Un derecho originario que se sigue negando
En Bariloche, una sentencia judicial va en contra del reconocimiento del Estado a los derechos de una comunidad sobre sus tierras.
En Río Negro se presentó un primer relevamiento en 2015. “Pero quedó inconcluso”, explica Pilquiman. Dejó de hacerse en el macrismo.
Esta semana se reinició el Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas en Río Negro. Y se inició con conflicto: mientras el Estado nacional reconoce el derecho de ocupación de la comunidad Buenuleo, en Bariloche sobre un predio que ocupan desde el año 1880, el Tribunal de Impugnaciones de Bariloche, ordena el desalojo. Ejecutable en 90 días. Y llama a una mesa de diálogo entre la comunidad y los “supuestos propietarios” personificados en particulares que ostentan un título de propiedad. “Aunque no existe una inscripción de los mismos en el registro de la propiedad inmueble” advierte Magdalena Odarda, presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), el organismo que implementa este relevamiento.
Claramente la Resolución 90/2020 del INAI, publicada el 23 de septiembre en el Boletín Oficial reconoce “la ocupación actual, tradicional y pública de la Comunidad Lof Che Buenuleo, perteneciente al Pueblo Mapuche”. Se trata de un territorio que abarca 480 hectáreas dentro de la jurisdicción del Parque Nacional Nahuel Huapi. La resolución inaugura un nuevo período del Relevamiento Nacional de Tierras. Se basa en un informe técnico, jurídico y catastral, que se entrega a las comunidades. “Ellos pueden hacer uso de los datos, ya sea para litigar o para otros requerimientos”, explica Luis Pilquiman, vicepresidente del INAI.
El relevamiento se crea por ley –la 26.160, de 2006– cuando se declara la emergencia habitacional de las comunidades originarias. Se busca constatar cuáles son sus tierras, en línea con la Constitución de 19‘94 que reconoce la preexistencia de estos pueblos a la conformación del Estado, y ordena garantizarles la posesión de las tierras donde viven. “Así la ley dispone, ante la emergencia, suspender los desalojos y constatar las tierras que habitan” detalla la antropóloga Samanta Guiñazú, sobre las 1.724 comunidades registradas en el país.
En Río Negro se presentó un primer relevamiento en 2015. “Pero quedó inconcluso”, explica Pilquiman. Dejó de hacerse en el macrismo. “Esta semana se reinició con la presentación del informe de la comunidad Buenuleo”, indica. Pero hay diversos conflictos por la tierra, con otros que dicen ser los dueños y reclaman judicialmente. “No son situaciones nuevas, pero a veces trascienden por el nivel de agresiones. Aunque no cuando las agresiones las reciben las comunidades”, reflexiona Pilquiman. El funcionario señala que “el relevamiento es una herramienta que, por sí misma, no soluciona el problema. Pero es lo más respaldatorio que tenemos ante la escasez de papeles”. Se refiere a la falta de documentación que refleja la negación histórica por parte del Estado, propia del genocidio sobre los pueblos originarias.
El reconocimiento
Luego del genocidio, recién con la Constitución del ’94 se reconoció oficialmente a los pueblos indígenas. Y en 2006 se admite la necesidad de “dar respuesta a la situación de emergencia territorial, en consonancia con el Artículo 75, Inciso 17, de la Constitución Nacional”. Se ordenó suspender los desalojos en todo el país y realizar el relevamiento para conocer cada caso en particular. “Esto es importante porque la ley defiende la territorialidad y reconoce la ocupación. Pero no otorga propiedad”, explica Guiñazú, y analiza el procedimiento diseñado para relevar los datos catastrales, jurídicos y socioculturales.
“Entendemos que esta resolución va a tener mucha importancia para la comunidad, de ahora en más –sostiene Odarda–, porque les sirve para presentarse judicialmente y apelar a la sentencia, que será seguramente ante el Superior Tribunal de Justicia”. La información consolidada en el informe se había comenzado a trabajar antes de 2015, y se termino de definir en marzo de este año. “Luego vino la pandemia y recién ahora estamos retomando este trabajo”, explica la funcionaria. “La sentencia no fue una buena noticia para las comunidades, pero entiendo que van a seguir reclamando por esa tierra, para evitar el desalojo”, detalla.
En este contexto “el INAI busca aplicar los derechos de los pueblos indígenas –señala Pilquiman, pero elegimos, antes que reprimir, sentarnos a escuchar, y ver cómo se puede acompañar. Hay sectores molestos porque prefieren la represión, lo sabemos”, define. Y destaca como positivo el cambio de enfoque del Ministerio de Seguridad: “La ministra Sabina Frederic abre el dialogo, eso es saludable”, sostiene Pilquiman. Y al relevamiento se suman Seguridad, los ministerios de Justicia y de Ciencia y Técnica, con las universidades. “Para conocer el estado dominial de las tierras y la situación sociocultural de las comunidades”, puntualiza Guiñazú. Trabajan documentos y memorias comunitarias para suplir “la falta de papeles” propia de la invisibilización dada por el Estado al colectivo indígena, hasta 1994.
“La idea es presentar este relevamiento este año –explica Pilquiman– porque hasta 2015 había 150 casos en Río Negro, en condiciones de tener confirmación técnica”. Pero como lo territorial se debe resolver en territorio, todo se frenó por la pandemia. Ahora es posible retomarlos, contemplando también “el tiempo de la gente, que es comunitario y ancestral, no administrativo, son dos tipos de tiempos muy distintos” concluye Pilquiman.