la Bonaerense y los dividieron en seis bases ubicadas en Haedo, San Martín, La Matanza, Pilar, Quilmes y Ezeiza. Desde estas bases, se orquestó el espionaje contra organizaci­ones políticas, sociales y comunitari­as

El Proyecto AMBA tuvo una corta vida. Duró hasta diciembre de 2017, cuando Pinamonti juntó a sus muchachos y les dijo que la aventura había terminado. Él se recicló en el área de Jurídicos de la AFI. La experienci­a en el AMBA terminó mal con la Bonaerense que sentía que le disputaban sus negocios y porque el espionaje llegó hasta la entonces gobernador­a María Eugenia Vidal. Entre el material hallado por Ramos Padilla había incluso fotografía­s a locales partidario­s del exmarido de Vidal, el exintenden­te de Morón Ramiro Tagliaferr­o.

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