Barroetaveña
tad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU) de la UBA a partir del cual, sostuvo, se planteó la normativa que se intenta aprobar. Y señaló que el proyecto lo que hace es recuperar “esas tierras que hoy no son de uso público porque fueron concesionadas por el expresidente Menem”.
Entre la primera y la última intervención de la legisladora oficialista llovieron las críticas al gobierno local.
El Frente de Todos dividió sus 20 minutos de intervención entre los legisladores Javier Andrade y Matías Barroetaveña. Andrade señaló la preocupación que generó el debate por la privatización de las tierras públicas de la costanera tanto en algunos medios como en las redes sociales y las organizaciones sociales. Y advirtió que el proyecto introduce la división parcelaria del sector Costa Salguero que en la ley vigente no esta permitida, lo que abre la puerta a futuros loteos en los otros cuatro sectores en que se divide el Distrito Joven.
En tanto, Barroetaveña remarcó que “detrás de la denominación amigable de ‘Distrito Joven’, se esconde el verdadero propósito que es construir torres de 30 metros frente a Aeroparque cuyo destino final será seguramente la explotación de alquileres
“El verdadero propósito es construir torres de 30 metros frente a Aeroparque, seguramente para alquileres temporarios”.
temporarios”. Y recordó, en base al informe que elaboró con su equipo, que “desde la llegada del gobierno del Pro, la Ciudad vendió alrededor de 150 hectáreas, lo que equivale a la superficie de un barrio como San Telmo. A esto hay que sumarle las 70 hectáreas de tierra nacionales en las ciudad que vendió Macri cuando fue presidente”. Y agregó que en un contexto donde hay un creciente déficit habitacional en la Ciudad y faltan espacios verdes, con esas tierras se “podrían haber desarrollado viviendas para 161.000 personas. O se podrían haber ampliado los espacios verdes en un 40 por ciento”.
A su vez, la legisladora de Autonomía y Libertad Marta Martínez tildó de “fraude” a los proyectos presentados y sostuvo que “visibilizan un nivel más en la profundización de la impunidad del oficialismo en relación al negocio inmobiliario a espaldas de la población. Que sean las empresas constructoras las que presionan para la privatización, para las concesiones, es algo que se conoce con solo ver la trayectoria en contra del espacio público de los sucesivos gobiernos del PRO. Pero que se hagan convenios donde las empresas ceden parcelas o se hacen espacios públicos a cambio de modificaciones en las normas
“Esta sesión posiblemente pase a la historia como la que entregó el acceso al río a un grupo de corporaciones inmobiliarias”. Solano
de construcción es una estafa completa a los derechos de la población de la Ciudad”.
La legisladora remarcó que la Legislatura termina legitimando estos procesos al darles el marco de “un convenio y el barniz social de espacio verde y las recaudaciones de fondos para las necesidades surgidas de la pandemia”, transaunque dijo a todos los legisladores que “esta sesión posiblemente pase a la historia como la que entregó el acceso al río a un grupo de corporaciones inmobiliarias. Van a estar en el libro negro de la Ciudad de Buenos Aires”, advirtió, “por haber hecho algo tan negativo como la entrega del Río de la Plata”.